EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Bob Menéndez, el exsenador estadounidense, fue condenado a 11 años de prisión, dejando al descubierto una ironía que no puede soslayarse: un dizque defensor de la “lucha contra la corrupción”, en particular a través de su vocal apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue encontrado culpable de 16 cargos de corrupción. Este hecho evidencia la falta de integridad de Menéndez, así como la de quienes dirigieron, trabajaron y apoyaron a la extinta comisión.
El otrora prominente miembro del Partido Demócrata fue conocido por su ferviente apoyo a la CICIG; en 2018, justo mientras criticaba al expresidente Morales por no renovar el mandato de la comisión, él era acusado de actos corruptos. Y ni siquiera era esa la primera vez.
La caída en desgracia de Menéndez, condenado por aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, efectivo y otros lujos a cambio de favores políticos, revela la hipocresía del discurso anticorrupción que él y otros han promovido y promueven. No se trata simplemente de “ver la paja en el ojo ajeno”, sino de acciones deliberadas para aparentar probidad y desviar la atención de la propia corrupción; un acto de prestidigitación.
La condena de Menéndez por corrupción y fraude también evidencia lo falso del compromiso de ciertos actores políticos con los ideales de transparencia y justicia. Es particularmente perturbador que alguien que utilizó su posición en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para promover políticas anticorrupción, haya utilizado esa misma influencia para obtener beneficios personales.
De igual forma, abogados del foro se acercaron a la CICIG para traficar influencias, llevar casos contra sus adversarios y, de paso, hacer mucho dinero. Por supuesto, con la participación del excomisionado, Iván Velásquez. Sobra decir que esos abogados continúan impunes, al igual que Velásquez.
También, antiguos fiscales taparon actos de corrupción de la administración de Thelma Aldana; la compra sobrevalorada de un edificio inservible es solo un ejemplo de ello. Pero hay muchos más casos, como la falta de investigación y procesamiento de la que fuese la secretaria general en esa administración, Mayra Véliz, por su participación en una red de tráfico de personas.
La condena del Demócrata se da a menos de 10 días de que el expresidente Biden —otro adalid de la CICIG— usara su privilegio ejecutivo para exculpar preventivamente a su hijo y hermano, ambos acusados de actos de corrupción.
A lo largo de la historia, en todo el mundo, la izquierda ha instrumentalizado la justicia para perseguir a sus enemigos; utilizar la lucha contra la corrupción ha sido, simplemente, la más reciente iteración. Lo que queda claro es que siempre acusan a otros de lo que ellos son culpables.
Bob Menéndez, el exsenador estadounidense, fue condenado a 11 años de prisión, dejando al descubierto una ironía que no puede soslayarse: un dizque defensor de la “lucha contra la corrupción”, en particular a través de su vocal apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue encontrado culpable de 16 cargos de corrupción. Este hecho evidencia la falta de integridad de Menéndez, así como la de quienes dirigieron, trabajaron y apoyaron a la extinta comisión.
El otrora prominente miembro del Partido Demócrata fue conocido por su ferviente apoyo a la CICIG; en 2018, justo mientras criticaba al expresidente Morales por no renovar el mandato de la comisión, él era acusado de actos corruptos. Y ni siquiera era esa la primera vez.
La caída en desgracia de Menéndez, condenado por aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, efectivo y otros lujos a cambio de favores políticos, revela la hipocresía del discurso anticorrupción que él y otros han promovido y promueven. No se trata simplemente de “ver la paja en el ojo ajeno”, sino de acciones deliberadas para aparentar probidad y desviar la atención de la propia corrupción; un acto de prestidigitación.
La condena de Menéndez por corrupción y fraude también evidencia lo falso del compromiso de ciertos actores políticos con los ideales de transparencia y justicia. Es particularmente perturbador que alguien que utilizó su posición en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para promover políticas anticorrupción, haya utilizado esa misma influencia para obtener beneficios personales.
De igual forma, abogados del foro se acercaron a la CICIG para traficar influencias, llevar casos contra sus adversarios y, de paso, hacer mucho dinero. Por supuesto, con la participación del excomisionado, Iván Velásquez. Sobra decir que esos abogados continúan impunes, al igual que Velásquez.
También, antiguos fiscales taparon actos de corrupción de la administración de Thelma Aldana; la compra sobrevalorada de un edificio inservible es solo un ejemplo de ello. Pero hay muchos más casos, como la falta de investigación y procesamiento de la que fuese la secretaria general en esa administración, Mayra Véliz, por su participación en una red de tráfico de personas.
La condena del Demócrata se da a menos de 10 días de que el expresidente Biden —otro adalid de la CICIG— usara su privilegio ejecutivo para exculpar preventivamente a su hijo y hermano, ambos acusados de actos de corrupción.
A lo largo de la historia, en todo el mundo, la izquierda ha instrumentalizado la justicia para perseguir a sus enemigos; utilizar la lucha contra la corrupción ha sido, simplemente, la más reciente iteración. Lo que queda claro es que siempre acusan a otros de lo que ellos son culpables.
