En la primera mitad de 2026, Guatemala enfrentará un momento pivotal en su historia democrática: la elección y designación de autoridades clave en el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Estos procesos no son meros trámites burocráticos; representan la oportunidad de fortalecer el Estado de derecho o, por el contrario, perpetuar ciclos de corrupción e impunidad que han minado la confianza ciudadana durante décadas.
El Ministerio Público, encargado de la persecución penal, debe ser liderado por un fiscal general íntegro, capaz de combatir el crimen organizado sin ataduras políticas —y, sobre todo, ajeno a los vaivenes y venganzas—. El TSE, guardián de la integridad electoral, requiere magistrados que garanticen procesos limpios, libres de manipulación. La CC, como máxima intérprete constitucional, necesita magistrados independientes que defiendan los derechos fundamentales sin sesgos. Finalmente, la CGC, vigilante de las finanzas públicas, demanda un contralor que audite con rigor y sin favoritismos. Todos estos cargos se renovarán en un contexto de alta expectativa, tras años de escándalos que han expuesto vínculos entre funcionarios y redes ilícitas.
Para que estos nombramientos cumplan su propósito, es imperativo que los procesos cuenten con la más amplia difusión y transparencia. Las comisiones de postulación, conformadas por representantes de universidades, colegios profesionales y otros entes, deben publicitar ampliamente las convocatorias, utilizando todos los medios posibles para atraer a los mejores candidatos. No se debe permitir que, como ha ocurrido frecuentemente, solo se postulen aquellos con intereses oscuros, ligados al crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Ejemplos pasados, como las infiltraciones en el MP durante las últimas tres gestiones, demuestran cómo el secretismo favorece a los corruptos, excluyendo a profesionales honestos y capacitados.
En este sentido, las comisiones deben priorizar la integridad e independencia por encima de credenciales académicas infladas. Muchos aspirantes presumen maestrías y doctorados, pero ¿cuántos de estos títulos son genuinos? Ha sido común el uso de plagios o documentos falsos para cumplir requisitos formales, lo que socava la esencia de la meritocracia. Sobre todo, debe regir el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que exige capacidad, idoneidad y honradez —además de reconocida honorabilidad— en los funcionarios públicos. Quienes han plagiado tesis o manipulado su trayectoria académica claramente no cumplen con este mandato; su exclusión no es opcional, sino constitucional.
La sociedad civil, los medios y la ciudadanía deben vigilar estos procesos, exigiendo audiencias públicas, evaluaciones objetivas y mecanismos de impugnación accesibles. Solo así se evitará que las instituciones queden en manos de facciones interesadas en perpetuar la impunidad. En palabras del legendario magistrado de la Corte Suprema de EE. UU., Thurgood Marshall: “La verdadera medida de la justicia es cómo trata a los más vulnerables, no a los poderosos”. Que esa frase inspire a participar a los mejores, y a los comisionados a seleccionar magistrados honrados y capaces; a un fiscal general que no blasone de firmeza y otras virtudes, sino que las tenga; a un contralor que efectivamente cuide el erario y el dinero de los contribuyentes; que todos juntos sean guardianes y garantes de una Guatemala justa.
En la primera mitad de 2026, Guatemala enfrentará un momento pivotal en su historia democrática: la elección y designación de autoridades clave en el Ministerio Público (MP), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Estos procesos no son meros trámites burocráticos; representan la oportunidad de fortalecer el Estado de derecho o, por el contrario, perpetuar ciclos de corrupción e impunidad que han minado la confianza ciudadana durante décadas.
El Ministerio Público, encargado de la persecución penal, debe ser liderado por un fiscal general íntegro, capaz de combatir el crimen organizado sin ataduras políticas —y, sobre todo, ajeno a los vaivenes y venganzas—. El TSE, guardián de la integridad electoral, requiere magistrados que garanticen procesos limpios, libres de manipulación. La CC, como máxima intérprete constitucional, necesita magistrados independientes que defiendan los derechos fundamentales sin sesgos. Finalmente, la CGC, vigilante de las finanzas públicas, demanda un contralor que audite con rigor y sin favoritismos. Todos estos cargos se renovarán en un contexto de alta expectativa, tras años de escándalos que han expuesto vínculos entre funcionarios y redes ilícitas.
Para que estos nombramientos cumplan su propósito, es imperativo que los procesos cuenten con la más amplia difusión y transparencia. Las comisiones de postulación, conformadas por representantes de universidades, colegios profesionales y otros entes, deben publicitar ampliamente las convocatorias, utilizando todos los medios posibles para atraer a los mejores candidatos. No se debe permitir que, como ha ocurrido frecuentemente, solo se postulen aquellos con intereses oscuros, ligados al crimen organizado, particularmente al narcotráfico. Ejemplos pasados, como las infiltraciones en el MP durante las últimas tres gestiones, demuestran cómo el secretismo favorece a los corruptos, excluyendo a profesionales honestos y capacitados.
En este sentido, las comisiones deben priorizar la integridad e independencia por encima de credenciales académicas infladas. Muchos aspirantes presumen maestrías y doctorados, pero ¿cuántos de estos títulos son genuinos? Ha sido común el uso de plagios o documentos falsos para cumplir requisitos formales, lo que socava la esencia de la meritocracia. Sobre todo, debe regir el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que exige capacidad, idoneidad y honradez —además de reconocida honorabilidad— en los funcionarios públicos. Quienes han plagiado tesis o manipulado su trayectoria académica claramente no cumplen con este mandato; su exclusión no es opcional, sino constitucional.
La sociedad civil, los medios y la ciudadanía deben vigilar estos procesos, exigiendo audiencias públicas, evaluaciones objetivas y mecanismos de impugnación accesibles. Solo así se evitará que las instituciones queden en manos de facciones interesadas en perpetuar la impunidad. En palabras del legendario magistrado de la Corte Suprema de EE. UU., Thurgood Marshall: “La verdadera medida de la justicia es cómo trata a los más vulnerables, no a los poderosos”. Que esa frase inspire a participar a los mejores, y a los comisionados a seleccionar magistrados honrados y capaces; a un fiscal general que no blasone de firmeza y otras virtudes, sino que las tenga; a un contralor que efectivamente cuide el erario y el dinero de los contribuyentes; que todos juntos sean guardianes y garantes de una Guatemala justa.
