Negociaciones del pacto colectivo avanzan sin esperanza de transparencia

La opacidad prevalece luego de seis meses en la mesa de negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre las autoridades del Ministerio de Educación (MINEDUC) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

En perspectiva. El sindicato se aferra a la confidencialidad con la excusa “de evitar opiniones de terceras personas que perjudique (sic) la negociación, que el proceso se politice o mediatice”.   

• Mientras, el MINEDUC, sigue con la esperanza que Joviel Acevedo desista. En abril, presentaron un oficio instándolos a retirar la solicitud de reserva del borrador; nunca hubo respuesta.
• Durante ese periodo, organizaciones de la sociedad civil han solicitado e insistido que se elimine el candado a la confidencialidad, por estar en riesgo la calidad educativa, la profesionalización de los docentes y el presupuesto de la cartera.
• Presentaron acciones, amparos y consultas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y en el mismo Ministerio de Educación, porque consideran que se viola el acceso a la información pública.   

Qué destacar. La escasa información que se tiene de la negociación apunta a unas 35 reuniones; aún no hay acuerdos. Entre los temas que se han analizado –privilegios, todos– están las licencias por tiempo indefinido en casos específicos y la ampliación de permisos con goce de salario, indicaron las fuentes consultadas.   

• Añadieron que los aspectos pendientes en estudiar son aumento salarial, conflictos laborales, medidas disciplinarias, bonificaciones, más días de descansos, prestaciones, entre otros.
• La única información que ha confirmado el MINEDUC es la designación de Francisco Cabrera –viceministro Técnico– para integrar la mesa de negociación del Pacto Colectivo y la petición al STEG para que desista de la confidencialidad.
• “Todas las acciones están centradas en el bienestar de los estudiantes, para ello creemos en mejorar las condiciones laborales de los maestros. Eso no significa entregar el control del MINEDUC a intereses particulares”, dijo Anabella Giracca, titular de la cartera.   

Voces. Expertos del CIEN y del Movimiento Cívico Nacional (MCN) coincidieron que la cartera tiene la obligación –la potestad, y la obligación– de hacer público todo el proceso por mandato constitucional. Citaron el artículo 30: “Todos los actos de la administración son públicos”.   

• Agregaron que las acciones del MINEDUC son el reflejo de la falta de voluntad para cumplir con las normas legales. Pero también muestran el poco compromiso con la transparencia que el gobierno de Bernardo Arévalo aseguró como prioridad desde la campaña.
• “Las negociaciones del Pacto Colectivo son actos administrativos por ser acuerdos entre patronos y empleados. No hay datos particulares que pongan en riesgo a nadie, lo que se estudia son condiciones laborales. El artículo 30 de la Constitución le ordena al MINEDUC hacer público todos los actos de la administración. No hay ambigüedad”, dijo Pablo Guerra de MCN.
• Julio Roberto Saavedra de la Procuraduría General de la Nación (PGN) explico que, si el Estado recibe un borrador bajo esa garantía, el Estado no lo puede compartir. No obstante, aseguró que el proceso de negociación, que deben constar en actas, es totalmente público. El MINEDUC no lo ha hecho público. 

Hemeroteca. El 8 de enero, el sindicato entregó el borrador del nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo a la ex ministra de Educación Claudia Ruiz. “...se pide la reserva de garantía de confidencialidad...”, detalla el oficio.   

• En febrero, MCN solicitó el borrador de la propuesta del pacto colectivo; sin embargo, El MINEDUC argumentó no poder entregarlo por la confidencialidad.
• En mayo, presentaron un amparo en CSJ contra la ministra Giracca, por considerar que se ha negado el acceso a la información. La CSJ aún no conoce la acción.  Se presume que el atraso en la CSJ podría estar relacionado con las Comisiones de Postulación para la elección de Cortes.
• Ese mismo mes los maestros manifestaron convocados por Acevedo. Algunos docentes se negaron a participar en la movilización.

En conclusión. Educación debe analizar el artículo 30 de la Constitución para tener claridad que “todos los actos administrativos son públicos”, aseguraron los entrevistados.   

• Hay que recordar que una de las prioridades del Gobierno de Arévalo es la transparencia. De omitir el tema se contradice y caen en las famosas promesas de campaña.
• Urge que los magistrados conozcan y resuelvan las acciones antes que se concreten las negociaciones. “Todo apegado a derecho”, coincidieron.
• El riesgo es que sigan los privilegios para determinados maestros, incrementos salariales que desajusten el presupuesto y que se descuide la calidad educativa.