EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La voluntad política de los 160 diputados se pondrá a prueba hoy durante la sesión plenaria programada para las 14 horas. Uno de los puntos de agenda será concluir la aprobación de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.
En la sesión de la semana pasada no se alcanzaron los 107 votos necesarios para poner el tema en discusión. Diputados de Vamos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Cabal se apartaron del tablero para impedir que se reuniera el cuórum requerido. Tras varios minutos de espera, se levantó la sesión.
En esa ocasión, surgieron distintas justificaciones: que aún había enmiendas pendientes de conocer y que varios cambios no habían sido discutidos. También trascendió que, supuestamente, algunos diputados condicionaban su apoyo a una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que permitiera al mandatario remover al fiscal general, extremo que nadie reconoció públicamente.
Sin embargo, todo apunta a que la iniciativa todavía no convence a varios bloques legislativos. La Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, realizó varias mesas de trabajo para discutir y consensuar las enmiendas, con el objetivo de evitar obstáculos en el pleno. Aun así, no se alcanzaron acuerdos.
El panorama para hoy luce similar. Por ello, no se descarta que la discusión quede nuevamente pendiente y pase al receso parlamentario, que inicia el 16 de mayo y concluye el 31 de julio. El escenario complica aún más la aprobación, ya que durante ese período los diputados suelen convocar únicamente a dos sesiones extraordinarias, el mínimo requerido para el cobro de dietas.
Más allá de los tiempos políticos, el país también enfrenta la presión de cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La reforma busca prevenir delitos y modernizar el sistema antilavado. Las evaluaciones internacionales advierten riesgos reales de que Guatemala ingrese a la lista gris.
Ese registro agrupa a países bajo mayor vigilancia por deficiencias en sus sistemas de combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Distintos sectores, especialmente el financiero, alertan sobre consecuencias económicas severas si el país mantiene un marco legal obsoleto. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) advirtió que la legislación vigente no responde a las tipologías criminales actuales, ya que se sustenta en decretos aprobados en 2001 y 2005.
La próxima evaluación formal está prevista para 2027. Si Guatemala no actualiza su régimen este año, aumenta la posibilidad de ingresar a la lista gris.
Se teme que esa inclusión provoque pérdida de corresponsalías, mayores costos para confirmar cartas de crédito y un deterioro reputacional difícil de revertir. Además, GAFILAT mantiene un seguimiento intensificado sobre el país debido a deficiencias persistentes. Técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras instituciones, han respaldado la necesidad de modernizar la normativa.
Otros temas
La ley contra el lavado de dinero no será el único asunto en la agenda; también el pleno conocerá el veto presidencial a las reformas a la Ley Contra la Violencia Sexual, la iniciativa de atención a pacientes con enfermedades raras y, nuevamente, la elección de magistrados titulares de la Corte de Apelaciones para completar el período 2024-2029, punto que aparece al final de la agenda.
La voluntad política de los 160 diputados se pondrá a prueba hoy durante la sesión plenaria programada para las 14 horas. Uno de los puntos de agenda será concluir la aprobación de la ley contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.
En la sesión de la semana pasada no se alcanzaron los 107 votos necesarios para poner el tema en discusión. Diputados de Vamos, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Cabal se apartaron del tablero para impedir que se reuniera el cuórum requerido. Tras varios minutos de espera, se levantó la sesión.
En esa ocasión, surgieron distintas justificaciones: que aún había enmiendas pendientes de conocer y que varios cambios no habían sido discutidos. También trascendió que, supuestamente, algunos diputados condicionaban su apoyo a una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que permitiera al mandatario remover al fiscal general, extremo que nadie reconoció públicamente.
Sin embargo, todo apunta a que la iniciativa todavía no convence a varios bloques legislativos. La Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, realizó varias mesas de trabajo para discutir y consensuar las enmiendas, con el objetivo de evitar obstáculos en el pleno. Aun así, no se alcanzaron acuerdos.
El panorama para hoy luce similar. Por ello, no se descarta que la discusión quede nuevamente pendiente y pase al receso parlamentario, que inicia el 16 de mayo y concluye el 31 de julio. El escenario complica aún más la aprobación, ya que durante ese período los diputados suelen convocar únicamente a dos sesiones extraordinarias, el mínimo requerido para el cobro de dietas.
Más allá de los tiempos políticos, el país también enfrenta la presión de cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La reforma busca prevenir delitos y modernizar el sistema antilavado. Las evaluaciones internacionales advierten riesgos reales de que Guatemala ingrese a la lista gris.
Ese registro agrupa a países bajo mayor vigilancia por deficiencias en sus sistemas de combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Distintos sectores, especialmente el financiero, alertan sobre consecuencias económicas severas si el país mantiene un marco legal obsoleto. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) advirtió que la legislación vigente no responde a las tipologías criminales actuales, ya que se sustenta en decretos aprobados en 2001 y 2005.
La próxima evaluación formal está prevista para 2027. Si Guatemala no actualiza su régimen este año, aumenta la posibilidad de ingresar a la lista gris.
Se teme que esa inclusión provoque pérdida de corresponsalías, mayores costos para confirmar cartas de crédito y un deterioro reputacional difícil de revertir. Además, GAFILAT mantiene un seguimiento intensificado sobre el país debido a deficiencias persistentes. Técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras instituciones, han respaldado la necesidad de modernizar la normativa.
Otros temas
La ley contra el lavado de dinero no será el único asunto en la agenda; también el pleno conocerá el veto presidencial a las reformas a la Ley Contra la Violencia Sexual, la iniciativa de atención a pacientes con enfermedades raras y, nuevamente, la elección de magistrados titulares de la Corte de Apelaciones para completar el período 2024-2029, punto que aparece al final de la agenda.
