EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En esta entrevista, la magistrada presidenta interina del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, habla sin reservas sobre la crisis institucional, la presión política y judicial que enfrentó el Tribunal, y su postura frente a la FECI. Con firmeza, defiende sus decisiones, recuerda el acoso y advierte sobre los desafíos que marcarán el proceso electoral de 2027. Una conversación reveladora sobre poder, ética y resistencia.
Magistrada Alfaro, usted tiene una amplia trayectoria en el sector público y un conocimiento profundo del TSE. Sin embargo, esta magistratura ha enfrentado una presión sin precedentes, al punto de que cuatro de los cinco magistrados titulares ya no están en funciones. ¿Qué ocurrió?
Nos despedimos de nuestros compañeros la noche del 29 de noviembre (2023). En ese momento, el Congreso ya discutía los antejuicios contra los cinco magistrados, pero había una sensación de tranquilidad. Pensábamos que sería una discusión más, como tantas otras. Desde nuestra perspectiva, era imposible hablar de fraude electoral. El Tribunal no cuenta votos ni manipula sistemas informáticos.
Los cuestionamientos se centraron en las actas 4 y 8, pero esas actas son responsabilidad de los digitadores, los presidentes de mesa y los presidentes de juntas departamentales. Ellos son quienes consolidan los resultados y los trasladan al auditor electoral.
Sin embargo, al día siguiente comenzaron a circular noticias: un compañero había salido hacia El Salvador, luego la magistrada Irma Palencia, y después otro colega. Todo fue sorpresivo. No tengo una explicación clara de lo que pasó.
¿En qué momento comenzó a percibirse esa presión sobre el Tribunal? ¿Hubo señales previas?
En un cuerpo colegiado siempre hay tensiones y trabajo intenso, pero nunca hablamos de separarnos. Jamás imaginamos que llegaríamos a este punto. La presión fue escalando, pero no hubo una conversación interna que anticipara una ruptura como la que ocurrió.
Además de los magistrados, ¿cuántos empleados del TSE han enfrentado procesos judiciales relacionados con las elecciones?
Hasta diciembre del año pasado, teníamos conocimiento de al menos 22 personas procesadas. La mayoría son digitadores y también está el caso del ingeniero Jorge Santos. Todos enfrentan procesos penales.
¿Y cuántos de esos casos han avanzado formalmente en el sistema judicial?
No lo sabemos con certeza. Muchos de esos casos están bajo reserva, especialmente los que lleva la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad). Eso impide acceder a información detallada sobre su estado.
Como abogada, ¿cuál es su opinión sobre el papel de la FECI en estos procesos?
Considero que el próximo fiscal general debe cerrar la FECI. No tiene sentido mantener una fiscalía especial cuando ya existen fiscalías específicas para corrupción, delitos administrativos o penales. La FECI, tanto en su versión anterior como en la actual, ha sido utilizada como un instrumento de persecución penal con fines políticos.
No estoy hablando desde una experiencia personal, sino desde una postura profesional. Si un funcionario comete un acto de corrupción, debe ser investigado por la fiscalía anticorrupción. Si hay abuso de autoridad, corresponde a la fiscalía administrativa. Si es un delito común, hay fiscalías especializadas. ¿Por qué mantener una fiscalía paralela?
De todos los momentos difíciles que ha vivido en este proceso, ¿cuál ha sido el más doloroso?
Lo más difícil ha sido no entender el odio. No comprender la venganza, el rencor. Me duele que, siendo todos guatemaltecos, no podamos ponernos de acuerdo. La justicia no debería ser un campo de batalla. Su función es enviar un mensaje preventivo, restaurar la paz. Pero hasta ahora, no sé si el Tribunal ha logrado recuperar esa paz.
Reformas necesarias y lecciones para 2027
¿Qué elementos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se abusaron durante el proceso electoral de 2023 y qué precedente podrían sentar para 2027?
Primero, hay que reconocer la participación ciudadana en el CAME (Comisión de Actualización y Modernización Electoral). A pesar de los conflictos judiciales y la situación del TSE, hubo una participación activa de la sociedad civil, jóvenes, mujeres indígenas, organizaciones, cámaras empresariales, partidos políticos, medios de comunicación y, por supuesto, del propio Tribunal a través de sus direcciones. Eso fortaleció el análisis postelectoral.
Uno de los elementos más problemáticos fue el artículo 113 constitucional, que habla de la idoneidad para optar a cargos públicos. Es un artículo subjetivo, que deja a criterio del Tribunal decidir si un candidato es idóneo o no. Sin una legislación que lo aclare, seguirá generando conflictividad.
También está el tema del finiquito. Es necesario establecer con claridad los plazos y condiciones para evitar que se utilice como herramienta de exclusión arbitraria.
Otro punto crítico fueron las asambleas partidarias. Algunos candidatos fueron postulados por asambleas nacionales sin que existiera legalización en los departamentos. Eso generó dudas sobre la legitimidad de las postulaciones.
¿Y sobre la judicialización del proceso electoral?
Es un tema central. Debemos preguntarnos si se respeta la supremacía del TSE como ente rector del proceso, o si estamos sujetos a decisiones del Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad (CC). Lo que proponemos es que exista una única instancia de revisión: la CC. Así se evitaría pasar por salas, cortes y luego la CC, lo cual alarga innecesariamente los tiempos y genera incertidumbre.
¿Qué otros temas aborda la iniciativa 6377 que el TSE presentó al Congreso?
Uno de los más importantes es el de los medios de comunicación. No podemos limitar el derecho a informar por temor a sanciones o multas. También se debe evitar que se inhabilite a un candidato por supuesta campaña anticipada sin criterios claros.
Además, se abordan temas económicos como la pauta publicitaria y cómo se cuantifica. Todo eso debe quedar bien definido para evitar conflictos en futuros procesos.
Sobre decisiones clave y conflictos internos
Una de las decisiones más cuestionadas del TSE fue la contratación del sistema TREP. ¿Por qué usted no votó a favor?
Fui alcaldesa durante ocho años y aprendí que un funcionario debe tener muy claro que su responsabilidad dura 20 años. Ya había tenido observaciones de la Contraloría, y que le pongan a uno un hallazgo por esas cantidades no vale la pena. No lo hice con mala intención ni pensando que había algo ilegal, simplemente actué con prudencia.
¿Eso la salvó de enfrentar un proceso penal?
A medias. Tengo un amparo provisional, pero nunca me otorgaron el definitivo. Se lo dieron a los suplentes, pero a mí no. Así que cuando termine mi período el 20 de marzo, entro al mismo proceso. El Ministerio Público dice que yo debí haber razonado mi voto, no solo disentido. Pero yo no podía afirmar que había algo malo, porque no me consta.
El TREP fue clave en la judicialización del proceso, pero también hubo decisiones previas, como la desintegración de juntas electorales. ¿Cómo se justifica?
No fueron desintegradas por decisión del Tribunal. La Contraloría pidió que aquellas juntas con problemas de rendición de cuentas fueran removidas. Algunas, como la de Jutiapa, continuaron. El problema ahora es que la Contraloría exige más datos, pero el Tribunal solo recibe lo que las juntas entregan. No tenemos contadores propios; cada junta contrata al suyo y presenta su liquidación.
¿Cómo afectará esto al proceso de 2027?
Lo más difícil será encontrar personas dispuestas a asumir esos retos. Las juntas hicieron su trabajo, firmaron actas y legitimaron resultados. Pero el temor a ser procesados puede alejar a muchos ciudadanos.
Relaciones internas y futuro institucional
Tomando en cuenta la elección de un nuevo Tribunal en 2026, ¿le interesa continuar?
No. Sería muy ingrato pensar en una reelección cuando cuatro colegas están enfrentando situaciones tan difíciles. Sería antiético.
¿Cómo vivió la crisis institucional a inicios de este año, cuando hubo una vacante en la presidencia?
Fue uno de esos momentos que las mujeres enfrentamos en cargos públicos. Siempre trabajamos en equipo, tomábamos decisiones juntos. Por eso me sorprendió recibir una nota, que además se filtró en redes, donde me desconocían. Fue desleal y dañó la institucionalidad del Tribunal.
Usted mencionó que incluso hubo un episodio de acoso
Sí. El magistrado Cordón (Álvaro) me llamó y me dijo: “amor con amor se paga”. Eso es inaceptable. No se puede usar ese lenguaje en un ente colegiado. Aquí no hay dinero ni obras, no hay nada que justifique ese tipo de insinuaciones.
¿Cree que podrán resolver sus diferencias?
Somos profesionales. Aunque ya no hay amistad, tengo que trabajar con ellos. Los respeto, pero ahora somos solo compañeros de trabajo. Por el bien del Tribunal, debo aceptar ese reto todos los días.
En esta entrevista, la magistrada presidenta interina del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, habla sin reservas sobre la crisis institucional, la presión política y judicial que enfrentó el Tribunal, y su postura frente a la FECI. Con firmeza, defiende sus decisiones, recuerda el acoso y advierte sobre los desafíos que marcarán el proceso electoral de 2027. Una conversación reveladora sobre poder, ética y resistencia.
Magistrada Alfaro, usted tiene una amplia trayectoria en el sector público y un conocimiento profundo del TSE. Sin embargo, esta magistratura ha enfrentado una presión sin precedentes, al punto de que cuatro de los cinco magistrados titulares ya no están en funciones. ¿Qué ocurrió?
Nos despedimos de nuestros compañeros la noche del 29 de noviembre (2023). En ese momento, el Congreso ya discutía los antejuicios contra los cinco magistrados, pero había una sensación de tranquilidad. Pensábamos que sería una discusión más, como tantas otras. Desde nuestra perspectiva, era imposible hablar de fraude electoral. El Tribunal no cuenta votos ni manipula sistemas informáticos.
Los cuestionamientos se centraron en las actas 4 y 8, pero esas actas son responsabilidad de los digitadores, los presidentes de mesa y los presidentes de juntas departamentales. Ellos son quienes consolidan los resultados y los trasladan al auditor electoral.
Sin embargo, al día siguiente comenzaron a circular noticias: un compañero había salido hacia El Salvador, luego la magistrada Irma Palencia, y después otro colega. Todo fue sorpresivo. No tengo una explicación clara de lo que pasó.
¿En qué momento comenzó a percibirse esa presión sobre el Tribunal? ¿Hubo señales previas?
En un cuerpo colegiado siempre hay tensiones y trabajo intenso, pero nunca hablamos de separarnos. Jamás imaginamos que llegaríamos a este punto. La presión fue escalando, pero no hubo una conversación interna que anticipara una ruptura como la que ocurrió.
Además de los magistrados, ¿cuántos empleados del TSE han enfrentado procesos judiciales relacionados con las elecciones?
Hasta diciembre del año pasado, teníamos conocimiento de al menos 22 personas procesadas. La mayoría son digitadores y también está el caso del ingeniero Jorge Santos. Todos enfrentan procesos penales.
¿Y cuántos de esos casos han avanzado formalmente en el sistema judicial?
No lo sabemos con certeza. Muchos de esos casos están bajo reserva, especialmente los que lleva la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad). Eso impide acceder a información detallada sobre su estado.
Como abogada, ¿cuál es su opinión sobre el papel de la FECI en estos procesos?
Considero que el próximo fiscal general debe cerrar la FECI. No tiene sentido mantener una fiscalía especial cuando ya existen fiscalías específicas para corrupción, delitos administrativos o penales. La FECI, tanto en su versión anterior como en la actual, ha sido utilizada como un instrumento de persecución penal con fines políticos.
No estoy hablando desde una experiencia personal, sino desde una postura profesional. Si un funcionario comete un acto de corrupción, debe ser investigado por la fiscalía anticorrupción. Si hay abuso de autoridad, corresponde a la fiscalía administrativa. Si es un delito común, hay fiscalías especializadas. ¿Por qué mantener una fiscalía paralela?
De todos los momentos difíciles que ha vivido en este proceso, ¿cuál ha sido el más doloroso?
Lo más difícil ha sido no entender el odio. No comprender la venganza, el rencor. Me duele que, siendo todos guatemaltecos, no podamos ponernos de acuerdo. La justicia no debería ser un campo de batalla. Su función es enviar un mensaje preventivo, restaurar la paz. Pero hasta ahora, no sé si el Tribunal ha logrado recuperar esa paz.
Reformas necesarias y lecciones para 2027
¿Qué elementos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se abusaron durante el proceso electoral de 2023 y qué precedente podrían sentar para 2027?
Primero, hay que reconocer la participación ciudadana en el CAME (Comisión de Actualización y Modernización Electoral). A pesar de los conflictos judiciales y la situación del TSE, hubo una participación activa de la sociedad civil, jóvenes, mujeres indígenas, organizaciones, cámaras empresariales, partidos políticos, medios de comunicación y, por supuesto, del propio Tribunal a través de sus direcciones. Eso fortaleció el análisis postelectoral.
Uno de los elementos más problemáticos fue el artículo 113 constitucional, que habla de la idoneidad para optar a cargos públicos. Es un artículo subjetivo, que deja a criterio del Tribunal decidir si un candidato es idóneo o no. Sin una legislación que lo aclare, seguirá generando conflictividad.
También está el tema del finiquito. Es necesario establecer con claridad los plazos y condiciones para evitar que se utilice como herramienta de exclusión arbitraria.
Otro punto crítico fueron las asambleas partidarias. Algunos candidatos fueron postulados por asambleas nacionales sin que existiera legalización en los departamentos. Eso generó dudas sobre la legitimidad de las postulaciones.
¿Y sobre la judicialización del proceso electoral?
Es un tema central. Debemos preguntarnos si se respeta la supremacía del TSE como ente rector del proceso, o si estamos sujetos a decisiones del Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad (CC). Lo que proponemos es que exista una única instancia de revisión: la CC. Así se evitaría pasar por salas, cortes y luego la CC, lo cual alarga innecesariamente los tiempos y genera incertidumbre.
¿Qué otros temas aborda la iniciativa 6377 que el TSE presentó al Congreso?
Uno de los más importantes es el de los medios de comunicación. No podemos limitar el derecho a informar por temor a sanciones o multas. También se debe evitar que se inhabilite a un candidato por supuesta campaña anticipada sin criterios claros.
Además, se abordan temas económicos como la pauta publicitaria y cómo se cuantifica. Todo eso debe quedar bien definido para evitar conflictos en futuros procesos.
Sobre decisiones clave y conflictos internos
Una de las decisiones más cuestionadas del TSE fue la contratación del sistema TREP. ¿Por qué usted no votó a favor?
Fui alcaldesa durante ocho años y aprendí que un funcionario debe tener muy claro que su responsabilidad dura 20 años. Ya había tenido observaciones de la Contraloría, y que le pongan a uno un hallazgo por esas cantidades no vale la pena. No lo hice con mala intención ni pensando que había algo ilegal, simplemente actué con prudencia.
¿Eso la salvó de enfrentar un proceso penal?
A medias. Tengo un amparo provisional, pero nunca me otorgaron el definitivo. Se lo dieron a los suplentes, pero a mí no. Así que cuando termine mi período el 20 de marzo, entro al mismo proceso. El Ministerio Público dice que yo debí haber razonado mi voto, no solo disentido. Pero yo no podía afirmar que había algo malo, porque no me consta.
El TREP fue clave en la judicialización del proceso, pero también hubo decisiones previas, como la desintegración de juntas electorales. ¿Cómo se justifica?
No fueron desintegradas por decisión del Tribunal. La Contraloría pidió que aquellas juntas con problemas de rendición de cuentas fueran removidas. Algunas, como la de Jutiapa, continuaron. El problema ahora es que la Contraloría exige más datos, pero el Tribunal solo recibe lo que las juntas entregan. No tenemos contadores propios; cada junta contrata al suyo y presenta su liquidación.
¿Cómo afectará esto al proceso de 2027?
Lo más difícil será encontrar personas dispuestas a asumir esos retos. Las juntas hicieron su trabajo, firmaron actas y legitimaron resultados. Pero el temor a ser procesados puede alejar a muchos ciudadanos.
Relaciones internas y futuro institucional
Tomando en cuenta la elección de un nuevo Tribunal en 2026, ¿le interesa continuar?
No. Sería muy ingrato pensar en una reelección cuando cuatro colegas están enfrentando situaciones tan difíciles. Sería antiético.
¿Cómo vivió la crisis institucional a inicios de este año, cuando hubo una vacante en la presidencia?
Fue uno de esos momentos que las mujeres enfrentamos en cargos públicos. Siempre trabajamos en equipo, tomábamos decisiones juntos. Por eso me sorprendió recibir una nota, que además se filtró en redes, donde me desconocían. Fue desleal y dañó la institucionalidad del Tribunal.
Usted mencionó que incluso hubo un episodio de acoso
Sí. El magistrado Cordón (Álvaro) me llamó y me dijo: “amor con amor se paga”. Eso es inaceptable. No se puede usar ese lenguaje en un ente colegiado. Aquí no hay dinero ni obras, no hay nada que justifique ese tipo de insinuaciones.
¿Cree que podrán resolver sus diferencias?
Somos profesionales. Aunque ya no hay amistad, tengo que trabajar con ellos. Los respeto, pero ahora somos solo compañeros de trabajo. Por el bien del Tribunal, debo aceptar ese reto todos los días.
