EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala tiene Plan Maestro de Movilidad. Tiene Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Tiene una Dirección de Proyectos Viales Prioritarios creada por mandato legal. Lo que no tiene es ejecución. Y esa ausencia —persistente, inexplicable, costosa— quedó retratada ayer con una imagen que vale más que cualquier discurso: la silla vacía del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de la administración de Bernardo Arévalo en el República Summit Infraestructura 2026.
No fue un olvido. Fue una respuesta. O más precisamente, la ausencia de una. El Ministerio no declinó la invitación. No justificó su ausencia. No envió a nadie en su representación. Simplemente no contestó. Ni para decir que sí, ni para decir que no. Esa indiferencia —ante un espacio donde se reunieron alcaldes, diputados, empresarios, gremiales, embajadores, medios de comunicación, activistas y funcionarios de diversas entidades del Estado— no es un descuido administrativo. Es una declaración de principios. Y lo que declara es que a este gobierno la movilidad de las personas no le importa.
Mientras el país pierde hasta el 2% del PIB por inmovilidad, mientras familias en el área rural tardan 121 minutos en llegar a un centro de salud cercano, mientras recorrer quince kilómetros de Villa Nueva a la Ciudad de Guatemala puede consumir dos horas de una vida que nadie devuelve, mientras la red vial creció 1.6% y el parque vehicular lo hizo 10.8%, el ministerio responsable de resolver ese colapso no encontró razón para sentarse a la mesa. Esa es la medida real de la prioridad.
Pero la silla vacía no es solo metáfora de la ausencia. Es también metáfora de la hipocresía. Porque este gobierno sí ha usado la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria cuando le ha convenido políticamente: para adjudicar proyectos de COVIAL mediante un mecanismo de emergencia, a las mismas empresas que quienes hoy gobiernan solían señalar de corrupción. La ley, entonces, existe cuando sirve a los propósitos políticos de este gobierno.
La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios es el caso más elocuente de esta negligencia. Fue creada precisamente para destrabar los grandes proyectos que Guatemala necesita: las circunvalaciones, las radiales, las obras que pueden desfogar el tráfico metropolitano, entre otros grandes proyectos de movilidad a nivel nacional.
Tiene mandato legal. Tiene proyectos identificados. Tiene una gerente designada. Lo que no tiene es reglamento aprobado, porque el Ejecutivo no lo ha querido emitir. Los funcionarios del gobierno central que deben integrar su directorio se ausentan sistemáticamente de las sesiones, paralizando deliberadamente su operación.
El Ministerio de Finanzas la mantiene desfinanciada y su gerente lleva más de seis meses trabajando sin remuneración, porque funcionarios de la Presidencia se han negado caprichosamente a fijarle un salario conforme a ley establece. Eso no es ineficiencia burocrática. Eso es sabotaje institucional y delitos que se están cometiendo flagrantemente.
Un presidente que consiente todo eso no está ejerciendo autoridad. Está convalidando, con su silencio y su inacción, la comisión de delitos y el desmantelamiento de la herramienta que podría empezar a resolver el colapso vial que él mismo prometió atender.
Este gobierno fue electo para supuestamente corregir la herencia recibida, no para administrarla como excusa permanente. Llegó diciendo que tenía capacidad, voluntad y seriedad para hacer lo que otros no hicieron. A estas alturas, lo que predomina no es la ejecución.
Lo que predomina son las explicaciones, el victimismo de quien dice que gobierna asediado y la comodidad de un discurso anticorrupción que sirve para todo menos para construir carreteras.
El 14 de enero de 2028 se acerca. Y si esto sigue así, el corte de caja en infraestructura vial no va a necesitar más que un par de líneas para describirse, igual que como lo hicieron sin ningún empacho en su propio informe de gobierno del año 2025.
Gobernar es ejecutar. Liderar es priorizar. Y servir al país significa tomar decisiones que tal vez no den aplausos hoy, pero que construyen el futuro que los guatemaltecos merecemos. La silla vacía de ayer es la imagen de un gobierno que todavía no lo ha entendido, o no quiere entender.
Guatemala tiene Plan Maestro de Movilidad. Tiene Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Tiene una Dirección de Proyectos Viales Prioritarios creada por mandato legal. Lo que no tiene es ejecución. Y esa ausencia —persistente, inexplicable, costosa— quedó retratada ayer con una imagen que vale más que cualquier discurso: la silla vacía del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de la administración de Bernardo Arévalo en el República Summit Infraestructura 2026.
No fue un olvido. Fue una respuesta. O más precisamente, la ausencia de una. El Ministerio no declinó la invitación. No justificó su ausencia. No envió a nadie en su representación. Simplemente no contestó. Ni para decir que sí, ni para decir que no. Esa indiferencia —ante un espacio donde se reunieron alcaldes, diputados, empresarios, gremiales, embajadores, medios de comunicación, activistas y funcionarios de diversas entidades del Estado— no es un descuido administrativo. Es una declaración de principios. Y lo que declara es que a este gobierno la movilidad de las personas no le importa.
Mientras el país pierde hasta el 2% del PIB por inmovilidad, mientras familias en el área rural tardan 121 minutos en llegar a un centro de salud cercano, mientras recorrer quince kilómetros de Villa Nueva a la Ciudad de Guatemala puede consumir dos horas de una vida que nadie devuelve, mientras la red vial creció 1.6% y el parque vehicular lo hizo 10.8%, el ministerio responsable de resolver ese colapso no encontró razón para sentarse a la mesa. Esa es la medida real de la prioridad.
Pero la silla vacía no es solo metáfora de la ausencia. Es también metáfora de la hipocresía. Porque este gobierno sí ha usado la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria cuando le ha convenido políticamente: para adjudicar proyectos de COVIAL mediante un mecanismo de emergencia, a las mismas empresas que quienes hoy gobiernan solían señalar de corrupción. La ley, entonces, existe cuando sirve a los propósitos políticos de este gobierno.
La Dirección de Proyectos Viales Prioritarios es el caso más elocuente de esta negligencia. Fue creada precisamente para destrabar los grandes proyectos que Guatemala necesita: las circunvalaciones, las radiales, las obras que pueden desfogar el tráfico metropolitano, entre otros grandes proyectos de movilidad a nivel nacional.
Tiene mandato legal. Tiene proyectos identificados. Tiene una gerente designada. Lo que no tiene es reglamento aprobado, porque el Ejecutivo no lo ha querido emitir. Los funcionarios del gobierno central que deben integrar su directorio se ausentan sistemáticamente de las sesiones, paralizando deliberadamente su operación.
El Ministerio de Finanzas la mantiene desfinanciada y su gerente lleva más de seis meses trabajando sin remuneración, porque funcionarios de la Presidencia se han negado caprichosamente a fijarle un salario conforme a ley establece. Eso no es ineficiencia burocrática. Eso es sabotaje institucional y delitos que se están cometiendo flagrantemente.
Un presidente que consiente todo eso no está ejerciendo autoridad. Está convalidando, con su silencio y su inacción, la comisión de delitos y el desmantelamiento de la herramienta que podría empezar a resolver el colapso vial que él mismo prometió atender.
Este gobierno fue electo para supuestamente corregir la herencia recibida, no para administrarla como excusa permanente. Llegó diciendo que tenía capacidad, voluntad y seriedad para hacer lo que otros no hicieron. A estas alturas, lo que predomina no es la ejecución.
Lo que predomina son las explicaciones, el victimismo de quien dice que gobierna asediado y la comodidad de un discurso anticorrupción que sirve para todo menos para construir carreteras.
El 14 de enero de 2028 se acerca. Y si esto sigue así, el corte de caja en infraestructura vial no va a necesitar más que un par de líneas para describirse, igual que como lo hicieron sin ningún empacho en su propio informe de gobierno del año 2025.
Gobernar es ejecutar. Liderar es priorizar. Y servir al país significa tomar decisiones que tal vez no den aplausos hoy, pero que construyen el futuro que los guatemaltecos merecemos. La silla vacía de ayer es la imagen de un gobierno que todavía no lo ha entendido, o no quiere entender.
