Magistrados de la CC denuncian retraso que dejó sin efecto amparos por elección de fiscal general

Los votos razonados concurrentes emitidos por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (Roberto Molina, Dina Ochoa y Julia Rivera), en los expedientes 2410-2026, 3150-2026 y 3347-2026, aportan una lectura crítica sobre la resolución de tres acciones de amparo relacionadas con el proceso de elección del fiscal general para el período 2026-2030.

Qué destacar. Aunque los magistrados concurrieron con la decisión de mayoría, respaldada también por la presidenta de la Corte, Annabella Morfín, y la magistrada Astrid Lemus, de denegar los amparos provisionales, sus razonamientos ponen en evidencia fallas estructurales en la tramitación de los expedientes.

• Un elemento central compartido en los tres votos es el reconocimiento de la trascendencia institucional del proceso de designación del fiscal general.
• Los magistrados enfatizan que dicho proceso constituye uno de los actos más relevantes dentro del Estado constitucional de derecho, dado el rol del Ministerio Público en la persecución penal, la defensa de la legalidad y la protección de los intereses generales.
• Por ello, cualquier cuestionamiento sobre la legalidad o transparencia del procedimiento tiene impacto directo en la confianza ciudadana.

Sí, pero. No obstante, el núcleo de los votos concurrentes no se centra en el fondo de las acciones, sino en el manejo procesal de las mismas.

• Los magistrados Molina, Ochoa y Rivera coinciden en señalar un retardo injustificado en la tramitación y resolución de los amparos provisionales.
• En los tres casos, los expedientes se encontraban en estado de resolver desde fechas tempranas (entre marzo y abril de 2026), una vez recibidos los informes circunstanciados de las autoridades denunciadas.
• Sin embargo, no fueron conocidos por el pleno sino hasta el 12 de mayo de 2026.

Por qué importa. Este retraso, subrayan, resulta incompatible con la naturaleza del amparo como garantía preventiva.

• Al momento de emitir las resoluciones, tanto la Comisión de Postulación ya había integrado y remitido la nómina de candidatos, como el Presidente de la República ya había efectuado el nombramiento del fiscal general.
• En consecuencia, la decisión judicial perdió eficacia práctica, pues los actos reclamados ya se habían consumado.
• Los votos también documentan las gestiones realizadas por los solicitantes para que los casos fueran conocidos oportunamente. En varios expedientes, los accionantes presentaron memoriales reiterando la necesidad de resolver el amparo provisional con urgencia; sin embargo, estas solicitudes fueron ignoradas o no se resolvieron ni notificaron en tiempo.

Entre líneas. Incluso, según se consigna en las imágenes y textos de respaldo, al momento de conocer algunos casos persistían solicitudes pendientes en el sistema electrónico de la Corte.

• En ese contexto, los magistrados identifican como elemento determinante la falta de convocatoria oportuna al pleno, lo cual atribuyen a la Presidencia del tribunal.
• De manera expresa, los votos razonados apuntan a que el retraso careció de justificación objetiva y contravino los principios de celeridad, eficacia y tutela judicial efectiva.
• En particular, se señala que la responsabilidad del atraso recae en la presidenta de la Corte, Annabella Morfín (designada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo), quien no atendió los requerimientos para conocer y resolver en tiempo las acciones constitucionales, pese a que el tribunal ya contaba con todos los elementos necesarios.

Punto de fricción. Este señalamiento adquiere mayor relevancia en la medida en que la demora afectó el trámite, y, según advierten los magistrados concurrentes, favoreció indirectamente la consumación de los actos impugnados.

• De tal forma, la Corte quedó imposibilitada de ejercer oportunamente su función de control constitucional en un asunto de alto interés nacional.
• En cuanto a las resoluciones del 12 de mayo, estas mantienen un criterio uniforme: en los tres expedientes se denegó el amparo provisional al considerar que no se cumplían los presupuestos del artículo 28 de la Ley de Amparo.
• Además, en los expedientes 2410-2026 y 3347-2026, se ordenó remitir los señalamientos contra la Comisión de Postulación a juzgados de primera instancia, lo que evidencia que dichos planteamientos aún no habían iniciado su trámite completo.

En conclusión. Finalmente, los magistrados Molina, Ochoa y Rivera dejan constancia expresa de que sus votos buscan deslindar responsabilidades por la tardanza en la emisión de las resoluciones.

• Subrayan que la Corte tenía el deber constitucional de pronunciarse con prontitud para garantizar certeza jurídica en un proceso clave para el sistema democrático.
• Así, aunque concurren con la decisión de fondo, sus votos constituyen una crítica institucional severa sobre la gestión interna del tribunal y sobre la importancia de una justicia constitucional oportuna.