La denuncia contra el vicepresidente Guillermo Castillo que podría llevarlo a la cárcel
El vicepresidente Guillermo Castillo marcó un hecho que no tiene precedente en la historia reciente del país, al oponerse abiertamente a muchas decisiones del presidente. Ello ha impedido que ambos trabajen de la mano y que cada uno lleve su propio rumbo. De esa cuenta, Castillo ha pasado casi desapercibido ante la opinión pública a pesar de sus esfuerzos por dar a conocer su gestión, la cual está concluyendo con una investigación en su contra.
Panorama general. Esta semana, los diputados deben conformar una comisión pesquisidora para conocer la solicitud de antejuicio en contra el vicepresidente Guillermo Castillo para luego recomendar al pleno si se le debe retirar o no la inmunidad. La decisión debe ser respaldada por 107 diputados.
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Castillo es señalado de nombramientos ilegales, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
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La denuncia fue presentada por el abogado Nimrod Israel Estévez, quien considera que el funcionario nombró a Angela Marina Figueroa para que ocupara, de forma interina, la jefatura de SENABED, sin que cumpliera con los requisitos.
Qué destacar. La celeridad para abordar la denuncia podría depender de dos factores: los diputados que integren la pesquisidora, pues son cinco electos por sorteo, y si fijarán un plazo para entregar el informe.
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Los diputados están a contrarreloj ya que el 30 de noviembre concluye el período ordinario y se inicia con el receso parlamentario que termina el 14 de enero con el cambio de legislatura.
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Aunque los tiempos parecen estar de lado de Castillo, su mala relación con el presidente Alejandro Giammattei podría influir para que el oficialismo y sus aliados lo pongan en aprietos.
Voces. El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, considera que hay poco tiempo para abordar el tema, por lo que “solo que hubiera una tremenda dedicatoria”, el tema podría avanzar.
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“Cualquiera de los escenarios toma tiempo, pues si pierde inmunidad, se inicia con la investigación, por lo que creo que primero asumiría como diputado al PARLACEN a que pase el capítulo judicial”, resaltó.
Los datos. El artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que “un dignatario o funcionario público sólo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva”.
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Si al final, el Congreso no toma una decisión sobre la inmunidad, Castillo pierde ese beneficio al entregar el cargo el 14 de enero de 2024.
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No obstante, si asume el escaño que le corresponde en el PARLACEN, volvería a gozar del derecho de antejuicio y se tendría que iniciar una nueva solicitud, la cual ya no estaría en manos del Congreso sino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fisgón histórico. Esta es la primera vez que el Congreso decidirá sobre la inmunidad de un vicepresidente; el caso más cercano a ello fue el de Roxana Baldetti en 2015.
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La CSJ dio trámite al antejuicio contra la entonces vicemandataria, pero el caso ya no fue discutido por los diputados, pues Baldetti renunció al cargo tras los señalamientos en el caso conocido como La Línea.
En conclusión. El vicepresidente tendrá una dura prueba si el Congreso decide retirarle la inmunidad, pues ello afectaría su carrera política y su vida personal, algo que nunca imaginó cuando decidió ser compañero de fórmula de Alejandro Giammattei.
La denuncia contra el vicepresidente Guillermo Castillo que podría llevarlo a la cárcel
El vicepresidente Guillermo Castillo marcó un hecho que no tiene precedente en la historia reciente del país, al oponerse abiertamente a muchas decisiones del presidente. Ello ha impedido que ambos trabajen de la mano y que cada uno lleve su propio rumbo. De esa cuenta, Castillo ha pasado casi desapercibido ante la opinión pública a pesar de sus esfuerzos por dar a conocer su gestión, la cual está concluyendo con una investigación en su contra.
Panorama general. Esta semana, los diputados deben conformar una comisión pesquisidora para conocer la solicitud de antejuicio en contra el vicepresidente Guillermo Castillo para luego recomendar al pleno si se le debe retirar o no la inmunidad. La decisión debe ser respaldada por 107 diputados.
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Castillo es señalado de nombramientos ilegales, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
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La denuncia fue presentada por el abogado Nimrod Israel Estévez, quien considera que el funcionario nombró a Angela Marina Figueroa para que ocupara, de forma interina, la jefatura de SENABED, sin que cumpliera con los requisitos.
Qué destacar. La celeridad para abordar la denuncia podría depender de dos factores: los diputados que integren la pesquisidora, pues son cinco electos por sorteo, y si fijarán un plazo para entregar el informe.
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Los diputados están a contrarreloj ya que el 30 de noviembre concluye el período ordinario y se inicia con el receso parlamentario que termina el 14 de enero con el cambio de legislatura.
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Aunque los tiempos parecen estar de lado de Castillo, su mala relación con el presidente Alejandro Giammattei podría influir para que el oficialismo y sus aliados lo pongan en aprietos.
Voces. El analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, considera que hay poco tiempo para abordar el tema, por lo que “solo que hubiera una tremenda dedicatoria”, el tema podría avanzar.
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“Cualquiera de los escenarios toma tiempo, pues si pierde inmunidad, se inicia con la investigación, por lo que creo que primero asumiría como diputado al PARLACEN a que pase el capítulo judicial”, resaltó.
Los datos. El artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio establece que “un dignatario o funcionario público sólo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva”.
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Si al final, el Congreso no toma una decisión sobre la inmunidad, Castillo pierde ese beneficio al entregar el cargo el 14 de enero de 2024.
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No obstante, si asume el escaño que le corresponde en el PARLACEN, volvería a gozar del derecho de antejuicio y se tendría que iniciar una nueva solicitud, la cual ya no estaría en manos del Congreso sino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fisgón histórico. Esta es la primera vez que el Congreso decidirá sobre la inmunidad de un vicepresidente; el caso más cercano a ello fue el de Roxana Baldetti en 2015.
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La CSJ dio trámite al antejuicio contra la entonces vicemandataria, pero el caso ya no fue discutido por los diputados, pues Baldetti renunció al cargo tras los señalamientos en el caso conocido como La Línea.
En conclusión. El vicepresidente tendrá una dura prueba si el Congreso decide retirarle la inmunidad, pues ello afectaría su carrera política y su vida personal, algo que nunca imaginó cuando decidió ser compañero de fórmula de Alejandro Giammattei.