EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio de Gobernación vuelve a anunciar la implementación de un sistema de bloqueo de señal telefónica en las cárceles, una medida que ha sido planteada por administraciones anteriores desde hace más de 25 años, sin que hasta ahora se haya concretado.
En la conferencia semanal del Ejecutivo, el nuevo director del Sistema Penitenciario, Ludin Astolfo Godínez —lleva cuatro días en el cargo— reiteró que es para evitar la coordinación de actividades delictivas desde los centros penitenciarios. Sin embargo, la pregunta central sigue siendo: ¿qué hay de nuevo en esta propuesta?, ¿por qué esta vez sí funcionaría?
Desde el gobierno de Óscar Berger o, más reciente, el de Jimmy Morales, distintas administraciones han asegurado que el bloqueo de señal sería una realidad, pero nunca se logró implementar. El problema no radica únicamente en la intención, sino en la viabilidad técnica y financiera de la medida.
Históricamente, el Estado ha enfrentado obstáculos como la falta de presupuesto, y algo básico, la incapacidad de garantizar el suministro eléctrico necesario para operar los bloqueadores y la corrupción interna que facilita el ingreso de celulares a las cárceles. Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado cómo planea sortear estas limitaciones.
Godínez enfatizó que los cambios en el sistema penitenciario no pueden seguir ignorándose. Y destacó tres ejes en su plan de trabajo: control interno, infraestructura y reinserción. Vale reiterar que ninguna de esas acciones es novedosa. Todos prometen y nadie cumple.
Regresando a los bloqueadores de señal, el costo ha sido un impedimento en el pasado. Se sabe que en intentos anteriores, el gasto en infraestructura eléctrica necesaria para mantener los sistemas activos alcanzaba cifras difíciles de cubrir con en el presupuesto penitenciario. A esto hay que agregar falta de controles, que permiten que los reos usen teléfonos dentro de la prisión; claro, al pagar una cuota a las autoridades de las cárceles.
Si el Gobierno pretende que esta vez la medida funcione, debe explicar cómo piensa superar estos obstáculos históricos. ¿Existen acuerdos con empresas de telecomunicaciones para sostener la inversión? ¿Se contempla una reforma estructural para garantizar la sostenibilidad del bloqueo? Hasta ahora, la iniciativa parece seguir la misma ruta que fracasó en administraciones pasadas. Sin claridad sobre el financiamiento y, mientras siga la corrupción, los planes de Godínez quedan en eso.
Agenda presidencial
- 3 de junio: Viaje oficial a Asia
El presidente inicia una gira internacional que incluye visitas a Taiwán y posteriormente a Japón, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral, atraer inversión extranjera y consolidar relaciones diplomáticas y comerciales.
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Desde el gobierno de Óscar Berger o, más reciente, el de Jimmy Morales, distintas administraciones han asegurado que el bloqueo de señal sería una realidad, pero nunca se logró implementar. El problema no radica únicamente en la intención, sino en la viabilidad técnica y financiera de la medida.
Históricamente, el Estado ha enfrentado obstáculos como la falta de presupuesto, y algo básico, la incapacidad de garantizar el suministro eléctrico necesario para operar los bloqueadores y la corrupción interna que facilita el ingreso de celulares a las cárceles. Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado cómo planea sortear estas limitaciones.
Godínez enfatizó que los cambios en el sistema penitenciario no pueden seguir ignorándose. Y destacó tres ejes en su plan de trabajo: control interno, infraestructura y reinserción. Vale reiterar que ninguna de esas acciones es novedosa. Todos prometen y nadie cumple.
Regresando a los bloqueadores de señal, el costo ha sido un impedimento en el pasado. Se sabe que en intentos anteriores, el gasto en infraestructura eléctrica necesaria para mantener los sistemas activos alcanzaba cifras difíciles de cubrir con en el presupuesto penitenciario. A esto hay que agregar falta de controles, que permiten que los reos usen teléfonos dentro de la prisión; claro, al pagar una cuota a las autoridades de las cárceles.
Si el Gobierno pretende que esta vez la medida funcione, debe explicar cómo piensa superar estos obstáculos históricos. ¿Existen acuerdos con empresas de telecomunicaciones para sostener la inversión? ¿Se contempla una reforma estructural para garantizar la sostenibilidad del bloqueo? Hasta ahora, la iniciativa parece seguir la misma ruta que fracasó en administraciones pasadas. Sin claridad sobre el financiamiento y, mientras siga la corrupción, los planes de Godínez quedan en eso.
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