El reciente incremento salarial y la indemnización aprobados por los diputados no representan el primer intento de los llamados “padres de la patria” por mejorar sus ingresos. En los últimos 20 años hubo al menos tres intentos previos, y aún está por verse si este será el definitivo.
Panorama general. En la jornada maratónica registrada el martes 26 y horas de la madrugada del miércoles 27 los diputados aprobaron un incremento salarial para equiparar sus ingresos a los de un magistrado de sala, lo que elevaría su salario a GTQ 46 700.
- Hasta el momento, se han presentado dos acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad: una por parte de Acción Ciudadana y otro por los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
- Además, los diputados Obed Castañasa y Gerson Barragán han propuesto un acuerdo para eliminar tanto el incremento como la indemnización.
Fisgón histórico. El 27 de noviembre de 2003, el Congreso, que en ese momento tenía al FRG como la bancada oficialista, aprobó un acuerdo para fijar el salario de los diputados en GTQ 50 000, además de una indemnización.
Las entonces diputadas Nineth Montenegro y Anabella de León interpusieron una acción ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando que los diputados no son trabajadores sino representantes del pueblo, electos para un período de cuatro años.
Montenegro recuerda esa etapa y, aunque no quiso ofrecer detalles sobre las presiones que enfrentaron, confirmó que fue un momento “duro”, ya que se ganó la antipatía de sus colegas. “Nos causó mucha animadversión, mucho problema a lo interno del Congreso [...] tomamos acciones, pero tuvo un costo político fuerte para nosotros, hubo enemistades, fue difícil convivir dentro del Congreso”, recordó.
Los datos. Las presiones en el 2003 obligaron a dar marcha atrás y en su lugar aprobaron el decreto 56-2023, que prohibía indemnización para los diputados, el Presidente y Vicepresidente de la República, así como las autoridades electas por el Organismo Ejecutivo y Legislativo.
- Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial el 7 de enero del 2024, pero unos días después un grupo de abogados objetó que el Organismo Judicial contaba con su propio Pacto Colectivo.
- La resolución permitió que los magistrados si recibieran indemnizaciones, las cuales se han mantenido hasta el día de hoy.
Si, pero. Cuatro años después, unas semanas antes de concluir la legislatura (2004-2008), el entonces diputado Jorge Luis Ortega, ponente del decreto 72-2007, que no vio la luz legal, propuso una indemnización a los diputados salientes. Este decreto causó el rechazo de la ciudadanía. Aunque la propuesta tuvo más de 100 votos, poco a poco los congresistas se distanciaron de ella, y finalmente se dio marcha atrás. Otros datos.
- El 23 de febrero de 2020, pocos días de haber asumido Allan Rodríguez como presidente del Congreso, se dio a conocer que decenas de exdiputados pidieron indemnización luego de que la Comisión Permanente, presidida por Alvaro Arzú, autorizara el pago por medio del acta 7-2019, con fecha 19 de diciembre.
- Entre los exdiputados que pidieron indemnización figuraban Salvador Baldizón, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Leocadio Juracán, Juan Ramón Lau, Haroldo Quej, Roberto Villate, Sandra Morán, entre otros.
- Finalmente, las autoridades informaron que no se autorizó el pago, aunque nunca brindaron mayores detalles al respecto.
En conclusión. En los últimos años, los intentos por incrementos y el pago de indemnizaciones a los diputados han generado gran controversia y resistencia. La ciudadanía no parece perdonar estas acciones, ya que percibe que los representantes no buscan cumplir con su labor, sino obtener beneficios.
- Ahora queda por ver si las acciones contra el incremento y la indemnización serán nuevamente frenadas o si, en esta ocasión, “los padres de la patria” lograrán salirse con la suya.
El reciente incremento salarial y la indemnización aprobados por los diputados no representan el primer intento de los llamados “padres de la patria” por mejorar sus ingresos. En los últimos 20 años hubo al menos tres intentos previos, y aún está por verse si este será el definitivo.
Panorama general. En la jornada maratónica registrada el martes 26 y horas de la madrugada del miércoles 27 los diputados aprobaron un incremento salarial para equiparar sus ingresos a los de un magistrado de sala, lo que elevaría su salario a GTQ 46 700.
- Hasta el momento, se han presentado dos acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad: una por parte de Acción Ciudadana y otro por los diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
- Además, los diputados Obed Castañasa y Gerson Barragán han propuesto un acuerdo para eliminar tanto el incremento como la indemnización.
Fisgón histórico. El 27 de noviembre de 2003, el Congreso, que en ese momento tenía al FRG como la bancada oficialista, aprobó un acuerdo para fijar el salario de los diputados en GTQ 50 000, además de una indemnización.
Las entonces diputadas Nineth Montenegro y Anabella de León interpusieron una acción ante la Corte de Constitucionalidad, argumentando que los diputados no son trabajadores sino representantes del pueblo, electos para un período de cuatro años.
Montenegro recuerda esa etapa y, aunque no quiso ofrecer detalles sobre las presiones que enfrentaron, confirmó que fue un momento “duro”, ya que se ganó la antipatía de sus colegas. “Nos causó mucha animadversión, mucho problema a lo interno del Congreso [...] tomamos acciones, pero tuvo un costo político fuerte para nosotros, hubo enemistades, fue difícil convivir dentro del Congreso”, recordó.
Los datos. Las presiones en el 2003 obligaron a dar marcha atrás y en su lugar aprobaron el decreto 56-2023, que prohibía indemnización para los diputados, el Presidente y Vicepresidente de la República, así como las autoridades electas por el Organismo Ejecutivo y Legislativo.
- Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial el 7 de enero del 2024, pero unos días después un grupo de abogados objetó que el Organismo Judicial contaba con su propio Pacto Colectivo.
- La resolución permitió que los magistrados si recibieran indemnizaciones, las cuales se han mantenido hasta el día de hoy.
Si, pero. Cuatro años después, unas semanas antes de concluir la legislatura (2004-2008), el entonces diputado Jorge Luis Ortega, ponente del decreto 72-2007, que no vio la luz legal, propuso una indemnización a los diputados salientes. Este decreto causó el rechazo de la ciudadanía. Aunque la propuesta tuvo más de 100 votos, poco a poco los congresistas se distanciaron de ella, y finalmente se dio marcha atrás. Otros datos.
- El 23 de febrero de 2020, pocos días de haber asumido Allan Rodríguez como presidente del Congreso, se dio a conocer que decenas de exdiputados pidieron indemnización luego de que la Comisión Permanente, presidida por Alvaro Arzú, autorizara el pago por medio del acta 7-2019, con fecha 19 de diciembre.
- Entre los exdiputados que pidieron indemnización figuraban Salvador Baldizón, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez, Leocadio Juracán, Juan Ramón Lau, Haroldo Quej, Roberto Villate, Sandra Morán, entre otros.
- Finalmente, las autoridades informaron que no se autorizó el pago, aunque nunca brindaron mayores detalles al respecto.
En conclusión. En los últimos años, los intentos por incrementos y el pago de indemnizaciones a los diputados han generado gran controversia y resistencia. La ciudadanía no parece perdonar estas acciones, ya que percibe que los representantes no buscan cumplir con su labor, sino obtener beneficios.
- Ahora queda por ver si las acciones contra el incremento y la indemnización serán nuevamente frenadas o si, en esta ocasión, “los padres de la patria” lograrán salirse con la suya.