EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El martes recién pasado se cumplió un lustro del cese de la misión de la Comisión Internacional conta la Impunidad en Guatemala (CICIG), la que operó –imperó, más bien– por 12 años en el sistema judicial y político guatemaltecos. No fue “echada” como vociferan algunos; su mandato feneció y simplemente no fue renovado.
Desde su concepción, fue in instrumento ideológico que, con el tiempo, se convirtió en un poder coercitivo que, en lugar de coadyuvar al Estado, compitió con él.
Si bien tuvo la apariencia de cumplir su misión (investigar y colaborar en la desarticulación de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), además de emitir recomendaciones de políticas públicas en ese sentido), aunado a la buena voluntad de algunos funcionarios que apoyaron su operación –sorprendidos en su buena fe– en realidad nunca cumplió su mandato.
Casi desde su inicio –y durante el mandato de sus tres comisionados– se empecinó en perseguir a grupos de poder que pudieran hacerle sombra; en un inicio se enfocó con políticos y operadores de justicia, algunos corruptos, sí, pero luego se lanzó contra cualquier persona que representara una –percibida– amenaza para su dominio total del Estado.
La persecución, encarcelamiento y condena de algunos corruptos no compensa la tortura que vivieron muchos otros, que sufrieron encarcelamientos “provisionales”, prisión preventiva excesiva –durante la cual, varios murieron siendo inocentes–, fabricación de pruebas, testigos falsos (a quienes intimidaron empleados extranjeros de la Comisión, sin peligro a persecución alguna, pues gozan de inmunidad a perpetuidad), y un largo etcétera de abusos.
La pregunta que debe responderse es: ¿está mejor la justicia hoy, después de 12 años de CICIG? La respuesta es un claro ¡no! Pero no solo ahora está mal, pues durante su imperio se dieron los mismos abusos judiciales que existían antes de su advenimiento, y que persisten a la fecha.
La CICIG fue un caro experimento, financiero para los tributarios de los países donantes –que no tienen resultados perdurables–, y en vidas humanas para Guatemala.
Todo se podría fiscalizar, tanto los dineros –por quienes los dieron–, y la responsabilidad penal, de quienes abusaron de su posición; pero no ocurrirá lo primero, ni lo segundo. En el acuerdo de creación de la Comisión se pactó inmunidad perpetua –impunidad– para los funcionarios y empleados extranjeros, muchos de ellos burócratas internacionales, acostumbrados a llegar cual sátrapas a países ajenos, que luego dejan con problemas sin resolver. Impunidad negociada ¡nunca más!
El martes recién pasado se cumplió un lustro del cese de la misión de la Comisión Internacional conta la Impunidad en Guatemala (CICIG), la que operó –imperó, más bien– por 12 años en el sistema judicial y político guatemaltecos. No fue “echada” como vociferan algunos; su mandato feneció y simplemente no fue renovado.
Desde su concepción, fue in instrumento ideológico que, con el tiempo, se convirtió en un poder coercitivo que, en lugar de coadyuvar al Estado, compitió con él.
Si bien tuvo la apariencia de cumplir su misión (investigar y colaborar en la desarticulación de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), además de emitir recomendaciones de políticas públicas en ese sentido), aunado a la buena voluntad de algunos funcionarios que apoyaron su operación –sorprendidos en su buena fe– en realidad nunca cumplió su mandato.
Casi desde su inicio –y durante el mandato de sus tres comisionados– se empecinó en perseguir a grupos de poder que pudieran hacerle sombra; en un inicio se enfocó con políticos y operadores de justicia, algunos corruptos, sí, pero luego se lanzó contra cualquier persona que representara una –percibida– amenaza para su dominio total del Estado.
La persecución, encarcelamiento y condena de algunos corruptos no compensa la tortura que vivieron muchos otros, que sufrieron encarcelamientos “provisionales”, prisión preventiva excesiva –durante la cual, varios murieron siendo inocentes–, fabricación de pruebas, testigos falsos (a quienes intimidaron empleados extranjeros de la Comisión, sin peligro a persecución alguna, pues gozan de inmunidad a perpetuidad), y un largo etcétera de abusos.
La pregunta que debe responderse es: ¿está mejor la justicia hoy, después de 12 años de CICIG? La respuesta es un claro ¡no! Pero no solo ahora está mal, pues durante su imperio se dieron los mismos abusos judiciales que existían antes de su advenimiento, y que persisten a la fecha.
La CICIG fue un caro experimento, financiero para los tributarios de los países donantes –que no tienen resultados perdurables–, y en vidas humanas para Guatemala.
Todo se podría fiscalizar, tanto los dineros –por quienes los dieron–, y la responsabilidad penal, de quienes abusaron de su posición; pero no ocurrirá lo primero, ni lo segundo. En el acuerdo de creación de la Comisión se pactó inmunidad perpetua –impunidad– para los funcionarios y empleados extranjeros, muchos de ellos burócratas internacionales, acostumbrados a llegar cual sátrapas a países ajenos, que luego dejan con problemas sin resolver. Impunidad negociada ¡nunca más!
