Fuga e ingobernabilidad

La más reciente debacle penitenciaria ha estremecido los cimientos del gobierno de Bernardo Arévalo, luego de la fuga de —por lo menos— veinte integrantes de la pandilla Barrio 18 del penal de máxima seguridad de Fraijanes. 

• El acontecimiento ocurre en un momento en que la administración enfrenta una creciente presión pública.  

En perspectiva. La fuga, bajo la administración del exministro Francisco Jiménez, se inscribe en un contexto particular de “securitización” regional del crimen organizado y de inestabilidad política interna.  

• EE. UU. ha intensificado su mirada sobre Guatemala al incluirla recientemente dentro de los puntos críticos de logística y tránsito del narcotráfico en el hemisferio occidental, lo que ha traído mayor cooperación, pero también presión sobre las estructuras nacionales de seguridad y justicia. 

• Washington declaró a las pandillas Barrio 18 y MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras, medida que eleva el umbral de respuesta estatal y genera obligación al gobierno de endurecer sus marcos punitivos y sistemas de inteligencia. 

• Además, la crisis ocurre en medio de un severo pulso entre el Ejecutivo y el Congreso, desplegado en múltiples arenas —legislativas, judiciales y narrativas—, desde el veto presidencial a la “Ley de Codede” hasta las disputas por control presupuestario y patronazgo político.  

Por qué importa. El proyecto del ministro apuntaba a endurecer el régimen carcelario, pero la fuga expuso la brecha entre diseño y ejecución en el sistema.  

• Durante la administración de Jiménez, según el CIEN, en 2024 las denuncias por extorsión subieron un 36 % respecto de 2023, consolidando a las maras como el principal vector de presión criminal sobre hogares y comercio.  

• Gran parte de la extorsión se continúa originando en los penales, donde cabecillas coordinan cobros y violencia mediante teléfonos ilícitos y redes de cobradores fuera de los muros.  

• Aunque el exministro promovió modernizar el régimen penitenciario y el fortalecimiento del Grupo Especial Contra las Extorsiones de la PNC, la fuga masiva expuso brechas de ejecución. 

Entre líneas. La situación del Ejecutivo y su gabinete se ha tornado crecientemente frágil; evidencia la debilidad en la capacidad de gobierno del presidente Arévalo. 

• El equipo ministerial de Arévalo ha sido sometido a estrés continuo debido a su incapacidad de estabilizar su desempeño. La combinación de errores propios y presión opositora derivó en la última rotación forzada que erosiona continuidad, aprendizaje institucional y capacidad de ejecución. 

• La ausencia de controles efectivos contra el crimen organizado —especialmente en el sistema penitenciario— ha permitido que las estructuras criminales mantengan su poderío, mientras la cooperación internacional se vuelve más exigente y condicionada a resultados: un riesgo directo para Guatemala en financiamiento, asistencia y legitimidad externa. 

• El presidente ha reconocido desconocer el paradero de Jiménez en momentos clave —especialmente ahora que se ha confirmado su orden de captura—. Esto es un síntoma de manejo de crisis precario, que a su vez proyecta vulnerabilidad institucional y mina la confianza pública en el Estado. 

En conclusión. Ese desastre penitenciario refleja el deterioro de gobernanza del presidente Arévalo. La cúpula de gobernación estuvo involucrada en la fuga, o la escondió. Si ese ocultamiento llegó hasta el presidente, habrá que descubrirlo. 

• A ese desastre se suma otro: la “pérdida” de un no tan pequeño arsenal de una base del ejército, el más reciente bochorno de la administración Arévalo.