EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, en el Congreso de la República, los diputados se contagiaron de modorra. Aunque algunos de ellos mantienen reuniones de trabajo y citaciones para fiscalizar a funcionarios, la agenda en el hemiciclo permanecerá prácticamente congelada hasta el martes 28 y miércoles 29 de julio, fechas que coinciden con la conclusión del torneo.
La pausa ocurre en un momento en que varios temas continúan pendientes de discusión y aprobación. Uno de ellos es la ley del sistema portuario nacional, considerada estratégica para modernizar la infraestructura logística del país y fortalecer la competitividad comercial.
La expectativa inicial era que la normativa quedara aprobada antes del 15 de mayo, cuando concluyó el primer período ordinario de sesiones. Sin embargo, las diferencias alrededor de las enmiendas presentadas impidieron alcanzar los consensos necesarios.
Actualmente, la Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, continúa trabajando en la búsqueda de acuerdos que permitan construir una propuesta con respaldo suficiente para llegar al pleno, pues se requieren 107 votos.
Durante junio, el Congreso convocó únicamente a dos sesiones extraordinarias. En la primera se logró aprobar la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento contra el Terrorismo, una normativa que formaba parte de los compromisos asumidos por Guatemala para fortalecer los mecanismos de prevención y control financiero.
La segunda convocatoria, sin embargo, evidenció nuevamente las dificultades para reunir a los legisladores. La falta de asistencia obligó a cancelarla y dejó al descubierto el poco interés.
Formalmente, el requisito de realizar dos sesiones durante el mes quedó cubierto al contabilizar como una de ellas la Sesión Solemne celebrada por el 41 aniversario de la Constitución Política de la República. Aunque el procedimiento cumple con las disposiciones reglamentarias, el resultado práctico es un Congreso con escasa producción legislativa durante buena parte del receso.
La expectativa era que durante los primeros días de julio se convocara a nuevas sesiones extraordinarias. La razón no es menor: los diputados deben participar al menos en dos sesiones mensuales para recibir los GTQ 9600 correspondientes a dietas por asistencia. No obstante, la convocatoria nunca llegó y las próximas plenarias fueron programadas hasta finales de julio, apenas unos días antes del inicio del segundo período ordinario de sesiones.
¿Qué pasó con la ley del IUSI?
Otro asunto que continúa acumulando interés entre los bloques legislativos es la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). La propuesta busca modificar las tasas en vigor y ha generado intensas negociaciones entre diputados.
Las discusiones más recientes apuntan a mantener una tasa de 9 por millar para inmuebles de uso comercial y reducir a 3 por millar la carga aplicable a viviendas. Sin embargo, los acuerdos todavía no están cerrados y varios diputados consideran necesario continuar revisando los impactos financieros que tendría la medida para las municipalidades.
Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de aficionados alrededor del planeta, en el Congreso de la República, los diputados se contagiaron de modorra. Aunque algunos de ellos mantienen reuniones de trabajo y citaciones para fiscalizar a funcionarios, la agenda en el hemiciclo permanecerá prácticamente congelada hasta el martes 28 y miércoles 29 de julio, fechas que coinciden con la conclusión del torneo.
La pausa ocurre en un momento en que varios temas continúan pendientes de discusión y aprobación. Uno de ellos es la ley del sistema portuario nacional, considerada estratégica para modernizar la infraestructura logística del país y fortalecer la competitividad comercial.
La expectativa inicial era que la normativa quedara aprobada antes del 15 de mayo, cuando concluyó el primer período ordinario de sesiones. Sin embargo, las diferencias alrededor de las enmiendas presentadas impidieron alcanzar los consensos necesarios.
Actualmente, la Comisión de Economía, presidida por Jorge Ayala, continúa trabajando en la búsqueda de acuerdos que permitan construir una propuesta con respaldo suficiente para llegar al pleno, pues se requieren 107 votos.
Durante junio, el Congreso convocó únicamente a dos sesiones extraordinarias. En la primera se logró aprobar la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento contra el Terrorismo, una normativa que formaba parte de los compromisos asumidos por Guatemala para fortalecer los mecanismos de prevención y control financiero.
La segunda convocatoria, sin embargo, evidenció nuevamente las dificultades para reunir a los legisladores. La falta de asistencia obligó a cancelarla y dejó al descubierto el poco interés.
Formalmente, el requisito de realizar dos sesiones durante el mes quedó cubierto al contabilizar como una de ellas la Sesión Solemne celebrada por el 41 aniversario de la Constitución Política de la República. Aunque el procedimiento cumple con las disposiciones reglamentarias, el resultado práctico es un Congreso con escasa producción legislativa durante buena parte del receso.
La expectativa era que durante los primeros días de julio se convocara a nuevas sesiones extraordinarias. La razón no es menor: los diputados deben participar al menos en dos sesiones mensuales para recibir los GTQ 9600 correspondientes a dietas por asistencia. No obstante, la convocatoria nunca llegó y las próximas plenarias fueron programadas hasta finales de julio, apenas unos días antes del inicio del segundo período ordinario de sesiones.
¿Qué pasó con la ley del IUSI?
Otro asunto que continúa acumulando interés entre los bloques legislativos es la reforma al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). La propuesta busca modificar las tasas en vigor y ha generado intensas negociaciones entre diputados.
Las discusiones más recientes apuntan a mantener una tasa de 9 por millar para inmuebles de uso comercial y reducir a 3 por millar la carga aplicable a viviendas. Sin embargo, los acuerdos todavía no están cerrados y varios diputados consideran necesario continuar revisando los impactos financieros que tendría la medida para las municipalidades.
