EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En medio de la convulsión que enfrenta Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre, donde los resultados preliminares muestran a Nasry Asfura —candidato conservador, respaldado por Donald Trump— liderando y seguido de cerca por Salvador Nasralla. Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, quedó en un lejano tercer lugar. Ante ello, el régimen socialista pretende sacar provecho; no están en la pena, sino en la pepena.
El contexto histórico se remonta al golpe de Estado de 2009 contra Manuel “Mel” Zelaya (esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro), derrocado por proponer una consulta sobre reformas constitucionales, lo que desató protestas masivas y aislamiento internacional. Posteriormente, en 2017, Juan Orlando Hernández logró una reelección inconstitucional: la constitución hondureña prohibía la reelección presidencial, pero una controvertida sentencia de la Corte Suprema la habilitó, en medio de acusaciones de fraude electoral y manipulación de actas por el entonces Tribunal Supremo Electoral. Estos eventos, marcados por violencia postelectoral y cuestionamientos de observadores como la OEA, consolidaron un patrón de desconfianza en las instituciones.
En 2025, el contexto electoral ha sido un poco más de lo mismo, con vaivenes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El proceso inició con divisiones internas: consejeros, como Cossette López, denunciaron intimidaciones y manipulaciones en informes, mientras Marlon Ochoa destacó irregularidades en la organización. La votación del 30 de noviembre se vio empañada por retrasos en la instalación de mesas, exceso de llamadas en centros de verificación y escaneo de credenciales por militares sin autorización clara.
El conteo se interrumpió por fallos técnicos, generando impaciencia y protestas. La presidenta Xiomara Castro declaró las elecciones “nulas” por supuesta injerencia estadounidense y fraude. Trump intervino vía redes, alegando manipulación contra Asfura, exacerbando tensiones.
Diversos análisis externos revelan un sistema electoral vulnerable; algunos tanques de pensamiento advierten de riesgos por divisiones en el CNE, preocupaciones sobre neutralidad militar y alegatos de fraude preelectoral. Sin embargo, observadores internacionales notan avances en transparencia, como acceso a actas para partidos y auditorías parciales. La manipulación es posible —mediante alteración de actas o interferencia en el TREP (Transmisión de Resultados Preliminares)—, como acusa el oficialismo, pero hasta ahora, no hay evidencia creíble de fraude masivo que justifique nulidad, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU. y reportes preliminares. El sistema, reformado en 2021 con el CNE tripartito, busca equilibrio, pero persisten brechas en capacitación y tecnología.
Para resolver esta disputa de manera legal y democrática, se debe respetar la Constitución y la Ley Electoral; el CNE debe completar el escrutinio especial de actas impugnadas, permitiendo revisiones y recuentos formales por parte de partidos. Cualquier nulidad requiere causales probadas ante el CNE o el Tribunal de Justicia Electoral, no decretos ejecutivos.
Involucrar observadores internacionales para auditorías independientes garantizaría imparcialidad. Finalmente, una reforma constitucional para fortalecer la independencia del CNE y prohibir injerencias externas evitaría ciclos viciosos.
En medio de la convulsión que enfrenta Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre, donde los resultados preliminares muestran a Nasry Asfura —candidato conservador, respaldado por Donald Trump— liderando y seguido de cerca por Salvador Nasralla. Rixi Moncada, del partido oficialista Libre, quedó en un lejano tercer lugar. Ante ello, el régimen socialista pretende sacar provecho; no están en la pena, sino en la pepena.
El contexto histórico se remonta al golpe de Estado de 2009 contra Manuel “Mel” Zelaya (esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro), derrocado por proponer una consulta sobre reformas constitucionales, lo que desató protestas masivas y aislamiento internacional. Posteriormente, en 2017, Juan Orlando Hernández logró una reelección inconstitucional: la constitución hondureña prohibía la reelección presidencial, pero una controvertida sentencia de la Corte Suprema la habilitó, en medio de acusaciones de fraude electoral y manipulación de actas por el entonces Tribunal Supremo Electoral. Estos eventos, marcados por violencia postelectoral y cuestionamientos de observadores como la OEA, consolidaron un patrón de desconfianza en las instituciones.
En 2025, el contexto electoral ha sido un poco más de lo mismo, con vaivenes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El proceso inició con divisiones internas: consejeros, como Cossette López, denunciaron intimidaciones y manipulaciones en informes, mientras Marlon Ochoa destacó irregularidades en la organización. La votación del 30 de noviembre se vio empañada por retrasos en la instalación de mesas, exceso de llamadas en centros de verificación y escaneo de credenciales por militares sin autorización clara.
El conteo se interrumpió por fallos técnicos, generando impaciencia y protestas. La presidenta Xiomara Castro declaró las elecciones “nulas” por supuesta injerencia estadounidense y fraude. Trump intervino vía redes, alegando manipulación contra Asfura, exacerbando tensiones.
Diversos análisis externos revelan un sistema electoral vulnerable; algunos tanques de pensamiento advierten de riesgos por divisiones en el CNE, preocupaciones sobre neutralidad militar y alegatos de fraude preelectoral. Sin embargo, observadores internacionales notan avances en transparencia, como acceso a actas para partidos y auditorías parciales. La manipulación es posible —mediante alteración de actas o interferencia en el TREP (Transmisión de Resultados Preliminares)—, como acusa el oficialismo, pero hasta ahora, no hay evidencia creíble de fraude masivo que justifique nulidad, de acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU. y reportes preliminares. El sistema, reformado en 2021 con el CNE tripartito, busca equilibrio, pero persisten brechas en capacitación y tecnología.
Para resolver esta disputa de manera legal y democrática, se debe respetar la Constitución y la Ley Electoral; el CNE debe completar el escrutinio especial de actas impugnadas, permitiendo revisiones y recuentos formales por parte de partidos. Cualquier nulidad requiere causales probadas ante el CNE o el Tribunal de Justicia Electoral, no decretos ejecutivos.
Involucrar observadores internacionales para auditorías independientes garantizaría imparcialidad. Finalmente, una reforma constitucional para fortalecer la independencia del CNE y prohibir injerencias externas evitaría ciclos viciosos.
