EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El gobierno de Bernardo Arévalo ha adoptado una narrativa recurrente que es una página sacada del manual clásico de los gobiernos de izquierda: la victimización como excusa para justificar sus deficiencias y evadir responsabilidades.
En abril de 2024, cuando el Congreso rechazó el estado de calamidad propuesto por Arévalo para enfrentar más de 70 incendios forestales activos, el presidente no dudó en señalar a los legisladores como los responsables de obstaculizar su gestión. Según él, “[…] el 80 % de los incendios eran provocados con la intención de dañar al gobierno”. Esta dramática afirmación carece de evidencia concreta y desvía la atención de una pregunta clave: ¿por qué su administración no logró articular una propuesta lo suficientemente sólida y transparente para convencer a los diputados?
En lugar de autocrítica o un plan alternativo robusto, Arévalo optó por la retórica victimista, sugiriendo que sus manos estaban atadas por fuerzas externas, mientras que el sector privado y la ayuda internacional intentaban llenar los vacíos.
Casi un año después, este mes, el patrón se repite con el aumento de la violencia en el país. Interrogado sobre la posibilidad de destituir al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ante el sostenido deterioro de la seguridad, Arévalo rechazó cualquier cambio y, en su lugar, insinuó que el repunte violento podría ser un intento deliberado de “desestabilizar” a su gobierno.
Nuevamente, el mandatario apela a un supuesto complot histórico de sectores no identificados que buscan generar “ingobernabilidad”, sin ofrecer pruebas ni soluciones inmediatas. Ese discurso —lastimero y cansino— no solo pretende exonerar a su administración de responsabilidad, sino que también perpetúa una narrativa de impotencia que contradice las expectativas depositadas en un líder electo para resolver problemas, no para lamentarlos.
Hasta al clima se culpó ante la falta de respuesta decidida y oportuna para resolver problemas puntuales, como ocurrió —también en 2024— cuando ocurrió el derrumbe en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. Entonces, el Gobierno dijo que querían repararlo, pero que el clima no se los permitía. A día de hoy, funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no dan razón de quién lleva a cabo los trabajos de reparación.
Esta tendencia a externalizar culpas es un rasgo distintivo de gobiernos de izquierda que, históricamente, han preferido señalar a enemigos —nacionales, como opositores políticos, o foráneos, como potencias extranjeras— antes que enfrentar sus propias limitaciones. Arévalo, con su retórica, parece seguir esta línea, presentándose como un gobernante asediado por fuerzas malévolas en lugar de ser un Ejecutivo capaz de asumir el mando en tiempos de crisis.
Los incendios y la violencia son problemas reales que requieren respuestas concretas: planes de prevención, coordinación efectiva y comunicación clara, con el Congreso, y con la ciudadanía. Sin embargo, escogió el camino de la victimización que no resuelve nada.
Guatemala necesita un gobierno que enfrente los retos con determinación, no con excusas. La administración de Arévalo debe abandonar esta postura de mártir y demostrar resultados tangibles. De lo contrario, su legado corre el riesgo de ser recordado no por sus logros, sino por su habilidad para culpar a otros, mientras el país arde. Literal y figurativamente.
El gobierno de Bernardo Arévalo ha adoptado una narrativa recurrente que es una página sacada del manual clásico de los gobiernos de izquierda: la victimización como excusa para justificar sus deficiencias y evadir responsabilidades.
En abril de 2024, cuando el Congreso rechazó el estado de calamidad propuesto por Arévalo para enfrentar más de 70 incendios forestales activos, el presidente no dudó en señalar a los legisladores como los responsables de obstaculizar su gestión. Según él, “[…] el 80 % de los incendios eran provocados con la intención de dañar al gobierno”. Esta dramática afirmación carece de evidencia concreta y desvía la atención de una pregunta clave: ¿por qué su administración no logró articular una propuesta lo suficientemente sólida y transparente para convencer a los diputados?
En lugar de autocrítica o un plan alternativo robusto, Arévalo optó por la retórica victimista, sugiriendo que sus manos estaban atadas por fuerzas externas, mientras que el sector privado y la ayuda internacional intentaban llenar los vacíos.
Casi un año después, este mes, el patrón se repite con el aumento de la violencia en el país. Interrogado sobre la posibilidad de destituir al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ante el sostenido deterioro de la seguridad, Arévalo rechazó cualquier cambio y, en su lugar, insinuó que el repunte violento podría ser un intento deliberado de “desestabilizar” a su gobierno.
Nuevamente, el mandatario apela a un supuesto complot histórico de sectores no identificados que buscan generar “ingobernabilidad”, sin ofrecer pruebas ni soluciones inmediatas. Ese discurso —lastimero y cansino— no solo pretende exonerar a su administración de responsabilidad, sino que también perpetúa una narrativa de impotencia que contradice las expectativas depositadas en un líder electo para resolver problemas, no para lamentarlos.
Hasta al clima se culpó ante la falta de respuesta decidida y oportuna para resolver problemas puntuales, como ocurrió —también en 2024— cuando ocurrió el derrumbe en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. Entonces, el Gobierno dijo que querían repararlo, pero que el clima no se los permitía. A día de hoy, funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no dan razón de quién lleva a cabo los trabajos de reparación.
Esta tendencia a externalizar culpas es un rasgo distintivo de gobiernos de izquierda que, históricamente, han preferido señalar a enemigos —nacionales, como opositores políticos, o foráneos, como potencias extranjeras— antes que enfrentar sus propias limitaciones. Arévalo, con su retórica, parece seguir esta línea, presentándose como un gobernante asediado por fuerzas malévolas en lugar de ser un Ejecutivo capaz de asumir el mando en tiempos de crisis.
Los incendios y la violencia son problemas reales que requieren respuestas concretas: planes de prevención, coordinación efectiva y comunicación clara, con el Congreso, y con la ciudadanía. Sin embargo, escogió el camino de la victimización que no resuelve nada.
Guatemala necesita un gobierno que enfrente los retos con determinación, no con excusas. La administración de Arévalo debe abandonar esta postura de mártir y demostrar resultados tangibles. De lo contrario, su legado corre el riesgo de ser recordado no por sus logros, sino por su habilidad para culpar a otros, mientras el país arde. Literal y figurativamente.
