EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Una investigación de República revela que empresas vinculadas al caso B410 concentran casi la mitad de los proyectos judicializados, según informó el Ministerio de Comunicaciones. Los datos sugieren un posible sesgo de selección en la información entregada, que podría estar influida por el interés del gobierno en destacar avances en la lucha contra la corrupción.
Por qué importa. Mediante el proceso de acceso a la información pública, República solicitó un listado de los proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que se encuentran judicializados, no obstante, la naturaleza de los documentos plantea un posible sesgo de selección.
- Parte de la evidencia que apoya esta afirmación se deriva del hecho de que al menos 7 de dichas obras están involucradas en el caso B410, presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2024.
- El monto total vinculado a estos procesos es de GTQ 656M, de los cuales el 47 % de los recursos se les atribuyen a las empresas relacionadas con el caso, por un total de GTQ 307M.
- Otra peculiaridad es que, pese a que todos los proyectos tienen un avance físico promedio de 44 %, el avance financiero supera el 77 %.
Fisgón histórico. El 14 de agosto de 2024, la SAT denunció la existencia del caso B410, una red de empresas que habría defraudado al fisco por un monto superior a GTQ 300M.
- Las autoridades identificaron que las entidades estaban registradas bajo un mismo representante legal, un mismo perito contador, un domicilio fiscal no localizado o en zonas rojas, una alteración de documentos tributarios y una relación de débitos/créditos menores a 0.01 %.
- Entre 2021 y 2023, la estructura facturó más de GTQ 5.7M en ventas, GTQ 2.1M en transacciones a lo interno del grupo y GTQ 714M únicamente entre enero y junio de 2024.
- Ahora bien, debido a su peculiar modus operandi, estas empresas lograron penetran la estructura estatal a fin de garantizar las adjudicaciones para sus empresas, particularmente en el sector de construcción de infraestructura.
Los datos. Uno de los contratistas que figura en el listado de los proyectos judicializados del CIV es Douglas Alexis Espinales Baños, relacionado al “mejoramiento del Instituto Básico Nacional de Educación” en Santa Lucía Cotzumalguapa por un monto de GTQ 32M.
- Derivado del caso original, la SAT presentó el proceso denominado Eureka B410, en el que un proveedor individual defraudó al fisco por GTQ 6.9M.
- Entre las empresas que representa este contratista destacan Affida Express, Construcción y Transportes Espiba y Transportes El Progreso que, en conjunto, han recibido adjudicaciones por más de GTQ 161M.
- El proceso judicializado refleja que tiene un avance físcio del 38 %, mientras que el avance financiero es del 90 %.
Lo indispensable. Adicionalmente, existen dos empresas que también pertenecen a la red: Opción Técnica, S.A. y Alba Luz Duque Girón, quien también se identifica como Empresa XW.
- En este caso, Opción Técnica, S.A., a quien se le otorgó el proyecto para la construcción del Hospital de San Benito, Petén por un monto de GTQ 264M y cuyo avance físico es del 73 % y financiero del 81 %, se le señala de haber defraudado por GTQ 58M.
- Por su parte, Alba Luz Duque Girón está vinculada a cinco proyectos diferentes, tanto por remozamiento a escuelas en alta Verapaz y Zacapa, como por el remozamiento de un puesto de salud en Quiché, los cuales equivalen a más de GTQ 15M.
- A Duque Girón se le acusa de no haber pagado GTQ 1.125M en impuestos, pese a haber recibido más de GTQ 112M en adjudicaciones estatales desde 2006.
En conclusión. Estos datos sirven como evidencia para afirmar la posible existencia de un sesgo de selección en los casos presentados por el CIV al solicitar la información.
-
Esto se debe a que, el caso B410, al presentarse como uno de los esfuerzos estrella de la administración de Arévalo, podría existir un esfuerzo por querer visibilizar los buenos resultados de su gestión.
Una investigación de República revela que empresas vinculadas al caso B410 concentran casi la mitad de los proyectos judicializados, según informó el Ministerio de Comunicaciones. Los datos sugieren un posible sesgo de selección en la información entregada, que podría estar influida por el interés del gobierno en destacar avances en la lucha contra la corrupción.
Por qué importa. Mediante el proceso de acceso a la información pública, República solicitó un listado de los proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que se encuentran judicializados, no obstante, la naturaleza de los documentos plantea un posible sesgo de selección.
- Parte de la evidencia que apoya esta afirmación se deriva del hecho de que al menos 7 de dichas obras están involucradas en el caso B410, presentado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2024.
- El monto total vinculado a estos procesos es de GTQ 656M, de los cuales el 47 % de los recursos se les atribuyen a las empresas relacionadas con el caso, por un total de GTQ 307M.
- Otra peculiaridad es que, pese a que todos los proyectos tienen un avance físico promedio de 44 %, el avance financiero supera el 77 %.
Fisgón histórico. El 14 de agosto de 2024, la SAT denunció la existencia del caso B410, una red de empresas que habría defraudado al fisco por un monto superior a GTQ 300M.
- Las autoridades identificaron que las entidades estaban registradas bajo un mismo representante legal, un mismo perito contador, un domicilio fiscal no localizado o en zonas rojas, una alteración de documentos tributarios y una relación de débitos/créditos menores a 0.01 %.
- Entre 2021 y 2023, la estructura facturó más de GTQ 5.7M en ventas, GTQ 2.1M en transacciones a lo interno del grupo y GTQ 714M únicamente entre enero y junio de 2024.
- Ahora bien, debido a su peculiar modus operandi, estas empresas lograron penetran la estructura estatal a fin de garantizar las adjudicaciones para sus empresas, particularmente en el sector de construcción de infraestructura.
Los datos. Uno de los contratistas que figura en el listado de los proyectos judicializados del CIV es Douglas Alexis Espinales Baños, relacionado al “mejoramiento del Instituto Básico Nacional de Educación” en Santa Lucía Cotzumalguapa por un monto de GTQ 32M.
- Derivado del caso original, la SAT presentó el proceso denominado Eureka B410, en el que un proveedor individual defraudó al fisco por GTQ 6.9M.
- Entre las empresas que representa este contratista destacan Affida Express, Construcción y Transportes Espiba y Transportes El Progreso que, en conjunto, han recibido adjudicaciones por más de GTQ 161M.
- El proceso judicializado refleja que tiene un avance físcio del 38 %, mientras que el avance financiero es del 90 %.
Lo indispensable. Adicionalmente, existen dos empresas que también pertenecen a la red: Opción Técnica, S.A. y Alba Luz Duque Girón, quien también se identifica como Empresa XW.
- En este caso, Opción Técnica, S.A., a quien se le otorgó el proyecto para la construcción del Hospital de San Benito, Petén por un monto de GTQ 264M y cuyo avance físico es del 73 % y financiero del 81 %, se le señala de haber defraudado por GTQ 58M.
- Por su parte, Alba Luz Duque Girón está vinculada a cinco proyectos diferentes, tanto por remozamiento a escuelas en alta Verapaz y Zacapa, como por el remozamiento de un puesto de salud en Quiché, los cuales equivalen a más de GTQ 15M.
- A Duque Girón se le acusa de no haber pagado GTQ 1.125M en impuestos, pese a haber recibido más de GTQ 112M en adjudicaciones estatales desde 2006.
En conclusión. Estos datos sirven como evidencia para afirmar la posible existencia de un sesgo de selección en los casos presentados por el CIV al solicitar la información.
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Esto se debe a que, el caso B410, al presentarse como uno de los esfuerzos estrella de la administración de Arévalo, podría existir un esfuerzo por querer visibilizar los buenos resultados de su gestión.
