EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Gobierno presentó el martes una iniciativa de ley para ampliar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado por GTQ 14 551M, lo que se sumaría al vigente –GTQ 116 130M– para este año, el más alto de la historia del país. Ha suscitado oposición casi generalizada y apoyos solo en grupos afines al oficialismo, tanto dentro del Congreso, como en redes sociales.
Razones para oponerse a un incremento como el solicitado hay muchas. Por ejemplo, la que esgrimieron los propios diputados de Semilla en el 2020: la falta de priorización para atender una crisis; el monto es otra posible razón para oponerse a un incremento presupuestario, así como también lo es la fuente de su financiamiento.
Sin embargo, el “oponerse por oponerse” no es una posición racional; incluso desde la oposición política, es posible aceptar que un incremento es necesario. La guía siempre debe ser que se destine principalmente a inversión en bienes públicos que beneficien a los ciudadanos; al fin de cuentas, son quienes financian al Estado. Los tributarios.
Otra razón para oponerse a una ampliación presupuestaria es la manifiesta incapacidad de ejecución del presupuesto vigente por parte de las autoridades. Ante ello, no hay razonamiento que valga, pues son los hechos los que juegan en contra de la pretensión. Ese es el caso actual.
El gobierno de Bernardo Arévalo ha sido incapaz de ejecutar el ya abultado presupuesto. ¿Con qué solvencia solicita un aumento de GTQ 14 451M para ser aplicado –de aprobarse– en la segunda mitad del año?
Aunado a ello, al presupuesto –el más alto, históricamente– se pretende sumar la ampliación de Semilla, por mucho, la más ambiciosa de todos los tiempos en Guatemala.
“El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho”, dice el Buen Libro. La administración de Arévalo ha demostrado no poder gestionar eficientemente el presupuesto actual. No invierte. Es patente –sobre todo– en las carteras que tienen asignados montos significativos para inversión, como es el caso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Aumentar el presupuesto para gasto en funcionamiento (burocracia) sería abominable.
No pasa por alto –también– que en la pretendida ampliación hay montos y destinos que, en lugar de priorizar, dilapidan.
Entonces ¿qué hacer? Una ruta prudente para el Gobierno sería enfocarse en estructurar y justificar –debidamente– el proyecto de presupuesto que pretende se apruebe para el 2025, por ejemplo. Ese proyecto debe entregarse, a más tardar, a inicios de septiembre, por lo que la atención del Legislativo también se centrará en ello y no en una descomunal ampliación presupuestaria en las postrimerías del año.
Finalmente –para efectos de la ampliación, pero también para el resto de sus iniciativas–, el Gobierno debería de darse cuenta cuán bajos están sus apoyos, más allá de las redes sociales; ni se diga cómo están sus apoyos en el Congreso.
El Gobierno presentó el martes una iniciativa de ley para ampliar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado por GTQ 14 551M, lo que se sumaría al vigente –GTQ 116 130M– para este año, el más alto de la historia del país. Ha suscitado oposición casi generalizada y apoyos solo en grupos afines al oficialismo, tanto dentro del Congreso, como en redes sociales.
Razones para oponerse a un incremento como el solicitado hay muchas. Por ejemplo, la que esgrimieron los propios diputados de Semilla en el 2020: la falta de priorización para atender una crisis; el monto es otra posible razón para oponerse a un incremento presupuestario, así como también lo es la fuente de su financiamiento.
Sin embargo, el “oponerse por oponerse” no es una posición racional; incluso desde la oposición política, es posible aceptar que un incremento es necesario. La guía siempre debe ser que se destine principalmente a inversión en bienes públicos que beneficien a los ciudadanos; al fin de cuentas, son quienes financian al Estado. Los tributarios.
Otra razón para oponerse a una ampliación presupuestaria es la manifiesta incapacidad de ejecución del presupuesto vigente por parte de las autoridades. Ante ello, no hay razonamiento que valga, pues son los hechos los que juegan en contra de la pretensión. Ese es el caso actual.
El gobierno de Bernardo Arévalo ha sido incapaz de ejecutar el ya abultado presupuesto. ¿Con qué solvencia solicita un aumento de GTQ 14 451M para ser aplicado –de aprobarse– en la segunda mitad del año?
Aunado a ello, al presupuesto –el más alto, históricamente– se pretende sumar la ampliación de Semilla, por mucho, la más ambiciosa de todos los tiempos en Guatemala.
“El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho”, dice el Buen Libro. La administración de Arévalo ha demostrado no poder gestionar eficientemente el presupuesto actual. No invierte. Es patente –sobre todo– en las carteras que tienen asignados montos significativos para inversión, como es el caso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Aumentar el presupuesto para gasto en funcionamiento (burocracia) sería abominable.
No pasa por alto –también– que en la pretendida ampliación hay montos y destinos que, en lugar de priorizar, dilapidan.
Entonces ¿qué hacer? Una ruta prudente para el Gobierno sería enfocarse en estructurar y justificar –debidamente– el proyecto de presupuesto que pretende se apruebe para el 2025, por ejemplo. Ese proyecto debe entregarse, a más tardar, a inicios de septiembre, por lo que la atención del Legislativo también se centrará en ello y no en una descomunal ampliación presupuestaria en las postrimerías del año.
Finalmente –para efectos de la ampliación, pero también para el resto de sus iniciativas–, el Gobierno debería de darse cuenta cuán bajos están sus apoyos, más allá de las redes sociales; ni se diga cómo están sus apoyos en el Congreso.
