EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo apariencia de justicia.” La advertencia de Montesquieu, formulada hace casi tres siglos, describe con precisión lo que Guatemala vivió durante los años en que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) convirtió la justicia criminal en un reality show. Por eso, la decisión del fiscal general Gabriel García Luna de liquidarla definitivamente no es apenas una medida administrativa: es un acto de cordura institucional y un primer paso —indispensable— para detener la perversión del sistema de justicia criminal guatemalteco.
La FECI nació en 2008, mediante el Acuerdo 26-2008, como contraparte nacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Era una estructura accesoria, concebida para acompañar a esa comisión y recibir el traslado de capacidades investigativas que esta supuestamente dejaría como legado. El principio jurídico es elemental: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Cuando la CICIG abandonó el país en 2019, la FECI debió desaparecer con ella. No lo hizo.
Y el legado que heredó no fue precisamente de buenas prácticas investigativas. La CICIG, lejos de ser el modelo virtuoso que vendieron sus apologistas, fue una comisión extralimitada, parcial y políticamente sesgada que enseñó a perseguir antes que a investigar. Su método —filtración mediática, condena anticipada, selectividad ideológica, desprecio por las garantías constitucionales— se trasplantó a la FECI desde el primer día. La fiscalía no degeneró con el tiempo: nació viciada. Encarnó, desde su fundación, lo peor del modelo CICIG y lo perfeccionó.
Toda obra tiene autor, y esta no fue espontánea. El arquitecto fue Iván Velásquez, comisionado que convirtió a Guatemala en laboratorio de un modelo de persecución penal donde la condena en redes sociales sustituye al juicio justo y la selectividad política se disfraza de lucha contra la impunidad. Su currículum posterior —involucrado con el crimen organizado de Colombia — solo confirma que el patrón se repite donde quiera que va.
La habilitadora fue Thelma Aldana. Como fiscal general, tenía la autoridad para frenar los excesos de la FECI. Eligió amplificarlos, porque le convenía: ese protagonismo lo capitalizaría después en una candidatura presidencial. Cuando los tribunales comenzaron a examinar las irregularidades de su gestión, hizo lo que harían también sus discípulos: huyó.
El ejecutor fue Juan Francisco Sandoval, quien condujo el vehículo a toda velocidad y sin frenos. Bajo su mando, la FECI alcanzó su plenitud nociva: persecuciones sin pruebas, filtraciones sistemáticas a personajes como José Rubén Zamora, conferencias de prensa convertidas en sentencias paralelas. Y conviene decirlo sin ambages: algunas de esas investigaciones partían de causas legítimas e importantes —el desmantelamiento de la corrupción del Partido Patriota, por ejemplo, era un objetivo necesario y plenamente justificado—. Pero la incompetencia técnica, el afán de protagonismo mediático y el atajo del lawfare terminaron debilitando expedientes que no resistieron el análisis judicial serio. Tuvo en sus manos casos que pudieron sentar precedente y los desperdició por priorizar el show sobre la prueba. Hoy también prófugo, debe ser procesado por los delitos cometidos al frente de esa fiscalía.
El daño colateral fue inmenso. Mientras esa tríada montaba su espectáculo, las fiscalías verdaderamente importantes —las que protegen la vida, la propiedad y la libertad de los guatemaltecos— perdieron relevancia. No porque dejaran de ser importantes, sino porque el reflector estaba en otra parte. Se generó así un incentivo perverso: el Ministerio Público quería estar en el centro del show. La justicia criminal, que debería ser sobria, técnica y respetuosa de las garantías, se contagió de una lógica de espectáculo que la corroyó desde adentro.
Rafael Curruchiche heredó esa fiscalía y prolongó la misma lógica. Su destitución es la consecuencia lógica —no la causa— del cierre de la FECI. Quien dirigía una fiscalía liquidada por viciada no podía seguir en el cargo.
Lo central es la decisión del fiscal general. García Luna ha dado una señal clara: la justicia criminal en Guatemala debe dejar de ser espectáculo y volver a ser justicia. Cerrar la FECI es desmontar el brazo político del Ministerio Público. Es decirle al país que el MP no aspira a protagonizar el debate público, sino a perseguir el delito con apego al debido proceso. ¿Resuelve esto todos los problemas del sistema de justicia guatemalteco? No. ¿Es suficiente para considerar consolidada la despolitización? Tampoco. Pero el primer paso está dado. Y es un buen paso.
No hay tiranía más cruel que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo apariencia de justicia.” La advertencia de Montesquieu, formulada hace casi tres siglos, describe con precisión lo que Guatemala vivió durante los años en que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) convirtió la justicia criminal en un reality show. Por eso, la decisión del fiscal general Gabriel García Luna de liquidarla definitivamente no es apenas una medida administrativa: es un acto de cordura institucional y un primer paso —indispensable— para detener la perversión del sistema de justicia criminal guatemalteco.
La FECI nació en 2008, mediante el Acuerdo 26-2008, como contraparte nacional de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Era una estructura accesoria, concebida para acompañar a esa comisión y recibir el traslado de capacidades investigativas que esta supuestamente dejaría como legado. El principio jurídico es elemental: lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Cuando la CICIG abandonó el país en 2019, la FECI debió desaparecer con ella. No lo hizo.
Y el legado que heredó no fue precisamente de buenas prácticas investigativas. La CICIG, lejos de ser el modelo virtuoso que vendieron sus apologistas, fue una comisión extralimitada, parcial y políticamente sesgada que enseñó a perseguir antes que a investigar. Su método —filtración mediática, condena anticipada, selectividad ideológica, desprecio por las garantías constitucionales— se trasplantó a la FECI desde el primer día. La fiscalía no degeneró con el tiempo: nació viciada. Encarnó, desde su fundación, lo peor del modelo CICIG y lo perfeccionó.
Toda obra tiene autor, y esta no fue espontánea. El arquitecto fue Iván Velásquez, comisionado que convirtió a Guatemala en laboratorio de un modelo de persecución penal donde la condena en redes sociales sustituye al juicio justo y la selectividad política se disfraza de lucha contra la impunidad. Su currículum posterior —involucrado con el crimen organizado de Colombia — solo confirma que el patrón se repite donde quiera que va.
La habilitadora fue Thelma Aldana. Como fiscal general, tenía la autoridad para frenar los excesos de la FECI. Eligió amplificarlos, porque le convenía: ese protagonismo lo capitalizaría después en una candidatura presidencial. Cuando los tribunales comenzaron a examinar las irregularidades de su gestión, hizo lo que harían también sus discípulos: huyó.
El ejecutor fue Juan Francisco Sandoval, quien condujo el vehículo a toda velocidad y sin frenos. Bajo su mando, la FECI alcanzó su plenitud nociva: persecuciones sin pruebas, filtraciones sistemáticas a personajes como José Rubén Zamora, conferencias de prensa convertidas en sentencias paralelas. Y conviene decirlo sin ambages: algunas de esas investigaciones partían de causas legítimas e importantes —el desmantelamiento de la corrupción del Partido Patriota, por ejemplo, era un objetivo necesario y plenamente justificado—. Pero la incompetencia técnica, el afán de protagonismo mediático y el atajo del lawfare terminaron debilitando expedientes que no resistieron el análisis judicial serio. Tuvo en sus manos casos que pudieron sentar precedente y los desperdició por priorizar el show sobre la prueba. Hoy también prófugo, debe ser procesado por los delitos cometidos al frente de esa fiscalía.
El daño colateral fue inmenso. Mientras esa tríada montaba su espectáculo, las fiscalías verdaderamente importantes —las que protegen la vida, la propiedad y la libertad de los guatemaltecos— perdieron relevancia. No porque dejaran de ser importantes, sino porque el reflector estaba en otra parte. Se generó así un incentivo perverso: el Ministerio Público quería estar en el centro del show. La justicia criminal, que debería ser sobria, técnica y respetuosa de las garantías, se contagió de una lógica de espectáculo que la corroyó desde adentro.
Rafael Curruchiche heredó esa fiscalía y prolongó la misma lógica. Su destitución es la consecuencia lógica —no la causa— del cierre de la FECI. Quien dirigía una fiscalía liquidada por viciada no podía seguir en el cargo.
Lo central es la decisión del fiscal general. García Luna ha dado una señal clara: la justicia criminal en Guatemala debe dejar de ser espectáculo y volver a ser justicia. Cerrar la FECI es desmontar el brazo político del Ministerio Público. Es decirle al país que el MP no aspira a protagonizar el debate público, sino a perseguir el delito con apego al debido proceso. ¿Resuelve esto todos los problemas del sistema de justicia guatemalteco? No. ¿Es suficiente para considerar consolidada la despolitización? Tampoco. Pero el primer paso está dado. Y es un buen paso.
