EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Prisión preventiva excesiva, pruebas y testimonios falsos, rechazo a pruebas de la defensa, confabulación entre el fiscal y los jueces, persecución ideologizada y no tendiente a la averiguación de la verdad, desprecio absoluto por los derechos humanos del procesado.
Una persona condenada tres veces —pero tres veces revertida su condena por tribunales superiores—, pues los jueces que conocieron el caso violaron los derechos humanos.
No se trata de Guatemala, sino de Ginebra, Suiza. El “caso” contra Sperisen ha estado plagado de esas y otras violaciones al debido proceso y DD. HH.
No es casualidad que eso haya ocurrido en aquella jurisdicción, que, a diferencia del resto de ese país, tiene un estamento judicial altamente politizado e ideologizado.
No es casualidad, tampoco, que los juicios contra el exdirector de la PNC hayan sido “armados” por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pues ese fue su modus operandi, así como su leitmotiv durante su mandato: la persecución ideológica a toda costa.
La extinta Comisión no inventó los vicios judiciales en Guatemala —ni en Ginebra— pero sí los aprovechó y exacerbó; se aprovechó del corroído entramado en las instituciones de justicia, tanto acá como allá. En otras jurisdicciones, como España y Austria, no logró que los tribunales dieran valor a acusaciones basadas en falsedades y fabricaciones.
En Guatemala, la CICIG sí lo consiguió en algunos casos, pero en muchos otros no, que ahora se desploman bajo revisión superior y sin la amenaza latente de persecución a jueces que osaran fallar contra los intereses de esa Comisión y de sus operadores.
Para condenar, se usaron convenios de colaboración sin verificación de la declaración rendida, pruebas documentales inconsistentes, violación de la presunción de inocencia y prisión preventiva excesiva. Los estándares bajo los que operó la CICIG. Lo que ocurrió en contra de Sperisen.
El lunes de la próxima semana, el exdirector enfrentará su cuarto juicio; será el mismo fiscal sesgado y, aunque esta vez quien juzgue a Sperisen será distinto a las ocasiones anteriores, el fiscal que lo acusa ha sido el abogado personal de la que ahora será la jueza. El conflicto de interés —vaya, el impedimento absoluto— es claro, pero no para la justicia ginebrina, que en eso no ve nada malo. Si no fuera trágico, daría risa.
La CICIG acusó a empresarios por supuesto financiamiento electoral ilícito, cuando el origen del dinero era perfectamente lícito —lo que precluía esa imputación—, resulta igual de ridículo que lo ocurrido en Ginebra, en donde se condenó a una persona por ser cómplice de un inocente. ¿Cómplice de qué?
Los paralelismos entre los abusos cometidos por CICIG y por la justicia ginebrina no son casualidad. En ambos casos se trató —como se ha apuntado— de la instrumentalización de la justicia con fines ideológicos. Para conseguir sus fines, violaron garantías procesales y violaron los DD. HH. de los acusados.
Luego de la vergüenza judicial en Suiza, y de los múltiples casos en donde se ha comprobado que la CICIG abusó de su poder sin desparpajo, quien sabe y podrá empezar a despertar la conciencia en quienes aún no ocurre eso.
La develación de la verdad de CICIG, de lo que hizo en Guatemala y en Ginebra, es el comienzo del fin del mito. La verdad no puede esconderse por más tiempo.
Prisión preventiva excesiva, pruebas y testimonios falsos, rechazo a pruebas de la defensa, confabulación entre el fiscal y los jueces, persecución ideologizada y no tendiente a la averiguación de la verdad, desprecio absoluto por los derechos humanos del procesado.
Una persona condenada tres veces —pero tres veces revertida su condena por tribunales superiores—, pues los jueces que conocieron el caso violaron los derechos humanos.
No se trata de Guatemala, sino de Ginebra, Suiza. El “caso” contra Sperisen ha estado plagado de esas y otras violaciones al debido proceso y DD. HH.
No es casualidad que eso haya ocurrido en aquella jurisdicción, que, a diferencia del resto de ese país, tiene un estamento judicial altamente politizado e ideologizado.
No es casualidad, tampoco, que los juicios contra el exdirector de la PNC hayan sido “armados” por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pues ese fue su modus operandi, así como su leitmotiv durante su mandato: la persecución ideológica a toda costa.
La extinta Comisión no inventó los vicios judiciales en Guatemala —ni en Ginebra— pero sí los aprovechó y exacerbó; se aprovechó del corroído entramado en las instituciones de justicia, tanto acá como allá. En otras jurisdicciones, como España y Austria, no logró que los tribunales dieran valor a acusaciones basadas en falsedades y fabricaciones.
En Guatemala, la CICIG sí lo consiguió en algunos casos, pero en muchos otros no, que ahora se desploman bajo revisión superior y sin la amenaza latente de persecución a jueces que osaran fallar contra los intereses de esa Comisión y de sus operadores.
Para condenar, se usaron convenios de colaboración sin verificación de la declaración rendida, pruebas documentales inconsistentes, violación de la presunción de inocencia y prisión preventiva excesiva. Los estándares bajo los que operó la CICIG. Lo que ocurrió en contra de Sperisen.
El lunes de la próxima semana, el exdirector enfrentará su cuarto juicio; será el mismo fiscal sesgado y, aunque esta vez quien juzgue a Sperisen será distinto a las ocasiones anteriores, el fiscal que lo acusa ha sido el abogado personal de la que ahora será la jueza. El conflicto de interés —vaya, el impedimento absoluto— es claro, pero no para la justicia ginebrina, que en eso no ve nada malo. Si no fuera trágico, daría risa.
La CICIG acusó a empresarios por supuesto financiamiento electoral ilícito, cuando el origen del dinero era perfectamente lícito —lo que precluía esa imputación—, resulta igual de ridículo que lo ocurrido en Ginebra, en donde se condenó a una persona por ser cómplice de un inocente. ¿Cómplice de qué?
Los paralelismos entre los abusos cometidos por CICIG y por la justicia ginebrina no son casualidad. En ambos casos se trató —como se ha apuntado— de la instrumentalización de la justicia con fines ideológicos. Para conseguir sus fines, violaron garantías procesales y violaron los DD. HH. de los acusados.
Luego de la vergüenza judicial en Suiza, y de los múltiples casos en donde se ha comprobado que la CICIG abusó de su poder sin desparpajo, quien sabe y podrá empezar a despertar la conciencia en quienes aún no ocurre eso.
La develación de la verdad de CICIG, de lo que hizo en Guatemala y en Ginebra, es el comienzo del fin del mito. La verdad no puede esconderse por más tiempo.
