EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La iniciativa 5906, presentada hace casi cinco años —ahora en segundo debate—, plantea financiarse mediante un cobro a cada pasajero extranjero que adquiera un boleto aéreo hacia Guatemala, lo que implicaría una nueva carga para el sector turístico. Algunas voces advierten que la propuesta amplía la burocracia estatal y prioriza el gasto, en lugar de la eficiencia y competitividad.
Por qué importa. La propuesta se encuentra a pocos pasos de su aprobación; al menos esa es la percepción, luego de que en febrero avanzara en dos lecturas, pese a que el dictamen permanecía archivado desde 2021. El oficialismo la ha impulsado con fuerza, en particular la diputada Victoria Godoy Palala, integrante del bloque afín a José Carlos Sanabria.
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Varias voces se han pronunciado. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) expresó su respaldo a un marco legal que impulse la producción audiovisual, por su aporte a la identidad nacional y al turismo. No obstante, el INGUAT pide evaluar con rigor técnico el modelo de financiamiento para asegurar sostenibilidad y proteger recursos estratégicos.
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En cambio, la gremial de aerolíneas solicitó eliminar el artículo correspondiente, argumentando que no es el canal adecuado para esta contribución y que viola los principios de la OACI, que establecen que los cargos deben vincularse a servicios prestados. La directora ejecutiva de la asociación, Motty Rodas, sugirió acudir a industrias más afines al cine.
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Aunque recientemente hubo una reunión con la diputada, no se alcanzó ningún acuerdo: al menos la congresista no ofreció eliminar el artículo, solo acordó revisar la documentación entregada por la gremial.
Visto y no visto. El proyecto de ley de fomento al cine ha generado debate en distintos sectores, especialmente por la creación de nuevas estructuras y el artículo que propone un cobro a cada pasajero extranjero.
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La ley, además, propone crear múltiples instituciones —Instituto Guatemalteco de Cine, Consejo Nacional de Cinematografía, Fondo de Fomento, Comisión Fílmica, Cinemateca y Escuela Superior de Cine— que podrían volverse un aparato administrativo más que un motor real de la industria.
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Según el cineasta Keneth Müller, financiar de forma permanente una industria que no se sostiene por demanda real puede generar dependencia. “Lo que realmente fortalece al sector son seguridad jurídica, infraestructura y reglas claras para atraer inversión privada”, escribió en sus redes sociales.
En conclusión. El proyecto de ley plantea un equilibrio delicado entre el impulso al cine y el riesgo de sobrecargar al sector turístico.
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Aunque busca fortalecer la producción audiovisual, sin un financiamiento sostenible y reglas claras, las nuevas estructuras podrían volverse solo burocracia.
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Queda por verse si los diputados escucharán a los sectores involucrados o intentarán aprobar la ley en las próximas semanas, lo que dejaría a un lado el debate y análisis técnico.
La iniciativa 5906, presentada hace casi cinco años —ahora en segundo debate—, plantea financiarse mediante un cobro a cada pasajero extranjero que adquiera un boleto aéreo hacia Guatemala, lo que implicaría una nueva carga para el sector turístico. Algunas voces advierten que la propuesta amplía la burocracia estatal y prioriza el gasto, en lugar de la eficiencia y competitividad.
Por qué importa. La propuesta se encuentra a pocos pasos de su aprobación; al menos esa es la percepción, luego de que en febrero avanzara en dos lecturas, pese a que el dictamen permanecía archivado desde 2021. El oficialismo la ha impulsado con fuerza, en particular la diputada Victoria Godoy Palala, integrante del bloque afín a José Carlos Sanabria.
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Varias voces se han pronunciado. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) expresó su respaldo a un marco legal que impulse la producción audiovisual, por su aporte a la identidad nacional y al turismo. No obstante, el INGUAT pide evaluar con rigor técnico el modelo de financiamiento para asegurar sostenibilidad y proteger recursos estratégicos.
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En cambio, la gremial de aerolíneas solicitó eliminar el artículo correspondiente, argumentando que no es el canal adecuado para esta contribución y que viola los principios de la OACI, que establecen que los cargos deben vincularse a servicios prestados. La directora ejecutiva de la asociación, Motty Rodas, sugirió acudir a industrias más afines al cine.
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Aunque recientemente hubo una reunión con la diputada, no se alcanzó ningún acuerdo: al menos la congresista no ofreció eliminar el artículo, solo acordó revisar la documentación entregada por la gremial.
Visto y no visto. El proyecto de ley de fomento al cine ha generado debate en distintos sectores, especialmente por la creación de nuevas estructuras y el artículo que propone un cobro a cada pasajero extranjero.
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La ley, además, propone crear múltiples instituciones —Instituto Guatemalteco de Cine, Consejo Nacional de Cinematografía, Fondo de Fomento, Comisión Fílmica, Cinemateca y Escuela Superior de Cine— que podrían volverse un aparato administrativo más que un motor real de la industria.
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Según el cineasta Keneth Müller, financiar de forma permanente una industria que no se sostiene por demanda real puede generar dependencia. “Lo que realmente fortalece al sector son seguridad jurídica, infraestructura y reglas claras para atraer inversión privada”, escribió en sus redes sociales.
En conclusión. El proyecto de ley plantea un equilibrio delicado entre el impulso al cine y el riesgo de sobrecargar al sector turístico.
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Aunque busca fortalecer la producción audiovisual, sin un financiamiento sostenible y reglas claras, las nuevas estructuras podrían volverse solo burocracia.
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Queda por verse si los diputados escucharán a los sectores involucrados o intentarán aprobar la ley en las próximas semanas, lo que dejaría a un lado el debate y análisis técnico.
