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La región menos transparente

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Redacción República
23 de mayo, 2024

El gobierno de Bernardo Arévalo se concebía como diferente a los anteriores. Distancias ideológicas aparte, se vendieron en campaña como la antítesis de los gobiernos que los antecedieron. Harían las cosas de manera distinta, dijeron. 

Sin embargo, algunas de las mismas malas prácticas gubernamentales continúan.  Puntualmente: el negar acceso a información pública de forma oportuna a periodistas y medios de comunicación. 

Importante es recalcar que no se trata de algo que ocurre solamente ahora, ha sido un problema, no solo en Guatemala, sino en la región, la menos transparente. Sobre todo, en el gobierno de Alejandro Giammattei, el acceso que los periodistas tuvieron a las fuentes de información fue extremadamente limitado, recurriendo esa administración a escudarse en el mecanismo que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), un instrumento legal ideado para uso de la ciudadanía en general, pero no para fines periodísticos. 

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¿Por qué la distinción? Los medios de comunicación deben acceder de manera inmediata a la información, ya que tienen la función social de informar al público de manera oportuna. Es precisamente por ello que administraciones opacas se escudan en el tiempo en que están obligados a entregar la información, para dilatar la difusión mediática.  

Arévalo, como presidente electo, fue enfático al indicar en una reunión con periodistas que su administración “no se escudaría en el mecanismo de la [LAIP]” y que estarían abiertos a entregar la información a los periodistas cuando fuere solicitada. Eso no ha ocurrido. 

República ha solicitado desde hace meses entrevistas con distintos funcionarios –el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el secretario general, Gerardo Guerrero, y el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo–. Ninguna de esas entrevistas se ha podido llevar a cabo, pues los funcionarios las han eludido. ¿Miedo? 

Adicionalmente, se ha requerido información a esas instancias de gobierno e invariablemente han desviado los requerimientos, incluso escudándose en el mecanismo de la LAIP, lo que precisamente Arévalo prometió que no ocurriría.  

Reporteros de este medio han tenido, incluso, la promesa del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Haroldo Sánchez, de entregar la información requerida, pero una y otra vez ha faltado a su palabra. Extraña particularmente esto último, pues él, como periodista, sabe bien de la necesidad de los medios de acceder oportunamente a la información.  

Si Arévalo en verdad tiene la intención de cumplir la palabra empeñada y de romper la larga –y lamentable– cadena de falta de acceso a la información oportuna por parte de los periodistas, debe instruir a sus funcionarios –en particular a su Secretario de Comunicación Social de la Presidencia– que abandone costumbres de administraciones opacas y atienda los requerimientos periodísticos como se debe. No querrá pasar a la historia como su antecesor dijo que no lo haría, y paró haciéndolo. Arévalo está a tiempo de corregir el rumbo. Confiamos que lo haga. 

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23 de mayo, 2024

El gobierno de Bernardo Arévalo se concebía como diferente a los anteriores. Distancias ideológicas aparte, se vendieron en campaña como la antítesis de los gobiernos que los antecedieron. Harían las cosas de manera distinta, dijeron. 

Sin embargo, algunas de las mismas malas prácticas gubernamentales continúan.  Puntualmente: el negar acceso a información pública de forma oportuna a periodistas y medios de comunicación. 

Importante es recalcar que no se trata de algo que ocurre solamente ahora, ha sido un problema, no solo en Guatemala, sino en la región, la menos transparente. Sobre todo, en el gobierno de Alejandro Giammattei, el acceso que los periodistas tuvieron a las fuentes de información fue extremadamente limitado, recurriendo esa administración a escudarse en el mecanismo que contempla la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), un instrumento legal ideado para uso de la ciudadanía en general, pero no para fines periodísticos. 

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¿Por qué la distinción? Los medios de comunicación deben acceder de manera inmediata a la información, ya que tienen la función social de informar al público de manera oportuna. Es precisamente por ello que administraciones opacas se escudan en el tiempo en que están obligados a entregar la información, para dilatar la difusión mediática.  

Arévalo, como presidente electo, fue enfático al indicar en una reunión con periodistas que su administración “no se escudaría en el mecanismo de la [LAIP]” y que estarían abiertos a entregar la información a los periodistas cuando fuere solicitada. Eso no ha ocurrido. 

República ha solicitado desde hace meses entrevistas con distintos funcionarios –el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; el secretario general, Gerardo Guerrero, y el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo–. Ninguna de esas entrevistas se ha podido llevar a cabo, pues los funcionarios las han eludido. ¿Miedo? 

Adicionalmente, se ha requerido información a esas instancias de gobierno e invariablemente han desviado los requerimientos, incluso escudándose en el mecanismo de la LAIP, lo que precisamente Arévalo prometió que no ocurriría.  

Reporteros de este medio han tenido, incluso, la promesa del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Haroldo Sánchez, de entregar la información requerida, pero una y otra vez ha faltado a su palabra. Extraña particularmente esto último, pues él, como periodista, sabe bien de la necesidad de los medios de acceder oportunamente a la información.  

Si Arévalo en verdad tiene la intención de cumplir la palabra empeñada y de romper la larga –y lamentable– cadena de falta de acceso a la información oportuna por parte de los periodistas, debe instruir a sus funcionarios –en particular a su Secretario de Comunicación Social de la Presidencia– que abandone costumbres de administraciones opacas y atienda los requerimientos periodísticos como se debe. No querrá pasar a la historia como su antecesor dijo que no lo haría, y paró haciéndolo. Arévalo está a tiempo de corregir el rumbo. Confiamos que lo haga. 

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