La sobrevaloración de la pauta publicitaria en el Estado

La comunicación del Gobierno está dirigida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP). El año pasado gastó GTQ 58.12M en promoción institucional. Resalta la contratación del servicio de “divulgación de información” —publicidad en redes sociales—.

Por qué importa. A pesar de tener un community manager para gestionarlas, la Secretaría contrató a la empresa Risultado Media, propiedad de Yuliana Alicia Menegazzo Marin, por GTQ 520 860 para realizarlo; incluye el pago de pauta. Sin embargo, el monto cobrado está sobrevalorado en más del 50%.

• El servicio se realizó a través de 21 compras de baja cuantía. La primera, en agosto de 2024, y la más reciente, en febrero pasado.

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• En promedio, cada una costó GTQ 24 000. Existen dos eventos anulados, pero no especifica el motivo.

• República tuvo acceso a los certificados de pauta que la empresa le entregó a la SCSP. En ellos se especifican las impresiones alcanzadas —cuántas personas vieron el contenido— y los días en que estuvo “disponible”.

Visto y no visto. Entre las campañas que se publicitaron están el informe de la Primera Cosecha, el reajuste presupuestario y la Revolución Viva. En su mayoría, el servicio duró 30 días y —según el reporte— alcanzó 2M de impresiones.

• Las redes sociales que se usaron para difundir los contenidos, tanto videos como imágenes, fueron: Facebook, Instagram y YouTube.

• Se cotizó con expertos el precio que podría tener la divulgación realizada. La estimación tomó de referencia los detalles técnicos de los certificados entregados a la SCSP.

• Según los cálculos efectuados, incluyendo la ganancia promedio que se maneja en el mercado, el servicio contratado no debía superar los GTQ 250 000. La SCSP pagó en exceso GTQ 270 860.

Sí, pero. El último informe de labores (2024) de la Secretaría indica que todas las redes sociales son administradas por la institución. También se le consultó si en algún momento se contrató a un tercero para realizar la gestión, a lo que contestaron que no.

• Sin embargo, la empresa que hizo la “divulgación de la información” sí tuvo acceso directo a la administración de los perfiles institucionales.

• Los insertos de las pautas transmitidas, que inspeccionó República, lo confirman. En ellos se evidencia cómo la empresa programó los contenidos.

• El servicio contratado era para la gestión y administración de la pauta; incluía el pago de esta en las plataformas digitales. Los videos e imágenes publicitados fueron realizados por la SCSP, según informó la dependencia.

Conclusión. La sobrevaloración de los productos y servicios es una práctica común en las dependencias del Estado. El Gobierno de Semilla no es la excepción, a pesar del discurso de “cero tolerancia a la corrupción” que tuvo en campaña electoral.

• Resalta que la misma institución que promociona la transparencia y la “calidad del gasto público” cometa estas faltas.

• La posibilidad de fraccionamiento —práctica ilegal— en la adquisición y contratación,está bajo análisis.