EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En ocasiones anteriores el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha detallado que la condición precaria de la entidad se debe a la existencia de procesos poco transparentes para favorecer a intereses particulares.
- Es más, en abril de este año, el ministro Abelardo Pinto indicó que el ministerio había perdido el rumbo, por lo que su administración asumiría una política de cero tolerancia ante los casos de corrupción.
- En su momento, Pinto comentó que su gestión estaría dirigida a “recuperar la confianza del pueblo” a través de acciones concretas.
- No obstante, menos de seis meses después de esas declaraciones, parece que la realidad contradice esa aspiración, particularmente por la existencia de contratos millonarios con proveedores cuestionados en años anteriores.
Los datos. El MIDES es de las entidades con la más baja ejecución, solo ha desembolsado en 54.62 % del presupuesto asignado en nueve meses. Y al menos tres contratos ponen en duda el destino de los recursos.
- El 6 de septiembre el Fondo de Desarrollo Social adquirió pupitres para centros educativos públicos del programa de comunidades en desarrollo por un monto de GTQ196M. La empresa beneficiada fue Fabrimix (NOG: 23446692).
- Posteriormente, el 12 de septiembre, Industrias Tecnificada, S.A. recibió la adjudicación por la adquisición de filtros de agua plásticos para el programa de alimentación comunitaria por GTQ6.4M (NOG: 23391715)
- El 28 de junio, por un monto de Q25.9M, a la empresa Soluciones Apropiadas, S.A., le fue adjudicada la compra de estufas ahorradoras de leña para el programa de alimentación comunitaria.
Visto y no visto. Pese a la narrativa anticorrupción que han mantenido las diferentes instancias del Estado, incluyendo el MIDES, dos de empresas han sido vinculadas con prácticas dudosas.
- Fabrimix, dedicada al mobiliario educativo, es propiedad de Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes, quien ha sido relacionado con el diputado de la bancada VAMOS, Maynor Gabriel Mejía Popol.
- Mejía Popol, previo a ser diputado, fue gobernador de Chimaltenango. Los medios de comunicación indican que su designación fue por la amistad y los negocios que mantenía con el esposo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
- Derivado de estas relaciones personales, este proveedor fue señalado de favoritismos durante la administración anterior, particularmente porque acumuló GTQQ101.8M en contratos estatales.
Entre líneas. Industria Tecnificada, S.A. (INTECSA), también cuenta con una larga trayectoria como proveedor del Estado. Ha suscrito contratos por más de GTQ259M con el Estado.
- Esta entidad comercial se dedica a una amplia variedad de especialidades que van desde la venta de libros y artículos de papelería, hasta productos químicos e industriales, según GUATECOMPRAS.
- Ahora bien, el aspecto que se ha cuestionado es su vinculación con la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, quien figura en el acta de constitución de la compañía.
- Adicionalmente, entre los representantes legales se encuentra María Gabriela López Melgar, quien fungió como asesora legal del INGUAT entre 2014 y 2015. Ambas fueron parte del gobierno del Partido Patriota.
En el radar. El caso de la empresa Soluciones Apropiadas S.A es particular, dado que, aunque no existe una vinculación directa con señalamientos pasados, el monto de la adjudicación despierta sospechas del concurso.
- Soluciones Apropiadas S.A, figura como proveedor del Estado desde el 2016, sin embargo, hasta el 2024 las adjudicaciones habían sido de cuantía moderada. El monto total por contratos estatales ascendía a GTQ5.3M
- En cambio, únicamente durante el año en curso, este proveedor ha recibido más de GTQ26M, de los cuales GTQ25.9M corresponden a un solo concurso.
- Asimismo, la entidad ya había proveído el mismo producto a otras instituciones. No obstante, fueron por un monto por debajo de la adjudicación en cuestión, dado que estos no superan los GTQ330,000.
En conclusión. Estos datos demuestran que los compromisos asumidos por el MIDES no se han trasladado en acciones concretas.
- Es más, estas adjudicaciones, que benefician a empresas cercanas al Estado, son prueba de que la institución ha mantenido los comportamientos cuestionables de administraciones anteriores.
- Por lo tanto, si el objetivo es recuperar la confianza ciudadana, es necesario que las autoridades enderecen el camino que parece seguir la ruta de administraciones pasadas.
En ocasiones anteriores el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ha detallado que la condición precaria de la entidad se debe a la existencia de procesos poco transparentes para favorecer a intereses particulares.
- Es más, en abril de este año, el ministro Abelardo Pinto indicó que el ministerio había perdido el rumbo, por lo que su administración asumiría una política de cero tolerancia ante los casos de corrupción.
- En su momento, Pinto comentó que su gestión estaría dirigida a “recuperar la confianza del pueblo” a través de acciones concretas.
- No obstante, menos de seis meses después de esas declaraciones, parece que la realidad contradice esa aspiración, particularmente por la existencia de contratos millonarios con proveedores cuestionados en años anteriores.
Los datos. El MIDES es de las entidades con la más baja ejecución, solo ha desembolsado en 54.62 % del presupuesto asignado en nueve meses. Y al menos tres contratos ponen en duda el destino de los recursos.
- El 6 de septiembre el Fondo de Desarrollo Social adquirió pupitres para centros educativos públicos del programa de comunidades en desarrollo por un monto de GTQ196M. La empresa beneficiada fue Fabrimix (NOG: 23446692).
- Posteriormente, el 12 de septiembre, Industrias Tecnificada, S.A. recibió la adjudicación por la adquisición de filtros de agua plásticos para el programa de alimentación comunitaria por GTQ6.4M (NOG: 23391715)
- El 28 de junio, por un monto de Q25.9M, a la empresa Soluciones Apropiadas, S.A., le fue adjudicada la compra de estufas ahorradoras de leña para el programa de alimentación comunitaria.
Visto y no visto. Pese a la narrativa anticorrupción que han mantenido las diferentes instancias del Estado, incluyendo el MIDES, dos de empresas han sido vinculadas con prácticas dudosas.
- Fabrimix, dedicada al mobiliario educativo, es propiedad de Edmundo Asdrubal Bonilla Reyes, quien ha sido relacionado con el diputado de la bancada VAMOS, Maynor Gabriel Mejía Popol.
- Mejía Popol, previo a ser diputado, fue gobernador de Chimaltenango. Los medios de comunicación indican que su designación fue por la amistad y los negocios que mantenía con el esposo de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
- Derivado de estas relaciones personales, este proveedor fue señalado de favoritismos durante la administración anterior, particularmente porque acumuló GTQQ101.8M en contratos estatales.
Entre líneas. Industria Tecnificada, S.A. (INTECSA), también cuenta con una larga trayectoria como proveedor del Estado. Ha suscrito contratos por más de GTQ259M con el Estado.
- Esta entidad comercial se dedica a una amplia variedad de especialidades que van desde la venta de libros y artículos de papelería, hasta productos químicos e industriales, según GUATECOMPRAS.
- Ahora bien, el aspecto que se ha cuestionado es su vinculación con la exministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, quien figura en el acta de constitución de la compañía.
- Adicionalmente, entre los representantes legales se encuentra María Gabriela López Melgar, quien fungió como asesora legal del INGUAT entre 2014 y 2015. Ambas fueron parte del gobierno del Partido Patriota.
En el radar. El caso de la empresa Soluciones Apropiadas S.A es particular, dado que, aunque no existe una vinculación directa con señalamientos pasados, el monto de la adjudicación despierta sospechas del concurso.
- Soluciones Apropiadas S.A, figura como proveedor del Estado desde el 2016, sin embargo, hasta el 2024 las adjudicaciones habían sido de cuantía moderada. El monto total por contratos estatales ascendía a GTQ5.3M
- En cambio, únicamente durante el año en curso, este proveedor ha recibido más de GTQ26M, de los cuales GTQ25.9M corresponden a un solo concurso.
- Asimismo, la entidad ya había proveído el mismo producto a otras instituciones. No obstante, fueron por un monto por debajo de la adjudicación en cuestión, dado que estos no superan los GTQ330,000.
En conclusión. Estos datos demuestran que los compromisos asumidos por el MIDES no se han trasladado en acciones concretas.
- Es más, estas adjudicaciones, que benefician a empresas cercanas al Estado, son prueba de que la institución ha mantenido los comportamientos cuestionables de administraciones anteriores.
- Por lo tanto, si el objetivo es recuperar la confianza ciudadana, es necesario que las autoridades enderecen el camino que parece seguir la ruta de administraciones pasadas.
