Los fantasmas de las Comisiones pasadas

Poco tiempo ha pasado desde la convocatoria para integrar las Comisiones de Postulación para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, y grupos advierten del retorno de operadores y las amenazas de actores que podrían influir directa o indirectamente en esa elección.   

El temor de organizaciones civiles, abogados, exdiputados y otros sectores es que prácticas del pasado vicien el proceso.  Otra amenaza es que se judicialice como sucedió en 2019-2024. Por lo menos una acción en ese sentido ya ha sido presentada. 

Hemeroteca. Los antecedentes de procesos son claves para concluir qué se puede esperar ahora. En 2014 la exvicepresidenta Roxana Baldetti contó que, cuando era diputada, fue convocada a un hotel para elegir a los magistrados. Aseguró que se opuso. "Cuando ya estaba ahí, empezaron a decir ’cuántos..en esta lista'. Todo fue alrededor de una cama", se publicó en ese entonces. se lee en la publicación de La Hora.  

• En 2016 fue condenado Gudy Rivera, exdiputado del desaparecido Partido Patriota (PP), por intentar sobornar a la magistrada Claudia Escobar para obtener una resolución favorable a Baldetti. Rivera ofreció apoyo de la agrupación política para reelegirla como magistrada.
• Dos años después (2018) el Ministerio Público (MP) develó el caso “Comisiones Paralelas”. En ese momento determinó que se había creado una estrategia impulsada por “el rey del tenis” para intervenir en el nombramiento en las Cortes.   
• La investigación indicó que se coordinó una estructura paralela con apoyo de legisladores y comisionados. El abogado, Roberto López Villatoro, fue absuelto. Los jueces consideraron contradicciones e incongruencias en la acusación del MP.    

Lo visto y no visto. Los grupos que se dedican a fiscalizar, entre ellos Guatemala Visible y Movimiento Pro-Justicia, coincidieron que en los primeros eventos fue evidente la “mala aplicación de los métodos para integrar las comisiones, incongruencias en la votación y la limitación del acceso a la información, entre otros.  

• Recordaron casos de candidatos con señalamientos, denuncias y vetos, incluidos en la lista para el Congreso, así como reuniones de operadores con diputados, algunos comisionados y abogados para influir en la elección.
• En 2020 el MP solicitó el retiro de inmunidad de 13 funcionarios judiciales que supuestamente mantuvieron comunicación con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario Privado de la Presidencia –en ese momento en prisión preventiva–. “Las reuniones buscaban influencia indebida en el proceso (...) se realizaron en un el sanatorio en la zona 2 capitalina”, detalló la acusación.
• Indicaron que en el proceso de 2014 periodistas denunciaron el uso de celular para filtrar el avance de las votaciones. Se restringió el uso del teléfono, luego de las denuncias.   

En el radar. En abril pasado, el Congreso hizo la convocatoria para que se integren las dos postuladoras: para Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Cada una debe quedar integrada con 37 comisionados. 

• El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) programó para el 21 de junio la elección de sus 24 representantes (12 CSJ y 12 CA) y los magistrados de Sala para el 7 de junio (12 delegados).
• La CSJ aún no tiene fecha para analizar el tema (12 comisionado).Los 12 decanos de las universidades que tiene la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales conocen la convocatoria. Mientras, el Foro de Rectores aún no decide quién será su representante.
• Organizaciones han solicitado no tomar en cuenta a Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cargo de presidente de una de las comisiones, lo consideran no-idóneo y no-honorable.  

Conclusión. La radiografía es una muestra de los desafíos que tendrán los comisionados en pocos meses; se avizoran muchos obstáculos. 

• Sin embargo, deben tener presente que su responsabilidad es entregar la lista de los profesionales idóneos al Congreso, concluyeron las fuentes consultadas. 
• Agregaron que el involucramiento de la sociedad civil y los medios de comunicación son clave para la fiscalización y transparencia de los dos eventos.