El Consejo Nacional Empresarial (CNE) nació en 2021; es una organización gremial que prometía e impulsaba “la sana competencia” a través de una ley que la regulara. Sin embargo, no la materializó en el gobierno anterior. En la actual gestión, sí lo logró, y también ganó influencia en varias instituciones públicas.
Por qué importa. La finalidad del CNE era alcanzar la gobernanza híbrida entre el sector público y privado. El objetivo: erigirse como un sector privado “alternativo”. El presidente Bernardo Arévalo les abrió las puertas de su Gobierno.
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Por ejemplo, Alfonso Muralles fue nombrado, en enero pasado, como coordinador general del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).
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La institución que tiene como mandato trabajar para mejorar la competitividad a nivel nacional. Asimismo, la consolidación de un clima de negocios favorable.
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Muralles figuró como vicepresidente fundador del CNE.
Visto y no visto. María Fernanda Rivera, actual titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), también integró el CNE. Ella fue la primera presidenta de esa organización. En mayo pasado relevó a Maynor Estrada, quien renunció al cargo por “razones personales”.
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El mandatario Arévalo calificó su nombramiento como un “paso firme y decidido” para fortalecer el desarrollo y la productividad del país.
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El CNE nació en 2021; en ese entonces, Rivera dijo que su intención era impulsar agendas “más modernas” que nunca fueron prioridad.
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Una de las metas del CNE era aprobar la Ley de Competencia. En febrero de 2024 organizó un congreso del tema, con participación del presidente.
Sí, pero. En la memoria de labores 2024, el CNE afirmó que su rol en la aprobación de la ley no fue solo protagónico, sino “determinante”. Además, indicó que, para lograr su correcta implementación, tomó control de la dirección de la iniciativa CompiteGuate.
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Se trata de un proyecto integrado por varias instituciones nacionales, y que cuenta con el respaldo internacional que les brinda Oxfam, la polémica oenegé.
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Además, cuentan con el apoyo de la embajada de Suecia; en Guatemala le da el soporte la Universidad Rafael Landívar (URL).
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En la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el CNE tiene una “representación” bajo el concepto de “consejero delegado”. El cargo lo ocupa Javier Montenegro, otro miembro fundador del consejo.
En conclusión. El CNE consolidó su papel como actor influyente en el gobierno de Arévalo. Extendió su participación más allá de la Ley de Competencia. Ahora plantea interrogantes sobre la transparencia y el equilibrio institucional.
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El respaldo de actores internacionales al consejo plantea tensiones ideológicas. La injerencia extranjera condicionará la formulación de políticas públicas.
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La presencia de exdirectivos del CNE en instituciones clave, como el MAGA o Pronacom, sugiere que la gobernanza híbrida ya se instaló. No obstante, no hay debate abierto ni contrapeso.
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) nació en 2021; es una organización gremial que prometía e impulsaba “la sana competencia” a través de una ley que la regulara. Sin embargo, no la materializó en el gobierno anterior. En la actual gestión, sí lo logró, y también ganó influencia en varias instituciones públicas.
Por qué importa. La finalidad del CNE era alcanzar la gobernanza híbrida entre el sector público y privado. El objetivo: erigirse como un sector privado “alternativo”. El presidente Bernardo Arévalo les abrió las puertas de su Gobierno.
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Por ejemplo, Alfonso Muralles fue nombrado, en enero pasado, como coordinador general del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).
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La institución que tiene como mandato trabajar para mejorar la competitividad a nivel nacional. Asimismo, la consolidación de un clima de negocios favorable.
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Muralles figuró como vicepresidente fundador del CNE.
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El mandatario Arévalo calificó su nombramiento como un “paso firme y decidido” para fortalecer el desarrollo y la productividad del país.
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El CNE nació en 2021; en ese entonces, Rivera dijo que su intención era impulsar agendas “más modernas” que nunca fueron prioridad.
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Una de las metas del CNE era aprobar la Ley de Competencia. En febrero de 2024 organizó un congreso del tema, con participación del presidente.
Sí, pero. En la memoria de labores 2024, el CNE afirmó que su rol en la aprobación de la ley no fue solo protagónico, sino “determinante”. Además, indicó que, para lograr su correcta implementación, tomó control de la dirección de la iniciativa CompiteGuate.
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Se trata de un proyecto integrado por varias instituciones nacionales, y que cuenta con el respaldo internacional que les brinda Oxfam, la polémica oenegé.
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Además, cuentan con el apoyo de la embajada de Suecia; en Guatemala le da el soporte la Universidad Rafael Landívar (URL).
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En la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el CNE tiene una “representación” bajo el concepto de “consejero delegado”. El cargo lo ocupa Javier Montenegro, otro miembro fundador del consejo.
En conclusión. El CNE consolidó su papel como actor influyente en el gobierno de Arévalo. Extendió su participación más allá de la Ley de Competencia. Ahora plantea interrogantes sobre la transparencia y el equilibrio institucional.
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El respaldo de actores internacionales al consejo plantea tensiones ideológicas. La injerencia extranjera condicionará la formulación de políticas públicas.
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La presencia de exdirectivos del CNE en instituciones clave, como el MAGA o Pronacom, sugiere que la gobernanza híbrida ya se instaló. No obstante, no hay debate abierto ni contrapeso.