EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La relación entre el narcotráfico y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando una simbiosis que amenaza la democracia y la estabilidad regional. Países como México, Honduras, Bolivia y Colombia —sobre todo durante el gobierno de Gustavo Petro— muestran patrones inquietantes donde el narco no solo financia campañas políticas, sino que se infiltra en las estructuras del poder, perpetuando la violencia y la corrupción.
En México, la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador fue tolerante con los cárteles, mientras la violencia escaló y el narco permea gobiernos locales. Sheinbaum es más de lo mismo.
En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández ejemplifica cómo el narco puede corromper incluso a líderes pragmáticos, pero el giro hacia Xiomara Castro ha demostrado la incrustación de esas redes.
La Bolivia de Evo Morales, fue señalada como un narcoestado, con el exmandatario vinculado a las federaciones cocaleras y una economía dependiente del narcotráfico, y su “zar” antidrogas extraditado a EE. UU. por su vinculación directa con el narco.
En Colombia, Gustavo Petro enfrenta serias acusaciones de haber recibido fondos narcos en su campaña, mientras su hijo Nicolás confesó nexos con estas redes. Más claro, no canta un gallo.
Y en Guatemala, esta dinámica se agrava con el aumento de la narco violencia y la cooptación de instituciones locales, como alcaldías, diputaciones y de los Consejos de Desarrollo, estructuras que se han convertido en mecanismos para blanquear dinero ilícito. El país vive una crisis [no tan] silenciosa y devastadora.
Los CODEDES, concebidos como mecanismos de desarrollo comunitario, han sido secuestrados por estas estructuras para blanquear su dinero mal habido; la guinda: en los presupuestos de 2024 y 2025 se asignaron ingentes sumas a estos consejos.
En 2024 se les asignó GTQ 3300M y, a pesar de su paupérrima ejecución, en agosto, el oficialismo les aumentó poco más de GTQ 1600M. Como no ejecutaron, se les “autorizó” utilizar los fundos en este 2025.
Añadiendo insulto a la herida, en el presupuesto 2025, el ministro Jonathan Menkos pidió para los CODEDES GTQ 5012M; en febrero, ese monto fue ampliado en GTQ 1625M. En total, el Gobierno le “abrió el chorro” a esas estructuras por más de GTQ 11 000M, un monto ofensivo, que expertos señalan como una vía ideal para el lavado de dinero narco.
Esta asignación, lejos de promover el bienestar, fortalece la capacidad del crimen organizado para controlar territorios y comprar lealtades.
La izquierda latinoamericana, con su discurso de justicia social, parece haber encontrado en el narco un aliado financiero conveniente, pero a un costo insostenible: la erosión del Estado de derecho y el aumento de la violencia. La crítica no radica en su ideología, sino en su incapacidad o unwillingness para romper esta relación tóxica. Mientras los presupuestos engorden estructuras vulnerables como los CODEDES y los líderes evadan responsabilidades, la región seguirá atrapada en un ciclo de narco violencia que asfixia cualquier esperanza de progreso. Es hora de exigir transparencia y voluntad política para desmantelar esta alianza letal.
El cambio en la dirección del Buró de Narcóticos y Asuntos de Fuerzas de Seguridad (INL, por sus siglas en inglés) es una oportunidad para que las autoridades de EE. UU. actúen sobre funcionarios complacientes —y hasta aliados— con el narco; otorgarles el manejo de miles de millones del presupuesto nacional no es sino un pago de favores.
La relación entre el narcotráfico y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciando una simbiosis que amenaza la democracia y la estabilidad regional. Países como México, Honduras, Bolivia y Colombia —sobre todo durante el gobierno de Gustavo Petro— muestran patrones inquietantes donde el narco no solo financia campañas políticas, sino que se infiltra en las estructuras del poder, perpetuando la violencia y la corrupción.
En México, la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador fue tolerante con los cárteles, mientras la violencia escaló y el narco permea gobiernos locales. Sheinbaum es más de lo mismo.
En Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández ejemplifica cómo el narco puede corromper incluso a líderes pragmáticos, pero el giro hacia Xiomara Castro ha demostrado la incrustación de esas redes.
La Bolivia de Evo Morales, fue señalada como un narcoestado, con el exmandatario vinculado a las federaciones cocaleras y una economía dependiente del narcotráfico, y su “zar” antidrogas extraditado a EE. UU. por su vinculación directa con el narco.
En Colombia, Gustavo Petro enfrenta serias acusaciones de haber recibido fondos narcos en su campaña, mientras su hijo Nicolás confesó nexos con estas redes. Más claro, no canta un gallo.
Y en Guatemala, esta dinámica se agrava con el aumento de la narco violencia y la cooptación de instituciones locales, como alcaldías, diputaciones y de los Consejos de Desarrollo, estructuras que se han convertido en mecanismos para blanquear dinero ilícito. El país vive una crisis [no tan] silenciosa y devastadora.
Los CODEDES, concebidos como mecanismos de desarrollo comunitario, han sido secuestrados por estas estructuras para blanquear su dinero mal habido; la guinda: en los presupuestos de 2024 y 2025 se asignaron ingentes sumas a estos consejos.
En 2024 se les asignó GTQ 3300M y, a pesar de su paupérrima ejecución, en agosto, el oficialismo les aumentó poco más de GTQ 1600M. Como no ejecutaron, se les “autorizó” utilizar los fundos en este 2025.
Añadiendo insulto a la herida, en el presupuesto 2025, el ministro Jonathan Menkos pidió para los CODEDES GTQ 5012M; en febrero, ese monto fue ampliado en GTQ 1625M. En total, el Gobierno le “abrió el chorro” a esas estructuras por más de GTQ 11 000M, un monto ofensivo, que expertos señalan como una vía ideal para el lavado de dinero narco.
Esta asignación, lejos de promover el bienestar, fortalece la capacidad del crimen organizado para controlar territorios y comprar lealtades.
La izquierda latinoamericana, con su discurso de justicia social, parece haber encontrado en el narco un aliado financiero conveniente, pero a un costo insostenible: la erosión del Estado de derecho y el aumento de la violencia. La crítica no radica en su ideología, sino en su incapacidad o unwillingness para romper esta relación tóxica. Mientras los presupuestos engorden estructuras vulnerables como los CODEDES y los líderes evadan responsabilidades, la región seguirá atrapada en un ciclo de narco violencia que asfixia cualquier esperanza de progreso. Es hora de exigir transparencia y voluntad política para desmantelar esta alianza letal.
El cambio en la dirección del Buró de Narcóticos y Asuntos de Fuerzas de Seguridad (INL, por sus siglas en inglés) es una oportunidad para que las autoridades de EE. UU. actúen sobre funcionarios complacientes —y hasta aliados— con el narco; otorgarles el manejo de miles de millones del presupuesto nacional no es sino un pago de favores.
