EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La ley general del sistema portuario nacional se acerca a una nueva etapa en el Congreso de la República. Aunque los principales aspectos técnicos y operativos ya cuentan con consenso, aún persisten diferencias respecto a la integración del directorio de la futura Autoridad Portuaria Nacional.
El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, explicó que la mayor parte de las discusiones sobre el contenido de la ley ya fueron superadas. Según indicó, existe acuerdo en aspectos considerados sustantivos, entre ellos el respeto a las leyes orgánicas de los puertos públicos existentes, así como las modificaciones relacionadas con las funciones de la nueva autoridad portuaria.
“En los temas sustantivos de la ley los acuerdos están alcanzados”, afirmó el legislador. Agregó que las enmiendas impulsadas buscan delimitar con claridad las competencias de la Autoridad Portuaria Nacional para que esta se concentre en la protección portuaria y el cumplimiento de estándares internacionales, sin asumir funciones relacionadas con la inspección de carga.
La Comisión de Economía distribuyó 28 enmiendas entre sus integrantes. Estas modificaciones incluyen ajustes para garantizar la autonomía operativa de los puertos existentes y cambios a los artículos 46 y 47, que originalmente otorgaban facultades vinculadas a inspecciones de carga. Tras las revisiones técnicas, la propuesta orienta esas atribuciones hacia el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.
Sin embargo, la integración del directorio de la autoridad portuaria continúa como el principal punto de debate. Actualmente, el dictamen contempla representantes de los ministerios de Comunicaciones, Economía y Gobernación, además de un delegado del Consejo de Usuarios de Puertos y un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Precisamente la participación de la SAT es el elemento que genera dudas entre algunos sectores. Ayala señaló que existe discusión sobre si la autoridad aduanera debe formar parte del órgano directivo cuando ya ejerce funciones específicas dentro de la actividad portuaria.
“Lo que no hay es un acuerdo para quién sustituiría a la SAT en el directorio”, reconoció.
Entre las alternativas que se analizan figuran un representante del Congreso, un delegado de la Procuraduría General de la Nación, un integrante adicional del Ejecutivo, un representante de la Agencia Nacional de Infraestructura o incluso un segundo espacio para el sector privado. La falta de consenso obliga a revisar otros artículos vinculados a los mecanismos de designación y duración de los cargos.
Los sindicatos portuarios también hicieron sentir su presencia durante la discusión de la iniciativa con objeciones relacionadas, principalmente, con la gobernanza y los espacios de participación dentro de la futura autoridad portuaria. Sin embargo, una vez quedó claro que la ley no modificaría derechos laborales ni beneficios vigentes, las críticas perdieron fuerza. El episodio reflejó una dinámica frecuente en Guatemala: las reformas orientadas a modernizar instituciones suelen enfrentar resistencia cuando amenazan estructuras o cuotas de influencia ya establecidas.
Respaldo internacional
La discusión está bajo la lupa, pues ayer durante una reunión entre autoridades del Congreso y representantes de la Unión Europea, diplomáticos europeos destacaron la importancia de aprobar el proyecto, que impulsa la modernización del sistema portuario nacional. A juicio de la delegación, la normativa contribuiría a fortalecer la competitividad del país, mejorar la logística y atraer nuevas inversiones.
De acuerdo con Ayala, el presidente del Congreso, Luis Contreras, mantiene la intención de incluir la iniciativa en la primera sesión extraordinaria de julio, lo que abriría la puerta para que una de las reformas económicas más relevantes de los últimos años avance finalmente hacia su aprobación.
La ley general del sistema portuario nacional se acerca a una nueva etapa en el Congreso de la República. Aunque los principales aspectos técnicos y operativos ya cuentan con consenso, aún persisten diferencias respecto a la integración del directorio de la futura Autoridad Portuaria Nacional.
El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, explicó que la mayor parte de las discusiones sobre el contenido de la ley ya fueron superadas. Según indicó, existe acuerdo en aspectos considerados sustantivos, entre ellos el respeto a las leyes orgánicas de los puertos públicos existentes, así como las modificaciones relacionadas con las funciones de la nueva autoridad portuaria.
“En los temas sustantivos de la ley los acuerdos están alcanzados”, afirmó el legislador. Agregó que las enmiendas impulsadas buscan delimitar con claridad las competencias de la Autoridad Portuaria Nacional para que esta se concentre en la protección portuaria y el cumplimiento de estándares internacionales, sin asumir funciones relacionadas con la inspección de carga.
La Comisión de Economía distribuyó 28 enmiendas entre sus integrantes. Estas modificaciones incluyen ajustes para garantizar la autonomía operativa de los puertos existentes y cambios a los artículos 46 y 47, que originalmente otorgaban facultades vinculadas a inspecciones de carga. Tras las revisiones técnicas, la propuesta orienta esas atribuciones hacia el cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias.
Sin embargo, la integración del directorio de la autoridad portuaria continúa como el principal punto de debate. Actualmente, el dictamen contempla representantes de los ministerios de Comunicaciones, Economía y Gobernación, además de un delegado del Consejo de Usuarios de Puertos y un representante de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Precisamente la participación de la SAT es el elemento que genera dudas entre algunos sectores. Ayala señaló que existe discusión sobre si la autoridad aduanera debe formar parte del órgano directivo cuando ya ejerce funciones específicas dentro de la actividad portuaria.
“Lo que no hay es un acuerdo para quién sustituiría a la SAT en el directorio”, reconoció.
Entre las alternativas que se analizan figuran un representante del Congreso, un delegado de la Procuraduría General de la Nación, un integrante adicional del Ejecutivo, un representante de la Agencia Nacional de Infraestructura o incluso un segundo espacio para el sector privado. La falta de consenso obliga a revisar otros artículos vinculados a los mecanismos de designación y duración de los cargos.
Los sindicatos portuarios también hicieron sentir su presencia durante la discusión de la iniciativa con objeciones relacionadas, principalmente, con la gobernanza y los espacios de participación dentro de la futura autoridad portuaria. Sin embargo, una vez quedó claro que la ley no modificaría derechos laborales ni beneficios vigentes, las críticas perdieron fuerza. El episodio reflejó una dinámica frecuente en Guatemala: las reformas orientadas a modernizar instituciones suelen enfrentar resistencia cuando amenazan estructuras o cuotas de influencia ya establecidas.
Respaldo internacional
La discusión está bajo la lupa, pues ayer durante una reunión entre autoridades del Congreso y representantes de la Unión Europea, diplomáticos europeos destacaron la importancia de aprobar el proyecto, que impulsa la modernización del sistema portuario nacional. A juicio de la delegación, la normativa contribuiría a fortalecer la competitividad del país, mejorar la logística y atraer nuevas inversiones.
De acuerdo con Ayala, el presidente del Congreso, Luis Contreras, mantiene la intención de incluir la iniciativa en la primera sesión extraordinaria de julio, lo que abriría la puerta para que una de las reformas económicas más relevantes de los últimos años avance finalmente hacia su aprobación.
