EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En Guatemala, la política de salario mínimo se ha convertido en un emblema del populismo —político, pero también económico—, prometiendo alivio inmediato a los trabajadores sin abordar la “causa raíz”: la falta de oportunidades. Para 2025, el salario es de alrededor GTQ 3593.55 mensuales (aproximadamente USD 467), tras el aumento del 10 % decretado por el gobierno de Bernardo Arévalo. Esta medida —que ni siquiera fue aplaudida por sectores sindicales—, se presenta como una herramienta para combatir la pobreza, pero en realidad distrae de la verdadera crisis: una tasa de informalidad laboral que supera el 83 %, la más alta en Centroamérica.
Fijar un salario mínimo provoca informalidad; al elevar el costo laboral formal, disuade a las empresas de contratar, especialmente en sectores como la agricultura y la maquila, donde los márgenes son estrechos. Estudios tras estudios han mostrado que incrementos en el salario mínimo no reducen la pobreza, sino que generan más problemas, como el aumento del tamaño de la economía informal y la reducción del empleo formal.
En lugar de fomentar la creación de puestos de trabajo, empuja a más personas hacia el subempleo o el autoempleo informal, donde los ingresos son inestables. Este círculo vicioso se evidencia en la persistente tasa de desempleo abierto baja, pero que enmascara la realidad de subocupación masiva. Empresas pequeñas, que representan la mayoría del tejido productivo guatemalteco, optan por no formalizarse para evitar cargas regulatorias y salariales, perpetuando la evasión fiscal y la falta de inversión en productividad.
Guatemala ocupa el quinto lugar en Latinoamérica con el salario mínimo más alto, por encima de países como Honduras o Nicaragua, pero por debajo de Costa Rica. Sin embargo, esta posición no se traduce en avances sociales: la pobreza afecta al 56 % de la población, con un 16 % en extrema pobreza, cifras que apenas han variado en los últimos años. El salario mínimo, aunque cubre parcialmente la canasta básica, es insuficiente para familias numerosas y no impacta a la mayoría informal, donde los ingresos reales son mucho menores. Esto demuestra que elevar el mínimo por decreto es una ilusión populista: genera aplausos electorales, pero no transforma la estructura económica.
Para romper este estancamiento, Guatemala necesita políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico y la formalización. Inversiones en educación y capital humano; facilitar el clima de inversión mediante reformas regulatorias, transparencia y reducción de burocracia; estimular la creación de empresas formales y atracción de inversión extranjera. Además, urge infraestructura vial y de energía, que reducen costos logísticos, fomentando el empleo en sectores clave.
Programas de inclusión laboral, como incentivos fiscales para la formalización y apoyo a microempresas, también han probado éxito en países en desarrollo. Estas medidas priorizan el trabajo formal y el crecimiento sostenible, no parches populistas.
El salario mínimo en Guatemala es un espejismo que distrae de soluciones reales. Solo con políticas estructurales saldremos de la pobreza y generaremos empleo genuino. ¡No más populismo!
En Guatemala, la política de salario mínimo se ha convertido en un emblema del populismo —político, pero también económico—, prometiendo alivio inmediato a los trabajadores sin abordar la “causa raíz”: la falta de oportunidades. Para 2025, el salario es de alrededor GTQ 3593.55 mensuales (aproximadamente USD 467), tras el aumento del 10 % decretado por el gobierno de Bernardo Arévalo. Esta medida —que ni siquiera fue aplaudida por sectores sindicales—, se presenta como una herramienta para combatir la pobreza, pero en realidad distrae de la verdadera crisis: una tasa de informalidad laboral que supera el 83 %, la más alta en Centroamérica.
Fijar un salario mínimo provoca informalidad; al elevar el costo laboral formal, disuade a las empresas de contratar, especialmente en sectores como la agricultura y la maquila, donde los márgenes son estrechos. Estudios tras estudios han mostrado que incrementos en el salario mínimo no reducen la pobreza, sino que generan más problemas, como el aumento del tamaño de la economía informal y la reducción del empleo formal.
En lugar de fomentar la creación de puestos de trabajo, empuja a más personas hacia el subempleo o el autoempleo informal, donde los ingresos son inestables. Este círculo vicioso se evidencia en la persistente tasa de desempleo abierto baja, pero que enmascara la realidad de subocupación masiva. Empresas pequeñas, que representan la mayoría del tejido productivo guatemalteco, optan por no formalizarse para evitar cargas regulatorias y salariales, perpetuando la evasión fiscal y la falta de inversión en productividad.
Guatemala ocupa el quinto lugar en Latinoamérica con el salario mínimo más alto, por encima de países como Honduras o Nicaragua, pero por debajo de Costa Rica. Sin embargo, esta posición no se traduce en avances sociales: la pobreza afecta al 56 % de la población, con un 16 % en extrema pobreza, cifras que apenas han variado en los últimos años. El salario mínimo, aunque cubre parcialmente la canasta básica, es insuficiente para familias numerosas y no impacta a la mayoría informal, donde los ingresos reales son mucho menores. Esto demuestra que elevar el mínimo por decreto es una ilusión populista: genera aplausos electorales, pero no transforma la estructura económica.
Para romper este estancamiento, Guatemala necesita políticas públicas enfocadas en el crecimiento económico y la formalización. Inversiones en educación y capital humano; facilitar el clima de inversión mediante reformas regulatorias, transparencia y reducción de burocracia; estimular la creación de empresas formales y atracción de inversión extranjera. Además, urge infraestructura vial y de energía, que reducen costos logísticos, fomentando el empleo en sectores clave.
Programas de inclusión laboral, como incentivos fiscales para la formalización y apoyo a microempresas, también han probado éxito en países en desarrollo. Estas medidas priorizan el trabajo formal y el crecimiento sostenible, no parches populistas.
El salario mínimo en Guatemala es un espejismo que distrae de soluciones reales. Solo con políticas estructurales saldremos de la pobreza y generaremos empleo genuino. ¡No más populismo!
