EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los principales puertos de Guatemala están, por distintas razones –pero con problemas en común– en franco declive. La privilegiada posición geográfica del país ha sido desdeñada gobierno tras gobierno y, mientras tanto, se han perdido miles de millones de ingresos –en ganancias e impuestos–. Pero lo más lamentable son las miles de familias guatemaltecas que han perdido la oportunidad de ganarse el pan de cada día. Todo por la corrupción y la desidia gubernamentales.
El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta, más que sus antecesores, una situación dramática en dos frentes: en el litoral caribeño, el puerto Santo Tomás de Castilla agoniza –y en vías de ser, no solo obsoleto, sino anacrónico– por la incapacidad de quienes lo han administrado. Las pasadas autoridades de ese puerto tienen mucha responsabilidad, pero las actuales han caído en el inmovilismo por miedo a ejecutar; ese mismo miedo que aqueja a casi todo el gobierno de Arévalo, él incluido.
En el sur, la cosa es igual o peor; la concesión –otorgada bajo otra figura legal– de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), nació con pecado original: millones de dólares en coimas a funcionarios del corrupto gobierno patriota. No obstante, ese daño no es ni la sobra del que puede causar el gobierno de Arévalo si no se resuelve urgentemente –de manera temporal, cuando menos– la situación legal de su operación.
Hay ya soluciones planteadas en ese sentido y el gobierno simplemente debe decidirse por la más conveniente y ejecutarla. Sin embargo, ese miedo paralizante que aqueja a los funcionarios actuales ha impedido llevar la solución a buen puerto, si se permite la expresión.
Tanto en TCQ como en la Empresa Portuaria Quetzal, propiamente dicha, se requieren inversiones de cientos de millones de dólares en el mantenimiento y mejora de la infraestructura existente, pero, sobre todo, en el dragado para permitir la entrada de buques de mayor calado; ampliar la capacidad portuaria para reducir el tiempo de fondeo es, también, algo urgente.
Una solución integral para resolver la crisis portuaria –pero a mediano plazo– debe ser la aprobación de una ley de autoridad portuaria, normativa que permita la inversión y operación privadas para la infraestructura portuaria actual y el desarrollo de nuevos y puertos. Es decir, terminar con el monopolio portuario estatal.
Mientras la infraestructura estratégica se derruye –puertos, aeropuertos, autopistas, etc.– la actual administración se enfoca en la peccata minuta, en un fetichismo bucólico, y no en los grandes proyectos, sea por complejo de inferioridad, o falta de visión de país.
En todo caso, si el miedo que los paraliza y su chata visión son un valladar para las grandes e importantes inversiones, la solución está en permitir y alentar la inversión y operación privadas. Pero no cuestión de años, como anunció el presidente Arévalo que ocurrirá con el aeropuerto La Aurora, sino ya. El tiempo apremia y las oportunidades se pierden, pues se van a los países vecinos que nos ganan a zancadas.
Los principales puertos de Guatemala están, por distintas razones –pero con problemas en común– en franco declive. La privilegiada posición geográfica del país ha sido desdeñada gobierno tras gobierno y, mientras tanto, se han perdido miles de millones de ingresos –en ganancias e impuestos–. Pero lo más lamentable son las miles de familias guatemaltecas que han perdido la oportunidad de ganarse el pan de cada día. Todo por la corrupción y la desidia gubernamentales.
El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta, más que sus antecesores, una situación dramática en dos frentes: en el litoral caribeño, el puerto Santo Tomás de Castilla agoniza –y en vías de ser, no solo obsoleto, sino anacrónico– por la incapacidad de quienes lo han administrado. Las pasadas autoridades de ese puerto tienen mucha responsabilidad, pero las actuales han caído en el inmovilismo por miedo a ejecutar; ese mismo miedo que aqueja a casi todo el gobierno de Arévalo, él incluido.
En el sur, la cosa es igual o peor; la concesión –otorgada bajo otra figura legal– de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), nació con pecado original: millones de dólares en coimas a funcionarios del corrupto gobierno patriota. No obstante, ese daño no es ni la sobra del que puede causar el gobierno de Arévalo si no se resuelve urgentemente –de manera temporal, cuando menos– la situación legal de su operación.
Hay ya soluciones planteadas en ese sentido y el gobierno simplemente debe decidirse por la más conveniente y ejecutarla. Sin embargo, ese miedo paralizante que aqueja a los funcionarios actuales ha impedido llevar la solución a buen puerto, si se permite la expresión.
Tanto en TCQ como en la Empresa Portuaria Quetzal, propiamente dicha, se requieren inversiones de cientos de millones de dólares en el mantenimiento y mejora de la infraestructura existente, pero, sobre todo, en el dragado para permitir la entrada de buques de mayor calado; ampliar la capacidad portuaria para reducir el tiempo de fondeo es, también, algo urgente.
Una solución integral para resolver la crisis portuaria –pero a mediano plazo– debe ser la aprobación de una ley de autoridad portuaria, normativa que permita la inversión y operación privadas para la infraestructura portuaria actual y el desarrollo de nuevos y puertos. Es decir, terminar con el monopolio portuario estatal.
Mientras la infraestructura estratégica se derruye –puertos, aeropuertos, autopistas, etc.– la actual administración se enfoca en la peccata minuta, en un fetichismo bucólico, y no en los grandes proyectos, sea por complejo de inferioridad, o falta de visión de país.
En todo caso, si el miedo que los paraliza y su chata visión son un valladar para las grandes e importantes inversiones, la solución está en permitir y alentar la inversión y operación privadas. Pero no cuestión de años, como anunció el presidente Arévalo que ocurrirá con el aeropuerto La Aurora, sino ya. El tiempo apremia y las oportunidades se pierden, pues se van a los países vecinos que nos ganan a zancadas.
