EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: .
26 de mayo, 2025
El Gobierno prepara para una reforma clave en su sistema portuario con la iniciativa de ley general del sistema portuario nacional; busca modernizar la infraestructura y dinamizar la inversión, enfrentando el reto de equilibrar la autonomía de los puertos públicos con una mayor influencia estatal y apertura a la competencia privada.
Por qué importa. La modernización portuaria es esencial para la competitividad y el desarrollo económico. La iniciativa pretende superar años de rezago, promoviendo reglas claras para la inversión y una gestión más eficiente.
- Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), señala que “la modernización portuaria es prioridad” para el sector exportador. Agrega que es urgente abrir espacio a nuevos operadores privados y mejorar la eficiencia de las instalaciones públicas.
- Fernando Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, resalta que la ley busca crear “condiciones jurídicas para la diversificación de las instalaciones portuarias”, permitiendo la explotación comercial de la línea de costa y zona marítima tanto por entes públicos como privados, pero “manteniendo el control del Estado en todo momento”.
- Ambos entrevistados coinciden en que [la ley] permitirá atraer inversión, mejorar la infraestructura y responder a la creciente demanda del comercio exterior.
Punto de fricción. El mayor debate gira en torno al alcance real de la nueva autoridad y la autonomía de los puertos públicos. La influencia del gobierno central sobre instalaciones como Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla es vista como insuficiente por el sector privado.
- Carballido advierte: “el otro tema que nos parece que se quedó corto es el grado de influencia de esta autoridad en los puertos públicos”. Explica que estos puertos nacieron con leyes propias que les otorgan autonomía, permitiéndoles tomar decisiones sin consultar a ministros o al presidente.
- Esta autonomía, según Carballido, ha derivado en “pocas operaciones, poca inversión, poca modernización”, volviendo a los puertos menos eficientes y estancados en su desarrollo.
- El sector privado considera que la autoridad debería tener más injerencia en la toma de decisiones de los puertos públicos para exigir modernización e inversión que no se han realizado en años.
Lo indispensable. La iniciativa introduce mecanismos para diversificar instalaciones, facilitar inversiones y alinear los planes portuarios con una visión estratégica nacional, aunque la intervención gubernamental sobre los puertos públicos sigue siendo limitada.
- Suriano subraya que la ley dotará a los privados de “certeza jurídica de su inversión, participación y operación a través de reglas claras”, mientras el Estado mantiene la rectoría y regula la competencia.
- La Autoridad Portuaria podrá aprobar nuevos proyectos privados y exigir a los puertos públicos la alineación de sus planes de inversión con la política nacional, aunque solo podrá opinar, no exigir cambios.
- La ley fomenta la articulación con otros modos de transporte y una mejor coordinación entre autoridades aduaneras, migratorias y de seguridad, pero deja pendiente el reto de exigir eficiencia a los puertos públicos.
Ahora qué. La aprobación de la ley marcaría el inicio de una etapa de transición, con la creación
de la nueva autoridad y la adaptación de los puertos a las nuevas reglas. El desafío será implementar cambios efectivos y lograr que la modernización no quede solo en el papel.
- Suriano advierte que, tras la aprobación, “habría que crear la Autoridad” y fijar plazos de transición para que las empresas públicas adopten los nuevos mecanismos de gestión.
- El sector privado, aunque apoya la iniciativa, insiste en que el Congreso escuche sus propuestas para fortalecer la influencia de la autoridad y garantizar una verdadera modernización.
- El éxito dependerá de la capacidad de articular intereses públicos y privados, priorizando eficiencia, inversión y competitividad en el sistema portuario nacional.Te puede interesar
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26 de mayo, 2025
El Gobierno prepara para una reforma clave en su sistema portuario con la iniciativa de ley general del sistema portuario nacional; busca modernizar la infraestructura y dinamizar la inversión, enfrentando el reto de equilibrar la autonomía de los puertos públicos con una mayor influencia estatal y apertura a la competencia privada.
Por qué importa. La modernización portuaria es esencial para la competitividad y el desarrollo económico. La iniciativa pretende superar años de rezago, promoviendo reglas claras para la inversión y una gestión más eficiente.
- Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), señala que “la modernización portuaria es prioridad” para el sector exportador. Agrega que es urgente abrir espacio a nuevos operadores privados y mejorar la eficiencia de las instalaciones públicas.
- Fernando Suriano, viceministro de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, resalta que la ley busca crear “condiciones jurídicas para la diversificación de las instalaciones portuarias”, permitiendo la explotación comercial de la línea de costa y zona marítima tanto por entes públicos como privados, pero “manteniendo el control del Estado en todo momento”.
- Ambos entrevistados coinciden en que [la ley] permitirá atraer inversión, mejorar la infraestructura y responder a la creciente demanda del comercio exterior.
Punto de fricción. El mayor debate gira en torno al alcance real de la nueva autoridad y la autonomía de los puertos públicos. La influencia del gobierno central sobre instalaciones como Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla es vista como insuficiente por el sector privado.
- Carballido advierte: “el otro tema que nos parece que se quedó corto es el grado de influencia de esta autoridad en los puertos públicos”. Explica que estos puertos nacieron con leyes propias que les otorgan autonomía, permitiéndoles tomar decisiones sin consultar a ministros o al presidente.
- Esta autonomía, según Carballido, ha derivado en “pocas operaciones, poca inversión, poca modernización”, volviendo a los puertos menos eficientes y estancados en su desarrollo.
- El sector privado considera que la autoridad debería tener más injerencia en la toma de decisiones de los puertos públicos para exigir modernización e inversión que no se han realizado en años.
Lo indispensable. La iniciativa introduce mecanismos para diversificar instalaciones, facilitar inversiones y alinear los planes portuarios con una visión estratégica nacional, aunque la intervención gubernamental sobre los puertos públicos sigue siendo limitada.
- Suriano subraya que la ley dotará a los privados de “certeza jurídica de su inversión, participación y operación a través de reglas claras”, mientras el Estado mantiene la rectoría y regula la competencia.
- La Autoridad Portuaria podrá aprobar nuevos proyectos privados y exigir a los puertos públicos la alineación de sus planes de inversión con la política nacional, aunque solo podrá opinar, no exigir cambios.
- La ley fomenta la articulación con otros modos de transporte y una mejor coordinación entre autoridades aduaneras, migratorias y de seguridad, pero deja pendiente el reto de exigir eficiencia a los puertos públicos.
Ahora qué. La aprobación de la ley marcaría el inicio de una etapa de transición, con la creación
de la nueva autoridad y la adaptación de los puertos a las nuevas reglas. El desafío será implementar cambios efectivos y lograr que la modernización no quede solo en el papel.
- Suriano advierte que, tras la aprobación, “habría que crear la Autoridad” y fijar plazos de transición para que las empresas públicas adopten los nuevos mecanismos de gestión.
- El sector privado, aunque apoya la iniciativa, insiste en que el Congreso escuche sus propuestas para fortalecer la influencia de la autoridad y garantizar una verdadera modernización.
- El éxito dependerá de la capacidad de articular intereses públicos y privados, priorizando eficiencia, inversión y competitividad en el sistema portuario nacional.Te puede interesar
