EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El proyecto ferroviario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el “Tren Maya”, empezó sus operaciones a finales del 2023. El propósito del megaproyecto es establecer una robusta infraestructura logística en el país, promoviendo el turismo a otros sectores de México, reduciendo costos en el transporte de carga. AMLO prometió que el proyecto llevaría mayor desarrollo al sur del país, zona cuya brecha económica con el norte del país es bastante notoria.
Por qué importa. El Tren Maya ha sido uno de los megaproyectos mexicanos más caros de su historia, más allá de su impacto medioambiental —y todo apunta a que los costos sobrepasan los beneficios esperados.
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El presupuesto se ha triplicado desde su concepción —de MXN 150 000M, a 500 000M—, a pesar de que este fue promocionado por AMLO como rentable y poco costoso.
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En sus inicios, el proyecto fue pensado para ser construido a través de APPs —con capital de riesgo privado—, sin embargo, el peso financiero ha recaído casi totalmente en el Estado.
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La Auditoría Superior de la Federación encontró numerosas irregularidades en la ejecución del proyecto y el proceso de contratación, que todavía no se han aclarado.
Lo indispensable. Las decisiones estatales en relación con la administración financiera y ejecutiva del proyecto han suprimido la capacidad de fiscalización en una política que maneja una cantidad ingente de fondos.
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El proyecto fue transferido a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), intentando mejorar la capacidad ejecutiva a través de la figura jurídica de la “seguridad nacional”, pero restándole transparencia por la misma razón.
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La militarización, junto a la adjudicación de contratos, habitualmente se convierte en un ambiente propicio para la corrupción.
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A pesar de que se publican reportes financieros, el proceso ha sido cada vez más oscuro.
Lo que sigue. Las capacidades financieras del Estado federal se verán puestas a prueba mientras más se expanda el proyecto.
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La estabilidad financiera es limitada sin constantes subsidios del gobierno federal a corto y mediano plazo, especialmente si la atracción de turismo y el crecimiento del sector logístico no es la óptima.
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Los gobiernos consecuentes tendrán que maniobrar fiscalmente para mantener el tren si este no rinde cómo ha sido proyectado. El Tren maya parece una bomba de tiempo financiera.
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Al final, los ganadores se encuentran en el “club de Toby”; AMLO, sus hijos y sus amigos han salido victoriosos a través de contrataciones poco transparentes y el tráfico de influencias.
En conclusión. La construcción de este proyecto de infraestructura para el desarrollo económico en México ha dado lugar a múltiples irregularidades. Desde las reservas de información bajo condiciones de Sedena hasta el nepotismo, el Tren maya parece ser una manera de utilizar el erario mexicano para afianzar la posición de los aledaños a AMLO. En última instancia, el Tren maya se erige en un símbolo de cómo la opacidad y el clientelismo pueden hipotecar el futuro económico de la nación a los cercanos al gobierno.
El proyecto ferroviario del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el “Tren Maya”, empezó sus operaciones a finales del 2023. El propósito del megaproyecto es establecer una robusta infraestructura logística en el país, promoviendo el turismo a otros sectores de México, reduciendo costos en el transporte de carga. AMLO prometió que el proyecto llevaría mayor desarrollo al sur del país, zona cuya brecha económica con el norte del país es bastante notoria.
Por qué importa. El Tren Maya ha sido uno de los megaproyectos mexicanos más caros de su historia, más allá de su impacto medioambiental —y todo apunta a que los costos sobrepasan los beneficios esperados.
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El presupuesto se ha triplicado desde su concepción —de MXN 150 000M, a 500 000M—, a pesar de que este fue promocionado por AMLO como rentable y poco costoso.
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En sus inicios, el proyecto fue pensado para ser construido a través de APPs —con capital de riesgo privado—, sin embargo, el peso financiero ha recaído casi totalmente en el Estado.
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Lo indispensable. Las decisiones estatales en relación con la administración financiera y ejecutiva del proyecto han suprimido la capacidad de fiscalización en una política que maneja una cantidad ingente de fondos.
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El proyecto fue transferido a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), intentando mejorar la capacidad ejecutiva a través de la figura jurídica de la “seguridad nacional”, pero restándole transparencia por la misma razón.
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La militarización, junto a la adjudicación de contratos, habitualmente se convierte en un ambiente propicio para la corrupción.
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A pesar de que se publican reportes financieros, el proceso ha sido cada vez más oscuro.
Lo que sigue. Las capacidades financieras del Estado federal se verán puestas a prueba mientras más se expanda el proyecto.
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La estabilidad financiera es limitada sin constantes subsidios del gobierno federal a corto y mediano plazo, especialmente si la atracción de turismo y el crecimiento del sector logístico no es la óptima.
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Los gobiernos consecuentes tendrán que maniobrar fiscalmente para mantener el tren si este no rinde cómo ha sido proyectado. El Tren maya parece una bomba de tiempo financiera.
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Al final, los ganadores se encuentran en el “club de Toby”; AMLO, sus hijos y sus amigos han salido victoriosos a través de contrataciones poco transparentes y el tráfico de influencias.
En conclusión. La construcción de este proyecto de infraestructura para el desarrollo económico en México ha dado lugar a múltiples irregularidades. Desde las reservas de información bajo condiciones de Sedena hasta el nepotismo, el Tren maya parece ser una manera de utilizar el erario mexicano para afianzar la posición de los aledaños a AMLO. En última instancia, el Tren maya se erige en un símbolo de cómo la opacidad y el clientelismo pueden hipotecar el futuro económico de la nación a los cercanos al gobierno.
