Los maestros en paro tienen hasta el martes 1 de julio para regresar a las aulas, o podrían enfrentar consecuencias legales por desacato a una orden judicial.
Qué destacar. Así lo advirtió el procurador general de la nación, Julio Saavedra, quien señaló que, de no cumplirse el amparo que exige la reanudación de clases, solicitarán al juez de Trabajo que haga valer la resolución.
- El tribunal ya advirtió que, si no se justifica la suspensión de clases, se trasladarán las actuaciones al Ministerio Público para iniciar una investigación penal por desobediencia.
- Actualmente, el sector educativo se encuentra en receso por vacaciones, pero se espera que las clases se reanuden hoy, tras el asueto del lunes. El juez tiene la potestad de imponer medidas, incluso con el auxilio de la fuerza pública, para garantizar el cumplimiento del fallo.
- Saavedra enfatizó que en un Estado de Derecho no se puede permitir el desacato judicial. La decisión está ahora en manos del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que encabeza Joviel Acevedo.
En el radar. El Congreso ha intensificado la presión sobre el Organismo Ejecutivo para que agilice la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024), ante la evidente parálisis de proyectos en el país.
- El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, citó a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para el miércoles 2 de julio, luego de que estas no asistieran a la primera convocatoria.
- La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), creada para ejecutar esta ley, aún no puede operar por falta de fondos. Aunque Claudia Cáceres fue designada como gerente hace, la institución no cuenta con codificaciones presupuestarias ni recursos asignados.
- Hasta la semana anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas no había completado el proceso administrativo para transferir los fondos necesarios. Esta demora ha pospuesto las operaciones previstas para 2024 hasta el próximo año. El responsable directo es el ministro Jonathan Menkos.
Ecos regionales. Al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le restan cuatro años de mandato —1 de julio—, pero su primer año ha estado marcado por fuertes tensiones.
Enfrenta roces con EE. UU. por el Canal de Panamá, una drástica caída del flujo migratorio tras el cierre del Darién, protestas violentas por la reforma a la Seguridad Social y una crisis en Bocas del Toro. Además, su distanciamiento con Ricardo Martinelli, su aliado político, ha debilitado su apoyo de base.
El gobierno de Nayib Bukele ha sembrado temor entre activistas, como Ingrid Escobar, quien abandonó El Salvador tras conocer sobre una posible captura en su contra. Su salida se suma a recientes detenciones de defensores de derechos humanos.
Honduras avanza hacia las elecciones generales del 30 de noviembre; en julio se adjudicará el sistema de transmisión de resultados y cerrará el plazo para reclamos al censo electoral. También se definirá el uso de centros educativos y se resolverán recursos sobre candidaturas independientes.
Los maestros en paro tienen hasta el martes 1 de julio para regresar a las aulas, o podrían enfrentar consecuencias legales por desacato a una orden judicial.
Qué destacar. Así lo advirtió el procurador general de la nación, Julio Saavedra, quien señaló que, de no cumplirse el amparo que exige la reanudación de clases, solicitarán al juez de Trabajo que haga valer la resolución.
- El tribunal ya advirtió que, si no se justifica la suspensión de clases, se trasladarán las actuaciones al Ministerio Público para iniciar una investigación penal por desobediencia.
- Actualmente, el sector educativo se encuentra en receso por vacaciones, pero se espera que las clases se reanuden hoy, tras el asueto del lunes. El juez tiene la potestad de imponer medidas, incluso con el auxilio de la fuerza pública, para garantizar el cumplimiento del fallo.
- Saavedra enfatizó que en un Estado de Derecho no se puede permitir el desacato judicial. La decisión está ahora en manos del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que encabeza Joviel Acevedo.
En el radar. El Congreso ha intensificado la presión sobre el Organismo Ejecutivo para que agilice la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (Decreto 29-2024), ante la evidente parálisis de proyectos en el país.
- El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, citó a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones para el miércoles 2 de julio, luego de que estas no asistieran a la primera convocatoria.
- La Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), creada para ejecutar esta ley, aún no puede operar por falta de fondos. Aunque Claudia Cáceres fue designada como gerente hace, la institución no cuenta con codificaciones presupuestarias ni recursos asignados.
- Hasta la semana anterior, el Ministerio de Finanzas Públicas no había completado el proceso administrativo para transferir los fondos necesarios. Esta demora ha pospuesto las operaciones previstas para 2024 hasta el próximo año. El responsable directo es el ministro Jonathan Menkos.
Ecos regionales. Al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, le restan cuatro años de mandato —1 de julio—, pero su primer año ha estado marcado por fuertes tensiones.
Enfrenta roces con EE. UU. por el Canal de Panamá, una drástica caída del flujo migratorio tras el cierre del Darién, protestas violentas por la reforma a la Seguridad Social y una crisis en Bocas del Toro. Además, su distanciamiento con Ricardo Martinelli, su aliado político, ha debilitado su apoyo de base.
El gobierno de Nayib Bukele ha sembrado temor entre activistas, como Ingrid Escobar, quien abandonó El Salvador tras conocer sobre una posible captura en su contra. Su salida se suma a recientes detenciones de defensores de derechos humanos.
Honduras avanza hacia las elecciones generales del 30 de noviembre; en julio se adjudicará el sistema de transmisión de resultados y cerrará el plazo para reclamos al censo electoral. También se definirá el uso de centros educativos y se resolverán recursos sobre candidaturas independientes.