EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En perspectiva. En una entrega anterior, República dio a conocer que Guatemala enfrentaba un retraso significativo en la emisión de bonos de carbono adscritos al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial.
- Esta iniciativa del banco tiene el objetivo de pagar a aquellos usuarios que contribuyan a la reducción de emisiones y a la fijación de carbono mediante el programa de reducción de emisiones, REDD+.
- En su momento, Guatemala se comprometió a que en 4 años reduciría más de 10.5M de toneladas de emisiones de carbono.
- No obstante, debido a intereses particulares, las autoridades de gobierno han manipulado los procesos a fin de beneficiar a organizaciones ambientalistas cercanas a la administración, lo cual no solo se ha traducido en atrasos, sino que también en posibles abusos de autoridad.
Qué destacar. En 2024, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Finanzas (MINFIN), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), lanzaron el programa de reducción de emisiones (PRE) para la entrega de bonos dependiendo del volumen de carbono fijado por bosque.
- En este sentido, el proceso consiste en que, una vez ingresados los expedientes, estos deben ser aprobados por CONAP, posteriormente deben ser certificados por el INAB y, finalmente, el MINFIN libera los fondos.
- En mayo de 2024, el INAB recibió los primeros expedientes y hasta el momento, el Instituto ha recibido 965 proyectos, que abarcan más de 218 000 hectáreas. La mayor parte de los proyectos se encuentran en las Verapaces e Ixcán (170), y el Petén (184). En junio del año pasado se informó que ya no se recibirían más expedientes por la falta de fondos.
Lo indispensable. El 14 de mayo de 2024, el Consejo de CONAP otorgó a la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), cuyo representante legal es Marco Vinicio Cerezo Blandón, la calidad de proponente, implementador y titular del proyecto REDD+ dentro del Parque Nacional Mirador Río Azul.
- Los expertos señalan que este acuerdo consistiría en la “tercerización” de la fijación de carbono, a través de FUNDAECO, a cambio de donaciones. Sin embargo, debido a las competencias que se le delegan a la Fundación, esta concesión podría representar un abuso de autoridad.
- Asimismo, este acto podría vulnerar la Constitución, dado que, de acuerdo con el Art. 64 —que se refiere al patrimonio natural—, se establece que los parques nacionales son inalienables, por lo que no se pueden ceder.
- Así pues, debido a que la fijación se hace a través de árboles jóvenes en crecimiento, este puede convertirse, en un futuro, en un recurso maderable. En otras palabras, aunque en este momento la concesión no represente un peligro, en el futuro se convertirá en una fuente de lucro individual.
Visto y no visto. Durante la administración del expresidente Jimmy Morales, FUNDAECO firmó un convenio con el gobierno para permitir el patrullaje de la zona del Mirador Río Azul con fondos de la organización.
- En la actualidad, este convenio se está utilizando como justificante para evadir los controles que establece la Ley de Concesiones, como el proceso de competencia y licitación.
- Adicionalmente, en una citación en el Congreso se conoció que las autoridades no consultaron previamente a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para obtener una posición sobre la concesión, lo cual también constituye un conflicto de intereses a lo interno del gobierno.
- Así pues, debido a que un convenio no está por encima de una Ley —menos, de la Constitución—, la PGN declaró como no viable la acción.
Entre líneas. Esta colusión de intereses trasciende esta administración, dado que los primeros antecedentes se encuentran en los años 90, cuando, durante la presidencia de Vinicio Cerezo (padre) se fundó CONAP y Andreas Lehnhoff, esposo de la actual ministra del MARN, asumió como primer secretario.
- Posteriormente, cuando Lehnhoff fue ministro del MARN, su viceministro era Igor de la Roca, quien ahora ejerce como secretario del CONAP.
- Consecuentemente, no debería de extrañar que esta no sea la primera vez que una concesión a FUNDAECO represente una potencial merma al erario, dado que, en Sierra Lacandón, esta misma organización ha capturado el techo del PRE, dejando fuera de la competencia a propietarios y comunitarios.
- Se demuestra cómo el establecimiento de programas dirigidos para agrupaciones cercanas a la administración no solo reduce la competencia en beneficio de la protección ambiental, sino que también pone a disposición áreas protegidas que en un futuro podrían convertirse en un recurso explotable.
En perspectiva. En una entrega anterior, República dio a conocer que Guatemala enfrentaba un retraso significativo en la emisión de bonos de carbono adscritos al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial.
- Esta iniciativa del banco tiene el objetivo de pagar a aquellos usuarios que contribuyan a la reducción de emisiones y a la fijación de carbono mediante el programa de reducción de emisiones, REDD+.
- En su momento, Guatemala se comprometió a que en 4 años reduciría más de 10.5M de toneladas de emisiones de carbono.
- No obstante, debido a intereses particulares, las autoridades de gobierno han manipulado los procesos a fin de beneficiar a organizaciones ambientalistas cercanas a la administración, lo cual no solo se ha traducido en atrasos, sino que también en posibles abusos de autoridad.
Qué destacar. En 2024, las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Ministerio de Finanzas (MINFIN), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), lanzaron el programa de reducción de emisiones (PRE) para la entrega de bonos dependiendo del volumen de carbono fijado por bosque.
- En este sentido, el proceso consiste en que, una vez ingresados los expedientes, estos deben ser aprobados por CONAP, posteriormente deben ser certificados por el INAB y, finalmente, el MINFIN libera los fondos.
- En mayo de 2024, el INAB recibió los primeros expedientes y hasta el momento, el Instituto ha recibido 965 proyectos, que abarcan más de 218 000 hectáreas. La mayor parte de los proyectos se encuentran en las Verapaces e Ixcán (170), y el Petén (184). En junio del año pasado se informó que ya no se recibirían más expedientes por la falta de fondos.
Lo indispensable. El 14 de mayo de 2024, el Consejo de CONAP otorgó a la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO), cuyo representante legal es Marco Vinicio Cerezo Blandón, la calidad de proponente, implementador y titular del proyecto REDD+ dentro del Parque Nacional Mirador Río Azul.
- Los expertos señalan que este acuerdo consistiría en la “tercerización” de la fijación de carbono, a través de FUNDAECO, a cambio de donaciones. Sin embargo, debido a las competencias que se le delegan a la Fundación, esta concesión podría representar un abuso de autoridad.
- Asimismo, este acto podría vulnerar la Constitución, dado que, de acuerdo con el Art. 64 —que se refiere al patrimonio natural—, se establece que los parques nacionales son inalienables, por lo que no se pueden ceder.
- Así pues, debido a que la fijación se hace a través de árboles jóvenes en crecimiento, este puede convertirse, en un futuro, en un recurso maderable. En otras palabras, aunque en este momento la concesión no represente un peligro, en el futuro se convertirá en una fuente de lucro individual.
Visto y no visto. Durante la administración del expresidente Jimmy Morales, FUNDAECO firmó un convenio con el gobierno para permitir el patrullaje de la zona del Mirador Río Azul con fondos de la organización.
- En la actualidad, este convenio se está utilizando como justificante para evadir los controles que establece la Ley de Concesiones, como el proceso de competencia y licitación.
- Adicionalmente, en una citación en el Congreso se conoció que las autoridades no consultaron previamente a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para obtener una posición sobre la concesión, lo cual también constituye un conflicto de intereses a lo interno del gobierno.
- Así pues, debido a que un convenio no está por encima de una Ley —menos, de la Constitución—, la PGN declaró como no viable la acción.
Entre líneas. Esta colusión de intereses trasciende esta administración, dado que los primeros antecedentes se encuentran en los años 90, cuando, durante la presidencia de Vinicio Cerezo (padre) se fundó CONAP y Andreas Lehnhoff, esposo de la actual ministra del MARN, asumió como primer secretario.
- Posteriormente, cuando Lehnhoff fue ministro del MARN, su viceministro era Igor de la Roca, quien ahora ejerce como secretario del CONAP.
- Consecuentemente, no debería de extrañar que esta no sea la primera vez que una concesión a FUNDAECO represente una potencial merma al erario, dado que, en Sierra Lacandón, esta misma organización ha capturado el techo del PRE, dejando fuera de la competencia a propietarios y comunitarios.
- Se demuestra cómo el establecimiento de programas dirigidos para agrupaciones cercanas a la administración no solo reduce la competencia en beneficio de la protección ambiental, sino que también pone a disposición áreas protegidas que en un futuro podrían convertirse en un recurso explotable.
