EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El escándalo de Odebrecht, que sacudió a Latinoamérica al destapar una red de sobornos millonaria, dejó en Guatemala una herida abierta que aún no cicatriza. Mientras países como Brasil, Perú y Panamá avanzaron en investigaciones coordinadas, lideradas en parte por EE. UU., Guatemala optó por un camino aislado bajo la dirección de Thelma Aldana y la CICIG. Una decisión tan rara, como perniciosa.
Esa determinación, lejos de fortalecer la justicia, dio como resultado un proceso opaco que perpetúa la impunidad de los responsables y ha privado al país de un resarcimiento justo.
El caso Odebrecht involucró el pago de coimas por USD 19.6M a funcionarios —como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón— para asegurar contratos de infraestructura, como la ampliación de la carretera CA-2 Occidente. Sin embargo, a diferencia de otros países donde los responsables enfrentaron condenas y las empresas pagaron indemnizaciones, en Guatemala los beneficiarios de los sobornos han evadido la justicia. Los funcionarios responsables siguen impunes, mientras los empresarios brasileños continúan sin rendir cuentas. Esta falta de condenas es solo un caso más de un sistema judicial debilitado por intereses políticos y negociaciones a puerta cerrada.
Más grave aún es el papel de la CICIG y Thelma Aldana en este fiasco. En 2017, esa Comisión y el Ministerio Público, liderado por Aldana, negociaron un acuerdo con Odebrecht en Brasil, sin la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad encargada de representar al Estado. Este convenio, que incluyó un supuesto resarcimiento de USD 17.9M, fue criticado por su falta de transparencia y por eximir a los ejecutivos brasileños de responsabilidad penal a cambio de colaboración. Peor aún, el acuerdo permitió que Odebrecht dedujera el resarcimiento de pagos ya recibidos, dejando al país sin un centavo de compensación real. Se reitera que Guatemala es, hasta hoy, el único país donde Odebrecht no ha pagado indemnización alguna.
La impunidad no solo beneficia a los corruptos guatemaltecos y brasileños, sino también a quienes, desde la CICIG, facilitaron este encubrimiento. Las acusaciones recientes contra Aldana, Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo y Juan Francisco Sandoval, por obstrucción de justicia y abuso de autoridad, sugieren un patrón de manipulación en los acuerdos de colaboración por intereses políticos —cuando menos— de este grupo conformado por guatemaltecos y colombianos. Estos hechos demandan una investigación exhaustiva para esclarecer si la lucha contra la corrupción fue, en este caso, una fachada para proteger intereses oscuros.
Guatemala merece justicia por el grave daño a los ciudadanos que vieron cómo se robaron el dinero, que nunca se construyó la carretera de 140 kilómetros y con una millonaria deuda que se terminará de pagar en 2033. Es imperativo resolver el caso Odebrecht, garantizar la participación de instituciones legítimas y exigir responsabilidades tanto a los que recibieron coimas como a quienes, desde posiciones de poder, traicionaron la confianza del pueblo. Solo así se podrá cerrar este capítulo de impunidad y recuperar la fe en un sistema judicial verdaderamente independiente.
El escándalo de Odebrecht, que sacudió a Latinoamérica al destapar una red de sobornos millonaria, dejó en Guatemala una herida abierta que aún no cicatriza. Mientras países como Brasil, Perú y Panamá avanzaron en investigaciones coordinadas, lideradas en parte por EE. UU., Guatemala optó por un camino aislado bajo la dirección de Thelma Aldana y la CICIG. Una decisión tan rara, como perniciosa.
Esa determinación, lejos de fortalecer la justicia, dio como resultado un proceso opaco que perpetúa la impunidad de los responsables y ha privado al país de un resarcimiento justo.
El caso Odebrecht involucró el pago de coimas por USD 19.6M a funcionarios —como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón— para asegurar contratos de infraestructura, como la ampliación de la carretera CA-2 Occidente. Sin embargo, a diferencia de otros países donde los responsables enfrentaron condenas y las empresas pagaron indemnizaciones, en Guatemala los beneficiarios de los sobornos han evadido la justicia. Los funcionarios responsables siguen impunes, mientras los empresarios brasileños continúan sin rendir cuentas. Esta falta de condenas es solo un caso más de un sistema judicial debilitado por intereses políticos y negociaciones a puerta cerrada.
Más grave aún es el papel de la CICIG y Thelma Aldana en este fiasco. En 2017, esa Comisión y el Ministerio Público, liderado por Aldana, negociaron un acuerdo con Odebrecht en Brasil, sin la participación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad encargada de representar al Estado. Este convenio, que incluyó un supuesto resarcimiento de USD 17.9M, fue criticado por su falta de transparencia y por eximir a los ejecutivos brasileños de responsabilidad penal a cambio de colaboración. Peor aún, el acuerdo permitió que Odebrecht dedujera el resarcimiento de pagos ya recibidos, dejando al país sin un centavo de compensación real. Se reitera que Guatemala es, hasta hoy, el único país donde Odebrecht no ha pagado indemnización alguna.
La impunidad no solo beneficia a los corruptos guatemaltecos y brasileños, sino también a quienes, desde la CICIG, facilitaron este encubrimiento. Las acusaciones recientes contra Aldana, Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo y Juan Francisco Sandoval, por obstrucción de justicia y abuso de autoridad, sugieren un patrón de manipulación en los acuerdos de colaboración por intereses políticos —cuando menos— de este grupo conformado por guatemaltecos y colombianos. Estos hechos demandan una investigación exhaustiva para esclarecer si la lucha contra la corrupción fue, en este caso, una fachada para proteger intereses oscuros.
Guatemala merece justicia por el grave daño a los ciudadanos que vieron cómo se robaron el dinero, que nunca se construyó la carretera de 140 kilómetros y con una millonaria deuda que se terminará de pagar en 2033. Es imperativo resolver el caso Odebrecht, garantizar la participación de instituciones legítimas y exigir responsabilidades tanto a los que recibieron coimas como a quienes, desde posiciones de poder, traicionaron la confianza del pueblo. Solo así se podrá cerrar este capítulo de impunidad y recuperar la fe en un sistema judicial verdaderamente independiente.
