EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La gestión del alcalde de Antigua, Juan Manuel Asturias Sueriras está plagada de irregularidades, abusos, hallazgos y compras sobrevaloradas. Una de esas compras no solo está groseramente sobrevalorada, sino que es producto del berrinche del alcalde. Pretendió usar un sistema de vigilancia provisto por privados —para dar seguridad a los vecinos y turistas— para control político y espionaje. Esta es la historia de ese berrinche; solo uno de ellos, pero hay más. En lo sucesivo, República Intelligence también los publicará.
Lo que está en juego en el caso de las cámaras de Antigua Guatemala no es solo dinero público, sino control. Un sistema de videovigilancia no solo graba calles; en manos de una institución transparente, con protocolos claros y supervisión externa, es una herramienta de seguridad. En manos de una administración opaca y corrupta, es algo distinto: un aparato para saber quién se mueve, cuándo y con quién.
La administración del alcalde Asturias ya utilizó el sistema existente —instalado y financiado por el sector privado— para imponer multas, colocar cepos y, según consta en actas del Concejo Municipal, para contratar a opositores y a personal de la municipalidad. La lógica de seguridad preventiva se diluyó. El sistema empezó a operar como herramienta de control político.
Cuando FUNDANTIGUA se retiró del convenio y la Corte de Constitucionalidad ordenó que el sistema quedara bajo la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, Asturias perdió ese acceso. Su respuesta fue inmediata: activar una ruta de contratación municipal para construir uno propio, bajo control exclusivo de la alcaldía, sin la supervisión que tenía el sistema original.
El expediente que hoy acumula contratos fraccionados, una adjudicación sin competencia, un audio comprometedor y un nuevo evento de hasta GTQ 154M (alrededor de USD 19.9M) no puede leerse solo como un problema de sobreprecio. Hay que leerlo como lo que parece ser: el intento de un alcalde por recuperar, a cualquier costo, la capacidad de vigilar a funcionarios, líderes empresariales, actores de oposición y vecinos de Antigua Guatemala.
El sistema del cual Asturias se quiere deshacer
La historia empieza antes de 2020. Antigua Guatemala tenía un problema serio de seguridad: asaltos, robos de vehículos, agresiones a turistas. Mientras que las autoridades buscaban soluciones el sector privado decidió actuar. Empresarios agrupados en FUNDANTIGUA instalaron el sistema con una inversión cercana USD 1M (GTQ 7.6M), lo entregaron en calidad de uso a la Municipalidad y a las autoridades de seguridad. Además, asumieron los costos de operación y mantenimiento.
El resultado fue visible. Los robos de vehículos bajaron, de más de 147 mensuales a cero por períodos sostenidos. Se desarticularon bandas. En uno de los casos, el centro de monitoreo permitió al Ministerio Público (MP) capturar al responsable del asesinato de una maestra en menos de 24 horas. El sistema se convirtió en modelo nacional. En la campaña presidencial de 2023, varios candidatos lo usaban como ejemplo de lo que debería replicarse en todo el país.
Lo que lo hacía funcionar era precisamente lo que Asturias quiso cambiar. El acceso al centro de monitoreo era controlado. El personal pasaba pruebas de polígrafo cada seis meses. La coordinación era con la PNC y el MP, no con la alcaldía. Las cámaras estaban diseñadas para seguir delincuentes, no para documentar multas ni para monitorear el movimiento de personas de interés político.
Con la llegada de Asturias, ese diseño desapareció; las cámaras empezaron a usarse para cepos, multas y contrataciones de allegados. FUNDANTIGUA documentó las desviaciones, se retiró del convenio en noviembre de 2025 y trasladó la operación a las autoridades nacionales. La CC lo respaldó en marzo de 2026.
La estructura de las compras
La contratación no llegó como un proyecto declarado con presupuesto, justificación técnica y licitación única. Llegó en piezas.
En Guatecompras aparecieron eventos fraccionados: cámaras, software, conectividad, nodos, servidores, energía, fibra óptica, almacenamiento en nube, mantenimiento. Cada uno, visto solo, parece una compra técnica menor. Vistos juntos, son la arquitectura completa de un nuevo centro de videovigilancia municipal bajo control exclusivo de la alcaldía.
La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe fraccionar adquisiciones para evadir procedimientos competitivos. Es un falta administrativa. Puede serlo también penal.
Hay un detalle que no es menor: un evento de adecuación de nodos de conectividad fue adjudicado por GTQ 87 500 —exactamente GTQ 2500 por debajo del umbral de GTQ 90 000 que, bajo el Artículo 43 inciso d de la ley, activa controles más estrictos. Esa cifra no parece casual.
El total de contratos ya identificados supera los GTQ 20M (alrededor de USD 2.6M). El nuevo evento —NOG 29953014— podría elevar la cifra hasta GTQ 154M (USD 19.9M). Todo para duplicar un sistema que opera sin costo alguno para la Municipalidad.
Contratos sin competencia
El contrato central del expediente es el NOG 26503999: arrendamiento con opción a compra de un sistema integral de videovigilancia adjudicado a WICOM Solutions, S.A. por GTQ 11.8M
Solo se presentó un oferente: WICOM. La junta le otorgó 100 puntos sin comparación técnica, sin presión de mercado, sin ningún segundo precio con el cual contrastar.
En los eventos vinculados al sistema de videovigilancia, los mismos nombres se repiten como integrantes titulares de las juntas licitadoras, proceso tras proceso.
La repetición fue señalada desde adentro. En varias actas del Concejo Municipal, las síndicas primera y segunda dejaron constancia formal de sus reservas: la integración recurrente de los mismos perfiles en procesos de alto impacto debilita la transparencia y reduce la rotación administrativa.
Esas advertencias quedaron escritas en actas. No cambiaron nada.
Una renta que no deja nada
El nuevo evento —NOG 29953014— tiene una característica que agrava todo lo anterior. No es una compra. Es un arrendamiento de 36 meses sin opción a compra.
La Municipalidad llegaría a pagar entre GTQ 41M (USD 5.3M) y GTQ 154M (USD 19.9M) durante tres años. Al vencerse el contrato, el sistema no quedaría como patrimonio municipal. Las cámaras, los servidores, la plataforma: todo regresa al proveedor. La ciudad paga. La empresa conserva. Y si Antigua quiere seguir con el sistema, tendrá que volver a contratar.
El proyecto contemplaría 638 cámaras tipo bala, 229 cámaras PTZ, 15 lectoras de placas, 15 cámaras de reconocimiento facial, 107 botones de emergencia y 3 drones. Es decir: un aparato de vigilancia masiva que, en el modelo propuesto, nunca llegaría a ser propiedad del municipio, pero sí quedaría bajo control operativo de la alcaldía durante tres años.
La señal política más clara vino desde adentro. La síndica primera Lucy Elizabeth López Estrada —una de las principales aliadas del alcalde en el Concejo Municipal— votó en contra del proyecto y dejó razonado su voto: los costos presentados no corresponden a la realidad del país. Su posición rompió la línea oficialista.
El precio que no se explica
El sistema de FUNDANTIGUA —500 cámaras, fibra óptica, lectores de placa, botones de pánico, centro de monitoreo con operación y mantenimiento incluidos— costó aproximadamente USD 1M, monto que contrasta drásticamente con el contratado por Asturias.
El sistema que Asturias quiere construir acumula, ya, más de GTQ 20M en contratos identificados y ni siquiera hay equipo operando. Con el nuevo evento, podría llegar a GTQ 154M. La diferencia no tiene explicación técnica ni racional. La tecnología de videovigilancia no subió de precio entre 2020 y 2025: bajó. Las cámaras, los servidores, la fibra y los lectores de placa cuestan hoy menos que hace cinco años.
Cuando en el Concejo Municipal se preguntó por los precios, la respuesta siempre fue la misma: “Los antigüeños merecen lo mejor”. Esa frase es pose. No explica por qué el único oferente obtuvo 100 puntos. No aclara quién redactó las bases.
Esas bases de licitación especifican equipos de la marca Dahua Technology, fabricante chino que desde 2019 figura en la lista de restricción de Estados Unidos bajo la National Defense Authorization Act por riesgos de espionaje y manejo de datos. En Guatemala, esa marca la distribuye una sola empresa. Eso es, también, prohibido por la ley.
El futuro de Antigua Guatemala
Antigua Guatemala es Patrimonio de la Humanidad. Tiene un sistema de cámaras que funciona, que el sector privado financió y mantiene, y que no le cuesta nada al municipio.
La Corte de Constitucionalidad ya resolvió: ese sistema se queda bajo la PNC y el MINGOB.
Y aun así, el alcalde Asturias rompió con quienes lo financiaron, peleó en los tribunales, perdió, y hoy pretende gastar hasta GTQ 154M de fondos públicos en una renta de cámaras que, al final del contrato, tampoco quedarán como propiedad de Antigua.
La sobrevaloración es grosera, al igual que la actitud del alcalde Asturias.
La gestión del alcalde de Antigua, Juan Manuel Asturias Sueriras está plagada de irregularidades, abusos, hallazgos y compras sobrevaloradas. Una de esas compras no solo está groseramente sobrevalorada, sino que es producto del berrinche del alcalde. Pretendió usar un sistema de vigilancia provisto por privados —para dar seguridad a los vecinos y turistas— para control político y espionaje. Esta es la historia de ese berrinche; solo uno de ellos, pero hay más. En lo sucesivo, República Intelligence también los publicará.
Lo que está en juego en el caso de las cámaras de Antigua Guatemala no es solo dinero público, sino control. Un sistema de videovigilancia no solo graba calles; en manos de una institución transparente, con protocolos claros y supervisión externa, es una herramienta de seguridad. En manos de una administración opaca y corrupta, es algo distinto: un aparato para saber quién se mueve, cuándo y con quién.
La administración del alcalde Asturias ya utilizó el sistema existente —instalado y financiado por el sector privado— para imponer multas, colocar cepos y, según consta en actas del Concejo Municipal, para contratar a opositores y a personal de la municipalidad. La lógica de seguridad preventiva se diluyó. El sistema empezó a operar como herramienta de control político.
Cuando FUNDANTIGUA se retiró del convenio y la Corte de Constitucionalidad ordenó que el sistema quedara bajo la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, Asturias perdió ese acceso. Su respuesta fue inmediata: activar una ruta de contratación municipal para construir uno propio, bajo control exclusivo de la alcaldía, sin la supervisión que tenía el sistema original.
El expediente que hoy acumula contratos fraccionados, una adjudicación sin competencia, un audio comprometedor y un nuevo evento de hasta GTQ 154M (alrededor de USD 19.9M) no puede leerse solo como un problema de sobreprecio. Hay que leerlo como lo que parece ser: el intento de un alcalde por recuperar, a cualquier costo, la capacidad de vigilar a funcionarios, líderes empresariales, actores de oposición y vecinos de Antigua Guatemala.
El sistema del cual Asturias se quiere deshacer
La historia empieza antes de 2020. Antigua Guatemala tenía un problema serio de seguridad: asaltos, robos de vehículos, agresiones a turistas. Mientras que las autoridades buscaban soluciones el sector privado decidió actuar. Empresarios agrupados en FUNDANTIGUA instalaron el sistema con una inversión cercana USD 1M (GTQ 7.6M), lo entregaron en calidad de uso a la Municipalidad y a las autoridades de seguridad. Además, asumieron los costos de operación y mantenimiento.
El resultado fue visible. Los robos de vehículos bajaron, de más de 147 mensuales a cero por períodos sostenidos. Se desarticularon bandas. En uno de los casos, el centro de monitoreo permitió al Ministerio Público (MP) capturar al responsable del asesinato de una maestra en menos de 24 horas. El sistema se convirtió en modelo nacional. En la campaña presidencial de 2023, varios candidatos lo usaban como ejemplo de lo que debería replicarse en todo el país.
Lo que lo hacía funcionar era precisamente lo que Asturias quiso cambiar. El acceso al centro de monitoreo era controlado. El personal pasaba pruebas de polígrafo cada seis meses. La coordinación era con la PNC y el MP, no con la alcaldía. Las cámaras estaban diseñadas para seguir delincuentes, no para documentar multas ni para monitorear el movimiento de personas de interés político.
Con la llegada de Asturias, ese diseño desapareció; las cámaras empezaron a usarse para cepos, multas y contrataciones de allegados. FUNDANTIGUA documentó las desviaciones, se retiró del convenio en noviembre de 2025 y trasladó la operación a las autoridades nacionales. La CC lo respaldó en marzo de 2026.
La estructura de las compras
La contratación no llegó como un proyecto declarado con presupuesto, justificación técnica y licitación única. Llegó en piezas.
En Guatecompras aparecieron eventos fraccionados: cámaras, software, conectividad, nodos, servidores, energía, fibra óptica, almacenamiento en nube, mantenimiento. Cada uno, visto solo, parece una compra técnica menor. Vistos juntos, son la arquitectura completa de un nuevo centro de videovigilancia municipal bajo control exclusivo de la alcaldía.
La Ley de Contrataciones del Estado prohíbe fraccionar adquisiciones para evadir procedimientos competitivos. Es un falta administrativa. Puede serlo también penal.
Hay un detalle que no es menor: un evento de adecuación de nodos de conectividad fue adjudicado por GTQ 87 500 —exactamente GTQ 2500 por debajo del umbral de GTQ 90 000 que, bajo el Artículo 43 inciso d de la ley, activa controles más estrictos. Esa cifra no parece casual.
El total de contratos ya identificados supera los GTQ 20M (alrededor de USD 2.6M). El nuevo evento —NOG 29953014— podría elevar la cifra hasta GTQ 154M (USD 19.9M). Todo para duplicar un sistema que opera sin costo alguno para la Municipalidad.
Contratos sin competencia
El contrato central del expediente es el NOG 26503999: arrendamiento con opción a compra de un sistema integral de videovigilancia adjudicado a WICOM Solutions, S.A. por GTQ 11.8M
Solo se presentó un oferente: WICOM. La junta le otorgó 100 puntos sin comparación técnica, sin presión de mercado, sin ningún segundo precio con el cual contrastar.
En los eventos vinculados al sistema de videovigilancia, los mismos nombres se repiten como integrantes titulares de las juntas licitadoras, proceso tras proceso.
La repetición fue señalada desde adentro. En varias actas del Concejo Municipal, las síndicas primera y segunda dejaron constancia formal de sus reservas: la integración recurrente de los mismos perfiles en procesos de alto impacto debilita la transparencia y reduce la rotación administrativa.
Esas advertencias quedaron escritas en actas. No cambiaron nada.
Una renta que no deja nada
El nuevo evento —NOG 29953014— tiene una característica que agrava todo lo anterior. No es una compra. Es un arrendamiento de 36 meses sin opción a compra.
La Municipalidad llegaría a pagar entre GTQ 41M (USD 5.3M) y GTQ 154M (USD 19.9M) durante tres años. Al vencerse el contrato, el sistema no quedaría como patrimonio municipal. Las cámaras, los servidores, la plataforma: todo regresa al proveedor. La ciudad paga. La empresa conserva. Y si Antigua quiere seguir con el sistema, tendrá que volver a contratar.
El proyecto contemplaría 638 cámaras tipo bala, 229 cámaras PTZ, 15 lectoras de placas, 15 cámaras de reconocimiento facial, 107 botones de emergencia y 3 drones. Es decir: un aparato de vigilancia masiva que, en el modelo propuesto, nunca llegaría a ser propiedad del municipio, pero sí quedaría bajo control operativo de la alcaldía durante tres años.
La señal política más clara vino desde adentro. La síndica primera Lucy Elizabeth López Estrada —una de las principales aliadas del alcalde en el Concejo Municipal— votó en contra del proyecto y dejó razonado su voto: los costos presentados no corresponden a la realidad del país. Su posición rompió la línea oficialista.
El precio que no se explica
El sistema de FUNDANTIGUA —500 cámaras, fibra óptica, lectores de placa, botones de pánico, centro de monitoreo con operación y mantenimiento incluidos— costó aproximadamente USD 1M, monto que contrasta drásticamente con el contratado por Asturias.
El sistema que Asturias quiere construir acumula, ya, más de GTQ 20M en contratos identificados y ni siquiera hay equipo operando. Con el nuevo evento, podría llegar a GTQ 154M. La diferencia no tiene explicación técnica ni racional. La tecnología de videovigilancia no subió de precio entre 2020 y 2025: bajó. Las cámaras, los servidores, la fibra y los lectores de placa cuestan hoy menos que hace cinco años.
Cuando en el Concejo Municipal se preguntó por los precios, la respuesta siempre fue la misma: “Los antigüeños merecen lo mejor”. Esa frase es pose. No explica por qué el único oferente obtuvo 100 puntos. No aclara quién redactó las bases.
Esas bases de licitación especifican equipos de la marca Dahua Technology, fabricante chino que desde 2019 figura en la lista de restricción de Estados Unidos bajo la National Defense Authorization Act por riesgos de espionaje y manejo de datos. En Guatemala, esa marca la distribuye una sola empresa. Eso es, también, prohibido por la ley.
El futuro de Antigua Guatemala
Antigua Guatemala es Patrimonio de la Humanidad. Tiene un sistema de cámaras que funciona, que el sector privado financió y mantiene, y que no le cuesta nada al municipio.
La Corte de Constitucionalidad ya resolvió: ese sistema se queda bajo la PNC y el MINGOB.
Y aun así, el alcalde Asturias rompió con quienes lo financiaron, peleó en los tribunales, perdió, y hoy pretende gastar hasta GTQ 154M de fondos públicos en una renta de cámaras que, al final del contrato, tampoco quedarán como propiedad de Antigua.
La sobrevaloración es grosera, al igual que la actitud del alcalde Asturias.
