El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Erwin Sperisen, exjefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala, sufrió violaciones de sus derechos humanos y garantías procesales.
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La CICIG, de la mano de una coalición aterradora de ONG, jueces, fiscales, burócratas, operadores políticos y activistas se unieron para mantener a Sperisen en prisión y someterlo a tortura, violando la presunción de inocencia y con más ansias de venganza que de justicia.
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En un proceso judicial por encargo –y con motivación ideológica–, se cometieron una serie de “fraudes” judiciales, incluyendo la fabricación de testimonios y testigos, bloqueos sistemático para la defensa, la manipulación de evidencia y, hasta llegar al sinsentido de declarar a Sperisen cómplice de una persona inocente.
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Por qué importa. En el centro de esta discusión se encuentra TRIAL International, una organización no gubernamental de abierta tendencia de izquierda, con sede en Ginebra.
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La Unión Europea, el Rockefeller Brothers Fund (RBF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos son los principales financiadores de esta organización.
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Arturo Aguilar, exdirector de investigaciones de la CICIG, actualmente está cargo del programa para Centroamérica del RBF. Su cambio de un papel destacado en la CICIG a uno importante en la oenegé ciertamente genera sospecha sobre cómo estos lazos podrían estar afectando el juicio de Sperisen.
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Tanto la CICIG como TRIAL International tuvieron un papel trascendental en la persecución contra Sperisen.
Panorama general. En el caso contra Sperisen, TRIAL International y CICIG participaron activamente en la investigación y elaboración de las acusaciones en su contra.
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Las “investigaciones” de CICIG fueron parciales; enviaron afirmaciones sin realizar un análisis, incluyendo varios testimonios contradictorios. Por su parte, los jueces no permitieron que los testigos de la defensa fueran escuchados.
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El caso Sperisen fue dirigido por la organización TRIAL International, fundada por Bernard Bertossa. La defensa de Sperisen ha señalado claros conflictos de interés, ya que Bernard Bertossa es el padre de Yves Bertossa, el fiscal a cargo de la acusación.
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El procedimiento estuvo plagado de graves violaciones legales, incluida la toma de declaraciones de testigos sin la participación de Sperisen o sus abogados, lo que demuestra una falta de respeto a las garantías procesales.
Lo que sigue. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que Spersien fue víctima de irregularidades judiciales como la manipulación de pruebas, la fabricación de testimonios y la limitación de su derecho a una defensa adecuada. De violaciones a sus derechos humanos.
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El cuarto juicio de Sperisen está programado en Ginebra, entre el 2 y el 13 de septiembre próximos.
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Esto cobra relevancia, pues se registra luego de que el Tribunal Federal Suizo anulara su condena de 15 años, por considerar que no tuvo un juicio imparcial.
En conclusión. La financiación de la Unión Europea y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU –entre otros– de una oenegé que según el propio Tribunal Europeo de DD. HH. colabora y dirige la acusación en contra de una persona a la que, precisamente, se le violan sus derechos humanos, resulta patético.
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No es casualidad que antiguos altos mandos de CICIG ahora estén en puestos directivos de entidades de “filantropía” que financian la persecución ideológicamente motivada, como la que sufre –aún– Sperisen.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que Erwin Sperisen, exjefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala, sufrió violaciones de sus derechos humanos y garantías procesales.
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La CICIG, de la mano de una coalición aterradora de ONG, jueces, fiscales, burócratas, operadores políticos y activistas se unieron para mantener a Sperisen en prisión y someterlo a tortura, violando la presunción de inocencia y con más ansias de venganza que de justicia.
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En un proceso judicial por encargo –y con motivación ideológica–, se cometieron una serie de “fraudes” judiciales, incluyendo la fabricación de testimonios y testigos, bloqueos sistemático para la defensa, la manipulación de evidencia y, hasta llegar al sinsentido de declarar a Sperisen cómplice de una persona inocente.
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Por qué importa. En el centro de esta discusión se encuentra TRIAL International, una organización no gubernamental de abierta tendencia de izquierda, con sede en Ginebra.
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La Unión Europea, el Rockefeller Brothers Fund (RBF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos son los principales financiadores de esta organización.
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Arturo Aguilar, exdirector de investigaciones de la CICIG, actualmente está cargo del programa para Centroamérica del RBF. Su cambio de un papel destacado en la CICIG a uno importante en la oenegé ciertamente genera sospecha sobre cómo estos lazos podrían estar afectando el juicio de Sperisen.
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Tanto la CICIG como TRIAL International tuvieron un papel trascendental en la persecución contra Sperisen.
Panorama general. En el caso contra Sperisen, TRIAL International y CICIG participaron activamente en la investigación y elaboración de las acusaciones en su contra.
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Las “investigaciones” de CICIG fueron parciales; enviaron afirmaciones sin realizar un análisis, incluyendo varios testimonios contradictorios. Por su parte, los jueces no permitieron que los testigos de la defensa fueran escuchados.
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El caso Sperisen fue dirigido por la organización TRIAL International, fundada por Bernard Bertossa. La defensa de Sperisen ha señalado claros conflictos de interés, ya que Bernard Bertossa es el padre de Yves Bertossa, el fiscal a cargo de la acusación.
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El procedimiento estuvo plagado de graves violaciones legales, incluida la toma de declaraciones de testigos sin la participación de Sperisen o sus abogados, lo que demuestra una falta de respeto a las garantías procesales.
Lo que sigue. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que Spersien fue víctima de irregularidades judiciales como la manipulación de pruebas, la fabricación de testimonios y la limitación de su derecho a una defensa adecuada. De violaciones a sus derechos humanos.
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El cuarto juicio de Sperisen está programado en Ginebra, entre el 2 y el 13 de septiembre próximos.
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Esto cobra relevancia, pues se registra luego de que el Tribunal Federal Suizo anulara su condena de 15 años, por considerar que no tuvo un juicio imparcial.
En conclusión. La financiación de la Unión Europea y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU –entre otros– de una oenegé que según el propio Tribunal Europeo de DD. HH. colabora y dirige la acusación en contra de una persona a la que, precisamente, se le violan sus derechos humanos, resulta patético.
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No es casualidad que antiguos altos mandos de CICIG ahora estén en puestos directivos de entidades de “filantropía” que financian la persecución ideológicamente motivada, como la que sufre –aún– Sperisen.