EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El zootecnista Marco Vinicio de la Rosa, que busca ser candidato a rector de la Universidad de San Carlos (USAC), expone una propuesta que se distancia de las “aspiraciones tradicionales”. Su participación surge desde un grupo que cuestiona el proceso anterior, en el que resultó electo Walter Mazariegos. Ahora, plantea una alternativa colectiva.
¿Cómo surge su interés en aspirar a rector?
En el caso del interés, no es una aspiración tradicional o personal. La propuesta sale de un grupo académico que integro: nos dimos cuenta de todos los atropellos para la elección anterior de Mazariegos.
Entonces, empezamos a construir la propuesta con los amigos Hada Alvarado y Rodolfo Chang. No estamos compitiendo entre nosotros. Se realizará una plenaria para elegir al candidato final.
¿Cree que la crisis universitaria se ha profundizado?
Yo lo atribuyo desde la captura del rector Murphy Paiz. Ese período en que incluso no se respetó la normativa de la universidad. El cuerpo electoral debió elegir a una persona para terminar el período. No se hizo.
Fueron casi dos años donde hubo varios interinos, pero quien estuvo tras bambalinas fue Mazariegos. Entonces, a partir de ahí, empieza un rompimiento de la normativa institucional. Después, Mazariegos, sin tener mayoría y con muy pocos cuerpos electorales, sale electo en un proceso fraudulento.
¿Se ha privilegiado la política sobre la academia?
No se ha privilegiado la política; se ha privilegiado la mediocridad. Con todas las acciones, Mazariegos contrató docentes que no tienen el perfil. Tampoco siguió los procesos establecidos.
El criterio para la contratación es que sean afines a él para procesos de elecciones y otros. Ha roto la normativa universitaria. Para aprobar una nueva carrera hay 12 pasos y ninguno se cumplió este año. No se ha permitido la renovación democrática de juntas directivas. Tampoco la participación de profesores en espacios clave. Se han aprobado plazas sin respetar procesos. Todo esto rompe la normativa.
¿Cómo impacta esta situación en la vida universitaria?
Hay edificios cerrados porque algunos estudiantes encapuchados deciden hacerlo. Eso significa anarquía y falta de control. Tenemos centros universitarios como el de Jalapa cerrados desde octubre. En Escuintla también hay problemas. Algunas carreras se han trasladado a la virtualidad. Esto no es correcto en áreas técnicas.
Agronomía está virtual. Los laboratorios y la práctica han desaparecido. Todo ha ido bajando y es una falta de calidad académica que afecta.
¿Qué retos han enfrentado como proyecto universitario?
Es una situación particular. Muchos de nosotros hemos sido criminalizados injustamente. A pesar de acusaciones del Ministerio Público (MP), los jueces han determinado que no son ciertas.
Hemos enfrentado procesos disciplinarios administrativos sin pruebas. Se ha expulsado a estudiantes sin respetar la normativa universitaria. No se aceptaron inscripciones para planillas en varios espacios. Fue una lucha poder inscribirlas para la elección a rector. Existe un temor fuerte de criminalización.
¿Han tenido acercamientos con actores externos, como partidos políticos?
La realidad es que sí han intentado acercamientos. Sin embargo, nuestra postura ha sido no aceptar ese tipo de relaciones. No queremos compromisos de ese tipo. Nuestra postura ha sido de oposición a la figura del usurpador, pero no a cambio de algo.
¿Qué cambios impulsaría en la administración universitaria?
El primero es la restitución de derechos a estudiantes expulsados injustamente. Para nosotros es una parte moral importante. Necesitamos una auditoría presupuestaria. Se ejecuta casi el doble que la administración anterior, pero no hay mejoras académicas.
Debemos revisar la contratación de personal, que ha crecido sin análisis. La policía universitaria no ha funcionado como ente de cuidado. Tenemos que actuar en varias líneas de forma paralela. Es un rescate integral de la universidad.
¿Cómo evalúa el uso de recursos institucionales actualmente?
Es vergonzoso que se quiera comprar personal administrativo con mochilas adquiridas por la institución. No es gente genuinamente contenta. No hay orgullo en esos actos. Los trabajadores no lo sienten propio. Además, se asignan plazas de forma discrecional, sin respetar procesos.
Recursos humanos se ha convertido en un instrumento punitivo. Se castiga a quienes no se alinean. No hay mejoras reales en infraestructura o academia.
¿Cómo ven posible cierre universitario y elecciones próximas?
Hay dos aspectos. El Consejo Superior Universitario (CSU) debe conocer y acreditar a los cuerpos electorales. Hace cuatro años no aprobaron algunos por razones de forma. Creemos que puede repetirse. Ya existen acciones legales, presión interna y mediática para que se respete el proceso.
Cerrar la universidad, sería una muestra de inoperancia. Las autoridades son responsables del control. Ya ocurre en centros como Jalapa. Hay anarquía. Edificios cerrados y falta de orden. Eso refleja la situación actual bajo esta administración.
El zootecnista Marco Vinicio de la Rosa, que busca ser candidato a rector de la Universidad de San Carlos (USAC), expone una propuesta que se distancia de las “aspiraciones tradicionales”. Su participación surge desde un grupo que cuestiona el proceso anterior, en el que resultó electo Walter Mazariegos. Ahora, plantea una alternativa colectiva.
¿Cómo surge su interés en aspirar a rector?
En el caso del interés, no es una aspiración tradicional o personal. La propuesta sale de un grupo académico que integro: nos dimos cuenta de todos los atropellos para la elección anterior de Mazariegos.
Entonces, empezamos a construir la propuesta con los amigos Hada Alvarado y Rodolfo Chang. No estamos compitiendo entre nosotros. Se realizará una plenaria para elegir al candidato final.
¿Cree que la crisis universitaria se ha profundizado?
Yo lo atribuyo desde la captura del rector Murphy Paiz. Ese período en que incluso no se respetó la normativa de la universidad. El cuerpo electoral debió elegir a una persona para terminar el período. No se hizo.
Fueron casi dos años donde hubo varios interinos, pero quien estuvo tras bambalinas fue Mazariegos. Entonces, a partir de ahí, empieza un rompimiento de la normativa institucional. Después, Mazariegos, sin tener mayoría y con muy pocos cuerpos electorales, sale electo en un proceso fraudulento.
¿Se ha privilegiado la política sobre la academia?
No se ha privilegiado la política; se ha privilegiado la mediocridad. Con todas las acciones, Mazariegos contrató docentes que no tienen el perfil. Tampoco siguió los procesos establecidos.
El criterio para la contratación es que sean afines a él para procesos de elecciones y otros. Ha roto la normativa universitaria. Para aprobar una nueva carrera hay 12 pasos y ninguno se cumplió este año. No se ha permitido la renovación democrática de juntas directivas. Tampoco la participación de profesores en espacios clave. Se han aprobado plazas sin respetar procesos. Todo esto rompe la normativa.
¿Cómo impacta esta situación en la vida universitaria?
Hay edificios cerrados porque algunos estudiantes encapuchados deciden hacerlo. Eso significa anarquía y falta de control. Tenemos centros universitarios como el de Jalapa cerrados desde octubre. En Escuintla también hay problemas. Algunas carreras se han trasladado a la virtualidad. Esto no es correcto en áreas técnicas.
Agronomía está virtual. Los laboratorios y la práctica han desaparecido. Todo ha ido bajando y es una falta de calidad académica que afecta.
¿Qué retos han enfrentado como proyecto universitario?
Es una situación particular. Muchos de nosotros hemos sido criminalizados injustamente. A pesar de acusaciones del Ministerio Público (MP), los jueces han determinado que no son ciertas.
Hemos enfrentado procesos disciplinarios administrativos sin pruebas. Se ha expulsado a estudiantes sin respetar la normativa universitaria. No se aceptaron inscripciones para planillas en varios espacios. Fue una lucha poder inscribirlas para la elección a rector. Existe un temor fuerte de criminalización.
¿Han tenido acercamientos con actores externos, como partidos políticos?
La realidad es que sí han intentado acercamientos. Sin embargo, nuestra postura ha sido no aceptar ese tipo de relaciones. No queremos compromisos de ese tipo. Nuestra postura ha sido de oposición a la figura del usurpador, pero no a cambio de algo.
¿Qué cambios impulsaría en la administración universitaria?
El primero es la restitución de derechos a estudiantes expulsados injustamente. Para nosotros es una parte moral importante. Necesitamos una auditoría presupuestaria. Se ejecuta casi el doble que la administración anterior, pero no hay mejoras académicas.
Debemos revisar la contratación de personal, que ha crecido sin análisis. La policía universitaria no ha funcionado como ente de cuidado. Tenemos que actuar en varias líneas de forma paralela. Es un rescate integral de la universidad.
¿Cómo evalúa el uso de recursos institucionales actualmente?
Es vergonzoso que se quiera comprar personal administrativo con mochilas adquiridas por la institución. No es gente genuinamente contenta. No hay orgullo en esos actos. Los trabajadores no lo sienten propio. Además, se asignan plazas de forma discrecional, sin respetar procesos.
Recursos humanos se ha convertido en un instrumento punitivo. Se castiga a quienes no se alinean. No hay mejoras reales en infraestructura o academia.
¿Cómo ven posible cierre universitario y elecciones próximas?
Hay dos aspectos. El Consejo Superior Universitario (CSU) debe conocer y acreditar a los cuerpos electorales. Hace cuatro años no aprobaron algunos por razones de forma. Creemos que puede repetirse. Ya existen acciones legales, presión interna y mediática para que se respete el proceso.
Cerrar la universidad, sería una muestra de inoperancia. Las autoridades son responsables del control. Ya ocurre en centros como Jalapa. Hay anarquía. Edificios cerrados y falta de orden. Eso refleja la situación actual bajo esta administración.
