Leyla Lemus: “La independencia judicial debe preservarse frente a presiones internas y externas”

“La independencia judicial debe preservarse frente al poder político interno como frente a presiones internacionales, organismos multilaterales o movimientos ideológicos que pretendan instrumentalizar la justicia”. Con esta afirmación, la magistrada Leyla Lemus, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), inauguró el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, marcando el inicio de una reflexión profunda sobre los desafíos que enfrenta el orden constitucional contemporáneo.

Qué destacar. Su lección inaugural, titulada “El orden constitucional contemporáneo: entre la soberanía nacional y los desafíos supranacionales”, abordó con firmeza la necesidad de proteger la independencia judicial como pilar esencial del Estado de Derecho.

• Lemus destacó que el orden constitucional no es una abstracción teórica, sino el fundamento de la convivencia democrática. Es el pacto social que cada nación ha construido desde su historia, sus valores y sus aspiraciones colectivas. Defender ese orden, afirmó, no implica "aislamiento", sino afirmación de la voluntad popular soberana expresada en la Constitución.
• Uno de los ejes centrales de su intervención fue la advertencia sobre la politización de la justicia constitucional. Señaló que este fenómeno se presenta cuando los tribunales abandonan su rol de intérpretes neutrales para convertirse en promotores de agendas ideológicas o políticas.
• “El activismo judicial ideológico es peligroso porque se presenta bajo la apariencia de defensa de derechos, pero en realidad constituye una usurpación de funciones de los poderes democráticamente elegidos”, afirmó.

Por qué importa. La magistrada insistió en que los jueces constitucionales deben ser "guardianes de la Constitución, no arquitectos sociales". Su función es interpretar el derecho vigente, no crear uno nuevo conforme a preferencias personales o modas intelectuales.

• En ese sentido, subrayó que la legitimidad de los jueces proviene exclusivamente de la Constitución nacional, no de su alineamiento con corrientes ideológicas internacionales.
• Lemus también abordó el impacto de los organismos internacionales en la justicia constitucional. Reconoció los avances del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente el sistema interamericano, pero advirtió que su intervención debe regirse por el principio de subsidiariedad. Este principio establece que la protección internacional solo debe activarse cuando los sistemas nacionales han fallado en proporcionar tutela efectiva, remarcó.
• Criticó la transformación de algunos organismos internacionales en instancias de cuarta o quinta revisión, que sistemáticamente cuestionan decisiones judiciales nacionales adoptadas con pleno respeto al debido proceso. Esta práctica, señaló, "erosiona la autoridad de los tribunales constitucionales, incentiva el forum shopping y permite que grupos de presión impongan agendas ideológicas ajenas a las decisiones democráticas de los pueblos".

En conclusión. En defensa de la soberanía jurídica, Lemus presentó el concepto de orden público constitucional, que reconoce un núcleo esencial de principios que definen la identidad jurídica de cada nación. Este núcleo -que incluye los valores fundacionales, los derechos fundamentales y la supremacía constitucional- no puede ser desplazado por normas internacionales sin alterar el pacto constitucional.

• Sobre la doctrina del control de convencionalidad, desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la magistrada llamó a una reflexión crítica. Consideró problemático que se exija a jueces nacionales inaplicar normas constitucionales o revertir decisiones de tribunales constitucionales basándose exclusivamente en interpretaciones internacionales. “Cuando surge un conflicto irreductible entre la Constitución y la interpretación de un tribunal internacional, debe prevalecer la Constitución”, sostuvo.
• En su cierre, Lemus reiteró seis convicciones fundamentales: la supremacía constitucional no es negociable; la independencia judicial debe preservarse frente a presiones internas y externas; la justicia constitucional exige rigor técnico y prudencia institucional; el diálogo entre jurisdicciones debe basarse en respeto mutuo; el pluralismo democrático debe ser defendido; y la Constitución representa el pacto fundacional de cada nación.
• Con un llamado a la honestidad intelectual y al pensamiento crítico, la magistrada invitó a los participantes del Congreso a cuestionar dogmas, defender convicciones con argumentos sólidos y privilegiar el análisis jurídico profundo. Solo así, concluyó, se podrá estar a la altura de la responsabilidad histórica de preservar el Estado de Derecho y garantizar la libertad de los ciudadanos.