EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los bloqueos de rutas y calles son una práctica tan arraigada como dañina. Durante décadas ya, diversos grupos —sindicatos, campesinos, estudiantes o activistas— han recurrido a esta ilegal táctica extorsiva para presionar al Gobierno de turno, exigiendo cualquier cosa que les venga en gana.
Sin embargo, el costo real no lo paga la clase política, sino los ciudadanos trabajadores: enfermos en ambulancia, transportistas varados, comerciantes que pierden ventas, estudiantes que no llegan a clases, y familias que ven interrumpida su rutina. Esto, lejos de ser una solución, se ha convertido en recurso del egoísmo colectivo, donde las demandas de unos pocos aplastan los derechos fundamentales de la mayoría.
En el más abierto cinismo, el Movimiento Semilla, durante la transición tras la segunda vuelta en 2023 —cuando aún no asumían el poder— no solo toleraron, sino que alentaron y participaron en los bloqueos. En ese entonces, las manifestaciones eran presentadas por ellos como un ejercicio legítimo de resistencia contra un sistema corrupto y en “defensa de la democracia”.
Las carreteras bloqueadas y los cientos de millones en pérdidas fueron aplaudidos como un clamor popular que respaldaba su causa. Semilla se benefició de esa presión social, que les ayudó a consolidar su narrativa de lucha contra el establishment.
Hoy, ya en el poder, sentados en sus poltronas, el discurso ha dado un giro de 180 grados. Esos mismos grupos — como los 48 Cantones de Totonicapán y los vecinos de la colonia Bethania— que en 2023 fueron aliados en las barricadas, ahora son tildados como desestabilizadores. Los bloqueos, que antes eran una herramienta de “justicia”, ahora son, según el oficialismo, en intentos de socavar la gobernabilidad. Esta doble moral es tan evidente como cansina; repiten, cual loros, lo que gobiernos antes que ellos, decían.
El Gobierno (Semilla) parece haber olvidado que el caos vial y las pérdidas económicas que hoy critican son las mismas que ayer promovieron. La ciudadanía, atrapada en el medio, sigue siendo la gran perdedora, mientras los políticos ajustan su retórica según les convenga.
Es hora de que en Guatemala se erradique esa práctica extorsiva. Los bloqueos no resuelven problemas; los agravan. El Gobierno debe aplicar la ley con firmeza para garantizar la libre locomoción, tal como está garantizada en la Constitución.
Si se es coherente —los políticos rara vez lo son—, no pueden aplaudir las protestas cuando le favorecen y condenarlas cuando les incomodan. La verdadera estabilidad no se construye con hipocresía, sino con principios firmes que respeten a todos los guatemaltecos, no solo a los que gritan más fuerte.
Los bloqueos de rutas y calles son una práctica tan arraigada como dañina. Durante décadas ya, diversos grupos —sindicatos, campesinos, estudiantes o activistas— han recurrido a esta ilegal táctica extorsiva para presionar al Gobierno de turno, exigiendo cualquier cosa que les venga en gana.
Sin embargo, el costo real no lo paga la clase política, sino los ciudadanos trabajadores: enfermos en ambulancia, transportistas varados, comerciantes que pierden ventas, estudiantes que no llegan a clases, y familias que ven interrumpida su rutina. Esto, lejos de ser una solución, se ha convertido en recurso del egoísmo colectivo, donde las demandas de unos pocos aplastan los derechos fundamentales de la mayoría.
En el más abierto cinismo, el Movimiento Semilla, durante la transición tras la segunda vuelta en 2023 —cuando aún no asumían el poder— no solo toleraron, sino que alentaron y participaron en los bloqueos. En ese entonces, las manifestaciones eran presentadas por ellos como un ejercicio legítimo de resistencia contra un sistema corrupto y en “defensa de la democracia”.
Las carreteras bloqueadas y los cientos de millones en pérdidas fueron aplaudidos como un clamor popular que respaldaba su causa. Semilla se benefició de esa presión social, que les ayudó a consolidar su narrativa de lucha contra el establishment.
Hoy, ya en el poder, sentados en sus poltronas, el discurso ha dado un giro de 180 grados. Esos mismos grupos — como los 48 Cantones de Totonicapán y los vecinos de la colonia Bethania— que en 2023 fueron aliados en las barricadas, ahora son tildados como desestabilizadores. Los bloqueos, que antes eran una herramienta de “justicia”, ahora son, según el oficialismo, en intentos de socavar la gobernabilidad. Esta doble moral es tan evidente como cansina; repiten, cual loros, lo que gobiernos antes que ellos, decían.
El Gobierno (Semilla) parece haber olvidado que el caos vial y las pérdidas económicas que hoy critican son las mismas que ayer promovieron. La ciudadanía, atrapada en el medio, sigue siendo la gran perdedora, mientras los políticos ajustan su retórica según les convenga.
Es hora de que en Guatemala se erradique esa práctica extorsiva. Los bloqueos no resuelven problemas; los agravan. El Gobierno debe aplicar la ley con firmeza para garantizar la libre locomoción, tal como está garantizada en la Constitución.
Si se es coherente —los políticos rara vez lo son—, no pueden aplaudir las protestas cuando le favorecen y condenarlas cuando les incomodan. La verdadera estabilidad no se construye con hipocresía, sino con principios firmes que respeten a todos los guatemaltecos, no solo a los que gritan más fuerte.
