EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Bernardo Arévalo tiene en sus manos enderezar la torcida ruta de la justicia —sobre todo la penal— en Guatemala. Designará al próximo fiscal general y su escogencia debe tener como norte parar el penduleo político de los últimos 15 años, cuando menos. Su designación, bajo el mismo criterio, de un magistrado titular y uno suplente a la Corte de Constitucionalidad es igual de trascendental.
El próximo año, Guatemala enfrentará un momento clave para su república: las designaciones de autoridades, como de fiscal general, magistrados de la CC, magistrados del TSE y de contralor general de cuentas. Esas elecciones determinarán el rumbo de la justicia, la fiscalización electoral y el control de cuentas públicas por los próximos años, influyendo en la estabilidad institucional y la lucha contra la corrupción.
La relevancia de estos procesos radica en su potencial para fortalecer o debilitar el Estado de derecho; todas esas autoridades jugarán un rol clave en la pureza de las elecciones generales del 2027.
Deben llevarse a cabo [las elecciones y designaciones] con absoluta transparencia, y priorizando criterios eminentemente éticos y técnicos por encima de cualquier injerencia política. Solo así se garantizará que las instituciones sirvan al bien común, no a intereses particulares o sectarios; o peor aún, a políticos corruptos.
Sin embargo, el contexto histórico es alarmante; la justicia guatemalteca ha sufrido vaivenes políticos e ideológicos que jamás debieron ocurrir. Durante la estancia en el país de la CICIG, ese fenómeno alcanzó su máxima expresión, pero no vino a inventar nada que no existiera antes, simplemente exacerbó —exponencialmente— los vicios en el sistema de justicia. Tristemente, la afamada “transferencia de capacidades” de CICIG perpetuó esas prácticas, que continúan hasta hoy. Con todo ello, se ha generado inestabilidad y erosión de la confianza pública.
De cara al futuro, es imperativo evitar la replicación de este pernicioso fenómeno. El presidente Bernardo Arévalo, quien ha reconocido que 2026 será “crucial”, debe elegir un fiscal general que detenga el péndulo de la politización judicial. Lo mismo aplica para los magistrados de la CC, cuya elección involucra al Ejecutivo, Congreso y otros órganos: deben elegirse juristas íntegros, no peones ideológicos o marionetas de operadores políticos. Si Arévalo actúa con ética, podría restaurar la imparcialidad judicial, fomentando un sistema donde la ley prevalezca sobre el poder.
Aunque todos esos cambios ocurrirán a partir de marzo del otro año; los procesos inician este mes de octubre y, más que la “comunidad internacional” a la que fue a pedir ayuda Arévalo en el seno de la ONU, corresponde a la ciudadanía en general, pero a los medios de comunicación, gremios profesionales y cámaras empresariales en particular, vigilar y velar porque esos procesos se conduzcan con estricto apego a la Constitución y las leyes.
Bernardo Arévalo tiene en sus manos enderezar la torcida ruta de la justicia —sobre todo la penal— en Guatemala. Designará al próximo fiscal general y su escogencia debe tener como norte parar el penduleo político de los últimos 15 años, cuando menos. Su designación, bajo el mismo criterio, de un magistrado titular y uno suplente a la Corte de Constitucionalidad es igual de trascendental.
El próximo año, Guatemala enfrentará un momento clave para su república: las designaciones de autoridades, como de fiscal general, magistrados de la CC, magistrados del TSE y de contralor general de cuentas. Esas elecciones determinarán el rumbo de la justicia, la fiscalización electoral y el control de cuentas públicas por los próximos años, influyendo en la estabilidad institucional y la lucha contra la corrupción.
La relevancia de estos procesos radica en su potencial para fortalecer o debilitar el Estado de derecho; todas esas autoridades jugarán un rol clave en la pureza de las elecciones generales del 2027.
Deben llevarse a cabo [las elecciones y designaciones] con absoluta transparencia, y priorizando criterios eminentemente éticos y técnicos por encima de cualquier injerencia política. Solo así se garantizará que las instituciones sirvan al bien común, no a intereses particulares o sectarios; o peor aún, a políticos corruptos.
Sin embargo, el contexto histórico es alarmante; la justicia guatemalteca ha sufrido vaivenes políticos e ideológicos que jamás debieron ocurrir. Durante la estancia en el país de la CICIG, ese fenómeno alcanzó su máxima expresión, pero no vino a inventar nada que no existiera antes, simplemente exacerbó —exponencialmente— los vicios en el sistema de justicia. Tristemente, la afamada “transferencia de capacidades” de CICIG perpetuó esas prácticas, que continúan hasta hoy. Con todo ello, se ha generado inestabilidad y erosión de la confianza pública.
De cara al futuro, es imperativo evitar la replicación de este pernicioso fenómeno. El presidente Bernardo Arévalo, quien ha reconocido que 2026 será “crucial”, debe elegir un fiscal general que detenga el péndulo de la politización judicial. Lo mismo aplica para los magistrados de la CC, cuya elección involucra al Ejecutivo, Congreso y otros órganos: deben elegirse juristas íntegros, no peones ideológicos o marionetas de operadores políticos. Si Arévalo actúa con ética, podría restaurar la imparcialidad judicial, fomentando un sistema donde la ley prevalezca sobre el poder.
Aunque todos esos cambios ocurrirán a partir de marzo del otro año; los procesos inician este mes de octubre y, más que la “comunidad internacional” a la que fue a pedir ayuda Arévalo en el seno de la ONU, corresponde a la ciudadanía en general, pero a los medios de comunicación, gremios profesionales y cámaras empresariales en particular, vigilar y velar porque esos procesos se conduzcan con estricto apego a la Constitución y las leyes.
