EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La política y la justicia nunca deben mezclarse ni tener una, injerencia sobre la otra; sin embargo, en la historia reciente de Guatemala, esa insana mezcla se ha dado a niveles de tribalismo. La sociedad está fragmentada debido a que distintos agentes como jueces, políticos, fiscales y comisionados de Naciones Unidas, han manipulado la justicia para fines espurios, violentando derechos fundamentales y garantías procesales.
José Rubén Zamora ha pasado más de 600 días detenido entre la ilegal prisión provisional y prisión preventiva; su defensa solicitó numerosas veces audiencia para la revisión de medidas de coerción y numerosas veces fue aplazada en algo que solo se puede catalogar como retardo malicioso.
A él, como a todo otro ciudadano, se le deben respetar sus derechos y garantías procesales; el tiempo excesivo, alargado artificiosamente, que los procesados pasan en prisión sin ser juzgados –y mucho menos condenados– es vergonzoso e inhumano.
La administración pública y el quehacer político son terreno fértil para que se cometan abusos que deben ser sancionados, de constituir delito. Sin embargo, durante décadas –incluso luego de que se abandonase el sistema inquisitivo– el Organismo Judicial y el Ministerio Público se instrumentalizaron para coaccionar, presionar y castigar a oponentes y adversarios políticos. Algo tenía qué cambiar.
Ese cambio debió haberse dado con la venida al país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato era el desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el aparato estatal, incluido, claro está, el Organismo Judicial.
Sin embargo, en lugar de encaminarse a ello, para conseguir sus fines, la CICIG no solo no contribuyó a desterrar esas prácticas del sistema de justicia, sino que las aprovechó para sí y las exacerbó. Una de esas prácticas es la del abuso de la prisión preventiva, misma que llevó a la muerte a procesados que, posterior a su fallecimiento, fueron declarados inocentes. No se dedujeron responsabilidades a nadie por ese crimen atroz.
La violación al debido proceso, la vulneración de las garantías procesales, la ilegal prisión provisional y el abuso de la prisión preventiva, continúan. Lo único que ha cambiado de entonces para acá es quién abusa de la “justicia” y quién se ve afectado por ello. Los bandos parecen turnarse a ver a quién le toca que le golpee el péndulo del abuso de poder.
Ha habido más de una oportunidad de corregir los vicios que permiten que funcionarios truhanes manipulen la justicia para sus fines, pero, lamentablemente, se han visto frustrados los esfuerzos debido a que inescrupulosos han tratado de sacar raja de la coyuntura, proponiendo reformas que, más que regresarle la venda en los ojos a la Justicia, inclinaban la balanza a su favor. Eso es igual o peor que lo que se tiene ahora.
El proverbial péndulo de la justicia debe detenerse; la justicia debe dejar de obedecer a intereses políticos o a venganzas de los afectados durante el ciclo anterior. Los guatemaltecos de buena voluntad, ajenos a la podredumbre del sistema político y del judicial, habremos de imponernos y conseguir las reformas legales indispensables para conseguir esa justicia imparcial tan anhelada.
La protección a los derechos individuales debe prevalecer.
La política y la justicia nunca deben mezclarse ni tener una, injerencia sobre la otra; sin embargo, en la historia reciente de Guatemala, esa insana mezcla se ha dado a niveles de tribalismo. La sociedad está fragmentada debido a que distintos agentes como jueces, políticos, fiscales y comisionados de Naciones Unidas, han manipulado la justicia para fines espurios, violentando derechos fundamentales y garantías procesales.
José Rubén Zamora ha pasado más de 600 días detenido entre la ilegal prisión provisional y prisión preventiva; su defensa solicitó numerosas veces audiencia para la revisión de medidas de coerción y numerosas veces fue aplazada en algo que solo se puede catalogar como retardo malicioso.
A él, como a todo otro ciudadano, se le deben respetar sus derechos y garantías procesales; el tiempo excesivo, alargado artificiosamente, que los procesados pasan en prisión sin ser juzgados –y mucho menos condenados– es vergonzoso e inhumano.
La administración pública y el quehacer político son terreno fértil para que se cometan abusos que deben ser sancionados, de constituir delito. Sin embargo, durante décadas –incluso luego de que se abandonase el sistema inquisitivo– el Organismo Judicial y el Ministerio Público se instrumentalizaron para coaccionar, presionar y castigar a oponentes y adversarios políticos. Algo tenía qué cambiar.
Ese cambio debió haberse dado con la venida al país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato era el desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el aparato estatal, incluido, claro está, el Organismo Judicial.
Sin embargo, en lugar de encaminarse a ello, para conseguir sus fines, la CICIG no solo no contribuyó a desterrar esas prácticas del sistema de justicia, sino que las aprovechó para sí y las exacerbó. Una de esas prácticas es la del abuso de la prisión preventiva, misma que llevó a la muerte a procesados que, posterior a su fallecimiento, fueron declarados inocentes. No se dedujeron responsabilidades a nadie por ese crimen atroz.
La violación al debido proceso, la vulneración de las garantías procesales, la ilegal prisión provisional y el abuso de la prisión preventiva, continúan. Lo único que ha cambiado de entonces para acá es quién abusa de la “justicia” y quién se ve afectado por ello. Los bandos parecen turnarse a ver a quién le toca que le golpee el péndulo del abuso de poder.
Ha habido más de una oportunidad de corregir los vicios que permiten que funcionarios truhanes manipulen la justicia para sus fines, pero, lamentablemente, se han visto frustrados los esfuerzos debido a que inescrupulosos han tratado de sacar raja de la coyuntura, proponiendo reformas que, más que regresarle la venda en los ojos a la Justicia, inclinaban la balanza a su favor. Eso es igual o peor que lo que se tiene ahora.
El proverbial péndulo de la justicia debe detenerse; la justicia debe dejar de obedecer a intereses políticos o a venganzas de los afectados durante el ciclo anterior. Los guatemaltecos de buena voluntad, ajenos a la podredumbre del sistema político y del judicial, habremos de imponernos y conseguir las reformas legales indispensables para conseguir esa justicia imparcial tan anhelada.
La protección a los derechos individuales debe prevalecer.
