EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Desde antes de asumir la presidencia, Bernardo Arévalo y la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, iniciaron una pugna que se intensificó el 14 de enero.
- Han pasado siete meses y el presidente no ha dado marcha atrás a sus intentos de remover a Porras. Con sus acciones sigue poniendo el dedo en la llaga.
- Recientemente, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio un duro golpe al mandatario, al rechazar in limine una solicitud de antejuicio que presentó el 29 de febrero –junto a una denuncia penal– en contra de Porras, por el presunto delito de “incumplimiento de deberes”.
- Esa solicitud la realizó el procurador general de la Nación (PGN), Julio Saavedra junto al secretario General de la Presidencia (SGP), Juan Gerardo Guerrero, argumentando que Porras no habría respondido a una petición del Ejecutivo sobre dudas respecto a la política del MP en materia de derechos humanos.
En perspectiva. Los 13 magistrados de la CSJ rechazaron la solicitud de Arévalo; por unanimidad. Tras un análisis exhaustivo, el pleno determinó que la acción es de carácter espurio, ilegítima y políticamente motivada.
- El 29 de enero, Porras decidió abandonar el Consejo de Ministros al que fue convocada por el presidente. Durante una conferencia de prensa realizada un día después, Arévalo indicó que Porras incumplió con el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP.
- El último párrafo de este artículo dice que: “El Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la junta, con voz, pero sin voto.”
- Esta no es la única solicitud acción ha planteado el mandatario. El 1 de agosto, Arévalo respaldado por sus ministros informó que, junto al titular de la PGN, pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) la revocatoria del amparo provisional otorgado a favor de la fiscal general el 8 de mayo.
Qué destacar. En abril, por instrucciones de Arévalo, el gobierno solicitó una opinión consultiva a la CC con relación al desempeño de la fiscal general al frente del MP.
- Dos meses después, el 27 de mayo, la CC declaró improcedente la solicitud; los magistrados advirtieron que había falencias en la manera en que el Ejecutivo planteó las interrogantes, situación que imposibilitaba a la Corte expresarse.
- La CSJ y la CC no son las instancias a las que Arévalo ha recurrido en su afán de remover del cargo a Porras. El 6 de mayo, el presidente acudió al Congreso de la República para presentar una iniciativa con la que busca reformar la Ley Orgánica del MP. Sin embargo, al siguiente día, la sesión plenaria finalizó por falta de quórum y el proyecto no se conoció, lo que provocó otro fracaso para el Ejecutivo.
- Según el diputado oficialista, Samuel Pérez, muchas de las denuncias presentadas son evidentes y su avance ha sido detenido por la protección que tiene el MP por parte de algunos jueces y magistrados en el sistema de justicia.
Voces. Para algunos, el Ejecutivo debería dejar de lado las intenciones de remover a Porras. A decir del congresista de VAMOS, Allan Rodríguez, la única explicación lógica del gobierno de seguir con el tema, es porque tienen cosas que ocultar.
- “Están conscientes de que tienen delitos. Aunado a ello, tienen un partido formado de manera ilegal integrado por personas que poco a poco han llegado a declararse culpables y no les queda otra alternativa que seguir intentando remover del cargo a la persona que está realizando la investigación”, comentó Rodríguez.
- Mientras que la diputada UNIONISTA, Lucrecia de Palomo, dijo que el país tiene tantos problemas y necesidades de un gobierno que ejecute, que mantener esa polémica que desgasta más al Ejecutivo que al MP.
- Por otro lado, según el analista legal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, las acciones del Ejecutivo en contra del MP son parte del eslogan de campaña que ahora tratan de capitalizar para cumplir con la animadversión de determinado grupo de la población.
En conclusión. Seguramente, el presidente Arévalo insistirá en remover a Consuelo Porras del cargo y no dará tregua a pesar de que hasta ahora ha perdido varias batallas.
- Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente –aprobada en 2016 para proteger a Thelma Aldana– no es posible su remoción.
Desde antes de asumir la presidencia, Bernardo Arévalo y la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, iniciaron una pugna que se intensificó el 14 de enero.
- Han pasado siete meses y el presidente no ha dado marcha atrás a sus intentos de remover a Porras. Con sus acciones sigue poniendo el dedo en la llaga.
- Recientemente, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio un duro golpe al mandatario, al rechazar in limine una solicitud de antejuicio que presentó el 29 de febrero –junto a una denuncia penal– en contra de Porras, por el presunto delito de “incumplimiento de deberes”.
- Esa solicitud la realizó el procurador general de la Nación (PGN), Julio Saavedra junto al secretario General de la Presidencia (SGP), Juan Gerardo Guerrero, argumentando que Porras no habría respondido a una petición del Ejecutivo sobre dudas respecto a la política del MP en materia de derechos humanos.
En perspectiva. Los 13 magistrados de la CSJ rechazaron la solicitud de Arévalo; por unanimidad. Tras un análisis exhaustivo, el pleno determinó que la acción es de carácter espurio, ilegítima y políticamente motivada.
- El 29 de enero, Porras decidió abandonar el Consejo de Ministros al que fue convocada por el presidente. Durante una conferencia de prensa realizada un día después, Arévalo indicó que Porras incumplió con el artículo 4 de la Ley Orgánica del MP.
- El último párrafo de este artículo dice que: “El Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta del Gabinete o de los Ministros de Estado. En este supuesto el Fiscal General estará obligado a concurrir a la junta, con voz, pero sin voto.”
- Esta no es la única solicitud acción ha planteado el mandatario. El 1 de agosto, Arévalo respaldado por sus ministros informó que, junto al titular de la PGN, pidió a la Corte de Constitucionalidad (CC) la revocatoria del amparo provisional otorgado a favor de la fiscal general el 8 de mayo.
Qué destacar. En abril, por instrucciones de Arévalo, el gobierno solicitó una opinión consultiva a la CC con relación al desempeño de la fiscal general al frente del MP.
- Dos meses después, el 27 de mayo, la CC declaró improcedente la solicitud; los magistrados advirtieron que había falencias en la manera en que el Ejecutivo planteó las interrogantes, situación que imposibilitaba a la Corte expresarse.
- La CSJ y la CC no son las instancias a las que Arévalo ha recurrido en su afán de remover del cargo a Porras. El 6 de mayo, el presidente acudió al Congreso de la República para presentar una iniciativa con la que busca reformar la Ley Orgánica del MP. Sin embargo, al siguiente día, la sesión plenaria finalizó por falta de quórum y el proyecto no se conoció, lo que provocó otro fracaso para el Ejecutivo.
- Según el diputado oficialista, Samuel Pérez, muchas de las denuncias presentadas son evidentes y su avance ha sido detenido por la protección que tiene el MP por parte de algunos jueces y magistrados en el sistema de justicia.
Voces. Para algunos, el Ejecutivo debería dejar de lado las intenciones de remover a Porras. A decir del congresista de VAMOS, Allan Rodríguez, la única explicación lógica del gobierno de seguir con el tema, es porque tienen cosas que ocultar.
- “Están conscientes de que tienen delitos. Aunado a ello, tienen un partido formado de manera ilegal integrado por personas que poco a poco han llegado a declararse culpables y no les queda otra alternativa que seguir intentando remover del cargo a la persona que está realizando la investigación”, comentó Rodríguez.
- Mientras que la diputada UNIONISTA, Lucrecia de Palomo, dijo que el país tiene tantos problemas y necesidades de un gobierno que ejecute, que mantener esa polémica que desgasta más al Ejecutivo que al MP.
- Por otro lado, según el analista legal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, las acciones del Ejecutivo en contra del MP son parte del eslogan de campaña que ahora tratan de capitalizar para cumplir con la animadversión de determinado grupo de la población.
En conclusión. Seguramente, el presidente Arévalo insistirá en remover a Consuelo Porras del cargo y no dará tregua a pesar de que hasta ahora ha perdido varias batallas.
- Sin embargo, de acuerdo con la legislación vigente –aprobada en 2016 para proteger a Thelma Aldana– no es posible su remoción.
