Los Bertossa, acusadores de Erwin Sperisen, siguen mostrando ilegalidades y descaro

La familia Bertossa, de Suiza, sigue mostrando su doble moral al aprovecharse de sus cargos para obtener beneficios personales o ideológicos, según recientes publicaciones de medios de comunicación de aquel país.

En perspectiva. Joëlle Bertossa, hermana del fiscal Yves Bertossa, quien participó en las elecciones municipales de Ginebra, realizadas el 23 de marzo de 2025, fue señalada de acciones irregulares al recibir fondos públicos para su empresa, provenientes del organismo donde era vicepresidenta.

• Joëlle fue vicepresidenta de la Fundación Cinéforom, de Ginebra, entre 2019 y 2024. Esta entidad se dedica a gestionar los fondos para promover el cine suizo entre un círculo de "pequeños amigos", como describe el medio Blick, el periódico más grande de Suiza.
• La empresa de esta productora y activista política, recibió, en el periodo en que ella fungió en el puesto, unos USD 2.8 M. La señalada asegura que no participó directamente en la asignación de fondos, pero fuentes consultadas por Blick, ven problemas éticos, conflicto de intereses y hasta posibles ilegalidades. 
• "No podemos dejar de notar que se trata a menudo de figuras de un ala izquierda, defensor de lecciones morales que parecen carecer de ellas desesperadamente. Pérdida de orientación moral, pero también de clarividencia. Basta muy poco para que estos círculos no comprendan que si continúan por ese camino sembrado de sospechas, al final se verán castigados con un giro a la derecha del grifo que los riega", le escribió directamente Michel Jeanneret, editor de Blick, a Joëlle, y a otros de sus cercanos que intentaron que no se divulgara la información.

Por qué importa. Este proceder de Joëlle solo confirma lo que se ha señalado en distintas ocasiones sobre el proceder de su familia. Empezando por su padre, Bernard Bertossa, quien fue fiscal general y fundó la oenegé TRIAL, financiada por entidades y organismos de izquierda para promover causas legales contra enemigos ideológicos.

• El caso más evidente y cercano a Guatemala es el de Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil. El exfuncionario ha sido enjuiciado cuatro veces en Suiza, bajo la acusación dirigida por Yves Bertossa, hijo de Bernard y hermano de Joëlle.
• Las primeras tres sentencias fueron anuladas por diversas irregularidades cometidas. Sin duda, la cuarta condena también será revertida. En los cuatro procesos la pena fue por diferente motivo. La última fue por ser cómplice de otros exfuncionarios de Guatemala, procesados por el Caso Pavón, que fueron absueltos. 
• La causa contra Sperisen, quien tiene doble nacionalidad (suiza-guatemalteca), fue promovida por la oenegé TRIAL, la entidad fundada por el papá del fiscal que persiguió al exdirector policial. De nuevo el conflicto de interés que no les importó a los Bertossa y menos a la "justicia" de Suiza, por cierto, país sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Qué destacar. Joëlle participó en las elecciones municipales de Ginebra del 23 de marzo y pasó a la segunda vuelta que se realizará el 13 de abril de 2025. Representa al Partido Socialista y su deseo es continuar al mando de entidades que manejan fondos públicos.

• Los señalamientos de Blick causaron un remezón previo a los comicios municipales. No obstante, las presiones para no publicar los hechos contra la cineasta y activista política, se divulgaron y llevó a los cuestionamientos contra Joëlle. Pero como sucedió con su hermano Yves, y su padre, Bernard, parecen no inmutarse. 
• Yves, incluso, ha ignorado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determinó que Sperisen sufrió violaciones de sus derechos humanos yde sus garantías procesales. 

Hemeroteca. La extinta CICIG, en contubernio con TRIAL, jueces, fiscales, burócratas, operadores políticos y activistas, se unieron para mantener a Sperisen en prisión y someterlo a tortura, violando la presunción de inocencia y con más ansias de venganza que de justicia. 

• En un proceso judicial por encargo –y con motivación ideológica–, se cometieron una serie de “fraudes” judiciales, incluyendo la fabricación de testimonios y testigos, bloqueos sistemáticos para la defensa, la manipulación de evidencia y, hasta llegar al sinsentido de declarar a Sperisen cómplice de una persona inocente.
• TRIAL International es una organización no gubernamental de abierta tendencia de izquierda, con sede en Ginebra. Es financiada por la Unión Europea, el Rockefeller Brothers Fund (RBF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tres de sus principales donantes.
•  Las “investigaciones” de la CICIG fueron parciales; enviaron afirmaciones sin realizar un análisis, incluyendo varios testimonios contradictorios.  Por su parte, los jueces no permitieron que los testigos de la defensa fueran escuchados. El procedimiento estuvo plagado de graves violaciones legales, incluida la toma de declaraciones de testigos sin la participación de Sperisen o sus abogados, lo que demuestra una falta de respeto a las garantías procesales. 

En conclusión. La financiación de la Unión Europea y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU –entre otros– de una oenegé que según el propio Tribunal Europeo de DD. HH. colabora y dirige la acusación en contra de una persona a la que, precisamente, se le violan sus derechos humanos, resulta patético. 

• No es casualidad que antiguos altos mandos de CICIG ahora estén en puestos directivos de entidades de “filantropía” que financian la persecución ideológicamente motivada, como la que sufre Sperisen desde 2012.
• Sperisen fue juzgado por cuarta ocasión -en septiembre de 2024- debido a que los fallos anteriores fueron anulados por diversas irregularidades. La primera condena contra el exfuncionario se dio en 2014. La sentencia fue cadena perpetua por la ejecución de reos en la cárcel Pavón.
• Fue capturado en 2012 por solicitud de oenegés vinculadas con grupos de izquierda, la CICIG que dirigía Francisco Dall'Anese y la fiscal general Claudia Paz y Paz, relacionada con la exguerrilla guatemalteca. La segunda condena contra el exdirector de la Policía fue de 15 años. El cuarto juicio se llevó a cabo porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó un nuevo proceso debido a las ilegalidades que, de nuevo, se repitieron en la cuarta ocasión.