EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida el 17 de junio por el Juzgado Segundo Penal, que dictó sobreseimiento a favor de siete personas implicadas en el caso conocido como ASODEFIR.
Qué destacar. La Fiscalía busca revertir esta decisión judicial que, a su juicio, podría afectar el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia.
- La resolución apelada cerró el proceso penal para varios de los sindicados, al considerar que no existían elementos suficientes para enviarlos a juicio.
- Sin embargo, la FECI sostiene que aún existen indicios relevantes que deben ser valorados por un tribunal competente.
- Además, que el sobreseimiento prematuro podría dejar impunes hechos que involucran posibles actos de corrupción y lavado de dinero.
Fisgón histórico. El caso ASODEFIR se remonta a una denuncia presentada el 2 de agosto de 2019 por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).
- Esta entidad detectó posibles irregularidades en el uso de fondos donados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (ASODEFIR).
- Según la FECI, USAID otorgó un aporte de GTQ1.7M (aproximadamente USD 216 000) a la entidad con el objetivo de apoyar a comunidades rurales. Sin embargo, parte de esos fondos habrían sido utilizados como capital semilla para adquirir más de 17 mil acciones de un banco, realizar préstamos, sobregiros y otras operaciones financieras sospechosas.
- La investigación reveló que los recursos destinados al desarrollo comunitario podrían haber sido desviados para fines personales o financieros no autorizados, lo que motivó la apertura de un proceso penal por posibles delitos de lavado de dinero y corrupción.
Datos. El 12 de mayo de 2022, la FECI y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron 27 allanamientos en seis departamentos del país, con el objetivo de ejecutar 13 órdenes de captura contra exdirectivos de ASODEFIR.
- Entre los señalados se encuentran Eluvia Rutilia Roquel Sitavi, Carmen Rosa de León Escribano Schlotter, Benjamín Son Turnil, Leonardo Otoniel Delgado Méndez, César Abraham Tocón Vásquez, Julio César Recinos Salas, y otros.
- La Fiscalía argumentó que, pese a la complejidad del caso y la naturaleza financiera de los delitos, se han recabado suficientes elementos para sustentar la acusación. Por ello, considera que el sobreseimiento dictado por el juzgado no solo es prematuro, sino que podría comprometer la integridad del proceso judicial.
- En un comunicado oficial, el MP afirmó que la apelación presentada busca “defender los intereses del Estado de Guatemala y garantizar que los responsables de posibles actos ilícitos rindan cuentas ante la ley”. La institución reiteró su compromiso con la lucha contra la impunidad y la transparencia en el manejo de fondos públicos y de cooperación internacional.
Lo que sigue. El recurso de apelación será conocido por una sala de apelaciones penal, que deberá analizar si la resolución del Juzgado Segundo Penal se ajusta a derecho o si existen fundamentos para revocar el sobreseimiento y permitir que el caso avance hacia la etapa de juicio.
- Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales han manifestado su interés en el desarrollo del caso, dado que involucra fondos de cooperación internacional y posibles redes de corrupción en el manejo de recursos destinados al desarrollo rural.
- El caso ASODEFIR se perfila como una prueba clave para el sistema de justicia guatemalteco, en un contexto donde la lucha contra la impunidad sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas.
El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), presentó un recurso de apelación contra la resolución emitida el 17 de junio por el Juzgado Segundo Penal, que dictó sobreseimiento a favor de siete personas implicadas en el caso conocido como ASODEFIR.
Qué destacar. La Fiscalía busca revertir esta decisión judicial que, a su juicio, podría afectar el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia.
- La resolución apelada cerró el proceso penal para varios de los sindicados, al considerar que no existían elementos suficientes para enviarlos a juicio.
- Sin embargo, la FECI sostiene que aún existen indicios relevantes que deben ser valorados por un tribunal competente.
- Además, que el sobreseimiento prematuro podría dejar impunes hechos que involucran posibles actos de corrupción y lavado de dinero.
Fisgón histórico. El caso ASODEFIR se remonta a una denuncia presentada el 2 de agosto de 2019 por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).
- Esta entidad detectó posibles irregularidades en el uso de fondos donados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a la Asociación para el Desarrollo de las Finanzas Rurales (ASODEFIR).
- Según la FECI, USAID otorgó un aporte de GTQ1.7M (aproximadamente USD 216 000) a la entidad con el objetivo de apoyar a comunidades rurales. Sin embargo, parte de esos fondos habrían sido utilizados como capital semilla para adquirir más de 17 mil acciones de un banco, realizar préstamos, sobregiros y otras operaciones financieras sospechosas.
- La investigación reveló que los recursos destinados al desarrollo comunitario podrían haber sido desviados para fines personales o financieros no autorizados, lo que motivó la apertura de un proceso penal por posibles delitos de lavado de dinero y corrupción.
Datos. El 12 de mayo de 2022, la FECI y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron 27 allanamientos en seis departamentos del país, con el objetivo de ejecutar 13 órdenes de captura contra exdirectivos de ASODEFIR.
- Entre los señalados se encuentran Eluvia Rutilia Roquel Sitavi, Carmen Rosa de León Escribano Schlotter, Benjamín Son Turnil, Leonardo Otoniel Delgado Méndez, César Abraham Tocón Vásquez, Julio César Recinos Salas, y otros.
- La Fiscalía argumentó que, pese a la complejidad del caso y la naturaleza financiera de los delitos, se han recabado suficientes elementos para sustentar la acusación. Por ello, considera que el sobreseimiento dictado por el juzgado no solo es prematuro, sino que podría comprometer la integridad del proceso judicial.
- En un comunicado oficial, el MP afirmó que la apelación presentada busca “defender los intereses del Estado de Guatemala y garantizar que los responsables de posibles actos ilícitos rindan cuentas ante la ley”. La institución reiteró su compromiso con la lucha contra la impunidad y la transparencia en el manejo de fondos públicos y de cooperación internacional.
Lo que sigue. El recurso de apelación será conocido por una sala de apelaciones penal, que deberá analizar si la resolución del Juzgado Segundo Penal se ajusta a derecho o si existen fundamentos para revocar el sobreseimiento y permitir que el caso avance hacia la etapa de juicio.
- Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales han manifestado su interés en el desarrollo del caso, dado que involucra fondos de cooperación internacional y posibles redes de corrupción en el manejo de recursos destinados al desarrollo rural.
- El caso ASODEFIR se perfila como una prueba clave para el sistema de justicia guatemalteco, en un contexto donde la lucha contra la impunidad sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas.
