EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Días después de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) instara a los involucrados en el caso de defraudación tributaria, B410, a acercarse a la institución para regularizar su situación, el superintendente, Marco Livio Díaz Reyes, alertó sobre una supuesta investigación en su contra por parte del Ministerio Público (MP).
Por esta situación, el funcionario ofreció una entrevista en exclusiva a República en la que ofreció detalles sobre su caso ante el ente investigador. Además, habló de los avances en la investigación de la red de defraudación. Asimismo, abordó las acciones que el fisco está tomando para asegurar la correcta aplicación de los nuevos regímenes tributarios, particularmente a partir de la aprobación de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.
Hoy se conoció, y usted dio declaraciones al respecto, de que temía por una posible investigación y/o persecución del MP en su contra, a raíz de la presentación del caso B410. Fuentes del MP han indicado que no existe una investigación en su contra. Entonces, ¿cómo le surge este temor o de dónde sale esta información?
Bueno, tenemos conocimiento de la carpeta MP-01-2024-50452. Los trabajadores de la Superintendencia se presentaron hoy para tener acceso a dicha carpeta y nos fue indicado que no se nos podía entregar porque los encargados no estaban en ese momento en el Ministerio Público. Así que no es una suposición, es una carpeta de investigación en contra del Superintendente.
Entonces las declaraciones, algunas extraoficiales, pero oficiales también, no son ciertas, ya que sí existe esa carpeta y no han tenido acceso a ella.
Así es.
Relativo al caso B410, que suponemos que es lo que motiva esta investigación, puesto que sale después de conocerse el caso, no antes, ¿qué ha pasado en esa investigación y qué debe pasar para asegurar el castigo a los infractores?
Agregándole al tema anterior. Ya tenemos conocimiento que la FECI, y la Fiscalía 5, está llamando a declarar a los sindicados del caso B410 para que declaren en contra mía. Así que ya también tenemos esa información y sí hay una investigación en curso. Imagínense la base son las declaraciones de los sindicados por la Superintendencia. El caso B410 es una investigación seria de 1244 folios, hecho por más de 125 personas en la Superintendencia.
¿Cómo está el proceso en este momento?
El MP nos pidió que auditáramos otros años, nos ha pedido información. Nosotros estamos trabajando con la Fiscalía de Delitos Económicos y creo que el caso va avanzando, pero es sorprendente que un caso bien documentado no avanza, y una investigación contra el denunciante sí la están apurando.
¿Por qué puedo decir eso? Porque el MP no ha citado a declarar a los sindicados para el caso de defraudación tributaria, pero sí los ha citado a declarar para el caso del Superintendente.
Entiendo. ¿Tendría idea de si lo que le están ofreciendo es una suerte de colaboración eficaz, o abiertamente impunidad del otro caso [B410] para inculparlo a usted?
La verdad que eso sí no lo sabemos, pero es uno de los temores que yo sí tendría, ¿verdad? No estoy seguro. Sé que les han hecho preguntas directas sobre mi persona y sobre mis hermanos, que son dueños de una firma de auditoría. Eso nos tiene muy preocupados, porque son preguntas que no es que ellos declaren abiertamente, sino que les están haciendo a todos las mismas preguntas.
Entiendo. Bueno, sí es preocupante. Quería aprovechar la ocasión y pregunta respecto a una ley que se acaba de aprobar en el Congreso, que es la Ley para la Integración del Sector productivo Primario y Agropecuario, pues existe una preocupación de que la misma, particularmente lo que indica el artículo 21, pueda habilitar a alguien a blanquear capitales de los cuales su origen no es cierto, asumiendo que no son lícitos. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, hay todo un sistema que no permite eso o que lo va a minimizar. El sistema régimen primario es un régimen. Para inscribir el régimen deben de presentar la propiedad de la tierra, los pagos de salarios en el IGSS y la cantidad de ganado que tienen. Pero más importante deben de georreferenciar la finca. Esa georreferenciación va a ser verificada por el Ministerio de Agricultura, por el MAGA. Así que tendremos un control sobre los que se inscriban, no es una integración y ya estuvo. Una vez inscritos en el régimen, la Superintendencia los empieza a controlar.
También quedó en la ley, que es la primera de su tipo, que deben de registrarse los socios de estas empresas. Así que yo creo que no es fácil.
¿Tienen que acreditar la propiedad? ¿No podría ser un arrendamiento, por ejemplo?
Bueno, sí, pero tienen que tener una escritura de arrendamiento, que es donde está localizado y vamos a georreferenciar. Entonces la SAT ya lo tiene y lo hacemos seguido. Por ejemplo, nosotros supervisamos inventarios todos los años. Así que estas fincas pueden ser seleccionadas para verificar el inventario. Si no existe, nosotros podríamos poner la denuncia de lavado de dinero.
¿Le preocupa de alguna manera, ya me explicó los mecanismos de control que están en lugar para verificar esto, o qué tanto le preocupa la posibilidad de que pueda ser utilizado este mecanismo para blanquear capitales?
Bueno, yo lo he analizado como cualquier otro régimen, pues podrían inscribirse a un régimen y pagar el 5% y lavar capitales. O sea, este es otro régimen más, así que no es una preocupación el lavado de dinero. Si bien es cierto, la tasa es baja, pero la SAT tiene mecanismos para evitar que sean de operaciones reales.
Una vez pagado el 5% de estos ingresos no reportados antes, entran a un régimen del 1.5. ¿Eso qué tanto afecta?
Antes de pagar el 5% deben entrar al régimen y posteriormente continúan pagando 1.5.
¿Qué tanto afecta esto a la recaudación y no a un régimen, digamos, general?
Es un régimen que no tributa. Absolutamente no tributan, así que son ingresos nuevos para el Estado de Guatemala y no tributan porque también era un problema al IVA.
Días después de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) instara a los involucrados en el caso de defraudación tributaria, B410, a acercarse a la institución para regularizar su situación, el superintendente, Marco Livio Díaz Reyes, alertó sobre una supuesta investigación en su contra por parte del Ministerio Público (MP).
Por esta situación, el funcionario ofreció una entrevista en exclusiva a República en la que ofreció detalles sobre su caso ante el ente investigador. Además, habló de los avances en la investigación de la red de defraudación. Asimismo, abordó las acciones que el fisco está tomando para asegurar la correcta aplicación de los nuevos regímenes tributarios, particularmente a partir de la aprobación de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.
Hoy se conoció, y usted dio declaraciones al respecto, de que temía por una posible investigación y/o persecución del MP en su contra, a raíz de la presentación del caso B410. Fuentes del MP han indicado que no existe una investigación en su contra. Entonces, ¿cómo le surge este temor o de dónde sale esta información?
Bueno, tenemos conocimiento de la carpeta MP-01-2024-50452. Los trabajadores de la Superintendencia se presentaron hoy para tener acceso a dicha carpeta y nos fue indicado que no se nos podía entregar porque los encargados no estaban en ese momento en el Ministerio Público. Así que no es una suposición, es una carpeta de investigación en contra del Superintendente.
Entonces las declaraciones, algunas extraoficiales, pero oficiales también, no son ciertas, ya que sí existe esa carpeta y no han tenido acceso a ella.
Así es.
Relativo al caso B410, que suponemos que es lo que motiva esta investigación, puesto que sale después de conocerse el caso, no antes, ¿qué ha pasado en esa investigación y qué debe pasar para asegurar el castigo a los infractores?
Agregándole al tema anterior. Ya tenemos conocimiento que la FECI, y la Fiscalía 5, está llamando a declarar a los sindicados del caso B410 para que declaren en contra mía. Así que ya también tenemos esa información y sí hay una investigación en curso. Imagínense la base son las declaraciones de los sindicados por la Superintendencia. El caso B410 es una investigación seria de 1244 folios, hecho por más de 125 personas en la Superintendencia.
¿Cómo está el proceso en este momento?
El MP nos pidió que auditáramos otros años, nos ha pedido información. Nosotros estamos trabajando con la Fiscalía de Delitos Económicos y creo que el caso va avanzando, pero es sorprendente que un caso bien documentado no avanza, y una investigación contra el denunciante sí la están apurando.
¿Por qué puedo decir eso? Porque el MP no ha citado a declarar a los sindicados para el caso de defraudación tributaria, pero sí los ha citado a declarar para el caso del Superintendente.
Entiendo. ¿Tendría idea de si lo que le están ofreciendo es una suerte de colaboración eficaz, o abiertamente impunidad del otro caso [B410] para inculparlo a usted?
La verdad que eso sí no lo sabemos, pero es uno de los temores que yo sí tendría, ¿verdad? No estoy seguro. Sé que les han hecho preguntas directas sobre mi persona y sobre mis hermanos, que son dueños de una firma de auditoría. Eso nos tiene muy preocupados, porque son preguntas que no es que ellos declaren abiertamente, sino que les están haciendo a todos las mismas preguntas.
Entiendo. Bueno, sí es preocupante. Quería aprovechar la ocasión y pregunta respecto a una ley que se acaba de aprobar en el Congreso, que es la Ley para la Integración del Sector productivo Primario y Agropecuario, pues existe una preocupación de que la misma, particularmente lo que indica el artículo 21, pueda habilitar a alguien a blanquear capitales de los cuales su origen no es cierto, asumiendo que no son lícitos. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Bueno, hay todo un sistema que no permite eso o que lo va a minimizar. El sistema régimen primario es un régimen. Para inscribir el régimen deben de presentar la propiedad de la tierra, los pagos de salarios en el IGSS y la cantidad de ganado que tienen. Pero más importante deben de georreferenciar la finca. Esa georreferenciación va a ser verificada por el Ministerio de Agricultura, por el MAGA. Así que tendremos un control sobre los que se inscriban, no es una integración y ya estuvo. Una vez inscritos en el régimen, la Superintendencia los empieza a controlar.
También quedó en la ley, que es la primera de su tipo, que deben de registrarse los socios de estas empresas. Así que yo creo que no es fácil.
¿Tienen que acreditar la propiedad? ¿No podría ser un arrendamiento, por ejemplo?
Bueno, sí, pero tienen que tener una escritura de arrendamiento, que es donde está localizado y vamos a georreferenciar. Entonces la SAT ya lo tiene y lo hacemos seguido. Por ejemplo, nosotros supervisamos inventarios todos los años. Así que estas fincas pueden ser seleccionadas para verificar el inventario. Si no existe, nosotros podríamos poner la denuncia de lavado de dinero.
¿Le preocupa de alguna manera, ya me explicó los mecanismos de control que están en lugar para verificar esto, o qué tanto le preocupa la posibilidad de que pueda ser utilizado este mecanismo para blanquear capitales?
Bueno, yo lo he analizado como cualquier otro régimen, pues podrían inscribirse a un régimen y pagar el 5% y lavar capitales. O sea, este es otro régimen más, así que no es una preocupación el lavado de dinero. Si bien es cierto, la tasa es baja, pero la SAT tiene mecanismos para evitar que sean de operaciones reales.
Una vez pagado el 5% de estos ingresos no reportados antes, entran a un régimen del 1.5. ¿Eso qué tanto afecta?
Antes de pagar el 5% deben entrar al régimen y posteriormente continúan pagando 1.5.
¿Qué tanto afecta esto a la recaudación y no a un régimen, digamos, general?
Es un régimen que no tributa. Absolutamente no tributan, así que son ingresos nuevos para el Estado de Guatemala y no tributan porque también era un problema al IVA.
