EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Cuando Bernardo Arévalo llegó a la presidencia, se presentó ante los guatemaltecos como el antídoto contra todo lo anterior. Prometió ser distinto: abierto al diálogo, genuinamente democrático y, sobre todo, incorruptible. La narrativa funcionó. Parte de la ciudadanía —y buena parte de la prensa internacional— lo compraron como el líder que rompería con el ciclo de impunidad y autoritarismo que ha marcado los últimos lustros.
Es justo reconocer que, hasta ahora, ni él ni la mayoría de sus principales funcionarios se han visto envueltos en los grandes escándalos de corrupción que caracterizaron a administraciones anteriores. Eso es un mérito relativo, pero no es suficiente. Porque la corrupción no ha desaparecido; simplemente ha cambiado de disfraz. Sigue habiendo contratos millonarios que se firman bajo las narices del Ejecutivo. Basta leer las investigaciones de República para ver cómo, con la aquiescencia de las autoridades, se han habilitado empresas de fachada que simulan competencia cuando en realidad existe colusión —amén de que son habilitadas para ello por el RGAE, coto del ministro Jonathan Menkos—.
El resultado es el mismo de siempre: el Estado paga más por menos, y algunos se enriquecen a costillas del erario. Si el presidente quiere que lo creamos distinto, no basta con no robar él mismo; tiene que demostrar que tampoco permite que roben a su alrededor.
En materia de diálogo y democracia, la diferencia también es más retórica que real. Durante la campaña prometió puertas abiertas a la prensa. Hoy el acceso al presidente, a la vicepresidenta y a varios ministros es igual de restringido que en varios gobiernos anteriores. Usualmente, la Secretaría de Comunicación Social filtra las preguntas que deben ser sometidas para su consideración. Eso no es “nuevo estilo”; es el viejo estilo con mejor marketing.
Sin embargo, hay un terreno donde Arévalo todavía puede marcar una diferencia histórica y tangible: la designación del fiscal general. Aquí no se trata de personas, sino de intención política. Es obvio que no nombrará a Consuelo Porras, ni aunque encabezara la lista de seis; la verdadera ruptura no está en el nombre que elija, sino en el mandato que le dé: que la fiscalía deje de ser un instrumento de persecución selectiva contra opositores políticos.
En los últimos cuatro períodos, independientemente del color del gobierno, la fiscalía ha sido usada —en mayor o menor grado— como un arma contra rivales. Se abren casos con bombo y platillo cuando conviene y se archivan o se entorpecen cuando la incomodidad cambia de bando. Esa práctica ha degradado la credibilidad de la justicia y ha convertido la política en un juego de venganzas judicializadas. Arévalo tiene la oportunidad de romper ese patrón. Puede elegir a un fiscal general que persiga la corrupción sin mirar carnet partidario, que investigue a todos —incluidos los suyos— con el mismo rigor y que devuelva a la institución su rol de garante del Estado de derecho, no de verdugo político.
No es un tema menor. De esa designación dependerá, en buena medida, si la democracia guatemalteca sale fortalecida o sigue siendo un campo de batalla donde el que gana las elecciones gana también el derecho a perseguir al que pierde.
Arévalo se ha vendido como distinto. Aquí tiene la prueba de fuego. Ojalá la aproveche. La historia no le perdonará que, pudiendo cambiar el juego, decida simplemente cambiar de jugador.
Cuando Bernardo Arévalo llegó a la presidencia, se presentó ante los guatemaltecos como el antídoto contra todo lo anterior. Prometió ser distinto: abierto al diálogo, genuinamente democrático y, sobre todo, incorruptible. La narrativa funcionó. Parte de la ciudadanía —y buena parte de la prensa internacional— lo compraron como el líder que rompería con el ciclo de impunidad y autoritarismo que ha marcado los últimos lustros.
Es justo reconocer que, hasta ahora, ni él ni la mayoría de sus principales funcionarios se han visto envueltos en los grandes escándalos de corrupción que caracterizaron a administraciones anteriores. Eso es un mérito relativo, pero no es suficiente. Porque la corrupción no ha desaparecido; simplemente ha cambiado de disfraz. Sigue habiendo contratos millonarios que se firman bajo las narices del Ejecutivo. Basta leer las investigaciones de República para ver cómo, con la aquiescencia de las autoridades, se han habilitado empresas de fachada que simulan competencia cuando en realidad existe colusión —amén de que son habilitadas para ello por el RGAE, coto del ministro Jonathan Menkos—.
El resultado es el mismo de siempre: el Estado paga más por menos, y algunos se enriquecen a costillas del erario. Si el presidente quiere que lo creamos distinto, no basta con no robar él mismo; tiene que demostrar que tampoco permite que roben a su alrededor.
En materia de diálogo y democracia, la diferencia también es más retórica que real. Durante la campaña prometió puertas abiertas a la prensa. Hoy el acceso al presidente, a la vicepresidenta y a varios ministros es igual de restringido que en varios gobiernos anteriores. Usualmente, la Secretaría de Comunicación Social filtra las preguntas que deben ser sometidas para su consideración. Eso no es “nuevo estilo”; es el viejo estilo con mejor marketing.
Sin embargo, hay un terreno donde Arévalo todavía puede marcar una diferencia histórica y tangible: la designación del fiscal general. Aquí no se trata de personas, sino de intención política. Es obvio que no nombrará a Consuelo Porras, ni aunque encabezara la lista de seis; la verdadera ruptura no está en el nombre que elija, sino en el mandato que le dé: que la fiscalía deje de ser un instrumento de persecución selectiva contra opositores políticos.
En los últimos cuatro períodos, independientemente del color del gobierno, la fiscalía ha sido usada —en mayor o menor grado— como un arma contra rivales. Se abren casos con bombo y platillo cuando conviene y se archivan o se entorpecen cuando la incomodidad cambia de bando. Esa práctica ha degradado la credibilidad de la justicia y ha convertido la política en un juego de venganzas judicializadas. Arévalo tiene la oportunidad de romper ese patrón. Puede elegir a un fiscal general que persiga la corrupción sin mirar carnet partidario, que investigue a todos —incluidos los suyos— con el mismo rigor y que devuelva a la institución su rol de garante del Estado de derecho, no de verdugo político.
No es un tema menor. De esa designación dependerá, en buena medida, si la democracia guatemalteca sale fortalecida o sigue siendo un campo de batalla donde el que gana las elecciones gana también el derecho a perseguir al que pierde.
Arévalo se ha vendido como distinto. Aquí tiene la prueba de fuego. Ojalá la aproveche. La historia no le perdonará que, pudiendo cambiar el juego, decida simplemente cambiar de jugador.
