EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El reciente fallo condenatorio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, representa un sombrío hito en la historia judicial de Colombia. Esta decisión, que declara a Uribe culpable soborno en actuación penal y de fraude procesal, absolviéndolo del cargo de soborno a testigos, ha sido ampliamente criticada por su falta de solidez probatoria y múltiples irregularidades. No existe una sola prueba sólida que incrimine directamente a Uribe, como lo afirmó su abogado, Jaime Lombana.
El proceso se sustenta en interceptaciones telefónicas obtenidas de manera ilegal, testigos con credibilidad dudosa —como ex paramilitares con contradicciones evidentes— y una ausencia total de “prueba reina” que demuestre un aparato criminal organizado. El expresidente Iván Duque, en declaraciones públicas, rechazó la tesis de un “aparato criminal” y afirmó que Uribe es inocente, algo que es respaldado por millones de colombianos. Duque reiteró que el proceso está plagado de “graves irregularidades procesales”, enfatizando que busca un linchamiento moral para sacar a Uribe de la vida política. Medios de ese país han documentado estas falencias en detalle, presentando las pruebas, testigos e irregularidades que sugieren una persecución política más que un juicio imparcial.
Este caso no es aislado, sino parte del continuo lawfare —guerra jurídica— que la izquierda latinoamericana ha empleado para perseguir a enemigos políticos, exmandatarios y opositores de derecha. Aunque el término a menudo se asocia con ataques contra políticos socialistas, la realidad muestra, precisamente, su uso inverso por regímenes de izquierda para neutralizar opositores y disidentes.
En Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, el juicio a Uribe —figura emblemática de la derecha— ejemplifica esta táctica: instrumentalizar el sistema judicial para deslegitimar a adversarios mediante procesos manipulados. No es casualidad que, luego de años en que la Fiscalía pidió el cierre del caso por falta de pruebas, al llegar al puesto Luz Adriana Camargo —mano derecha del enemigo declarado de Uribe, el exministro de Defensa, Iván Velásquez—, la marea cambió y ahora se le condena.
Similarmente, en Venezuela y Nicaragua, la izquierda ha instrumentalizado la justicia contra opositores conservadores, como en las inhabilitaciones políticas o detenciones arbitrarias. Este patrón erosiona la democracia, convirtiendo tribunales en armas ideológicas para eliminar rivales y consolidar poder.
En este contexto, el fallo invita a una profunda reflexión sobre la elección del fiscal general en Guatemala en 2026. Esa designación representa una oportunidad crucial para romper el ciclo de la persecución judicial. Guatemala debe optar por un fiscal imparcial, ajeno a agendas ideológicas, que priorice la objetividad y detenga el péndulo de venganzas judiciales. Solo así se restaurará el Estado de derecho, evitando que la justicia se convierta en herramienta de revancha, como en Colombia. La región necesita fiscales que sirvan a la verdad, no al poder.
El reciente fallo condenatorio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, representa un sombrío hito en la historia judicial de Colombia. Esta decisión, que declara a Uribe culpable soborno en actuación penal y de fraude procesal, absolviéndolo del cargo de soborno a testigos, ha sido ampliamente criticada por su falta de solidez probatoria y múltiples irregularidades. No existe una sola prueba sólida que incrimine directamente a Uribe, como lo afirmó su abogado, Jaime Lombana.
El proceso se sustenta en interceptaciones telefónicas obtenidas de manera ilegal, testigos con credibilidad dudosa —como ex paramilitares con contradicciones evidentes— y una ausencia total de “prueba reina” que demuestre un aparato criminal organizado. El expresidente Iván Duque, en declaraciones públicas, rechazó la tesis de un “aparato criminal” y afirmó que Uribe es inocente, algo que es respaldado por millones de colombianos. Duque reiteró que el proceso está plagado de “graves irregularidades procesales”, enfatizando que busca un linchamiento moral para sacar a Uribe de la vida política. Medios de ese país han documentado estas falencias en detalle, presentando las pruebas, testigos e irregularidades que sugieren una persecución política más que un juicio imparcial.
Este caso no es aislado, sino parte del continuo lawfare —guerra jurídica— que la izquierda latinoamericana ha empleado para perseguir a enemigos políticos, exmandatarios y opositores de derecha. Aunque el término a menudo se asocia con ataques contra políticos socialistas, la realidad muestra, precisamente, su uso inverso por regímenes de izquierda para neutralizar opositores y disidentes.
En Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, el juicio a Uribe —figura emblemática de la derecha— ejemplifica esta táctica: instrumentalizar el sistema judicial para deslegitimar a adversarios mediante procesos manipulados. No es casualidad que, luego de años en que la Fiscalía pidió el cierre del caso por falta de pruebas, al llegar al puesto Luz Adriana Camargo —mano derecha del enemigo declarado de Uribe, el exministro de Defensa, Iván Velásquez—, la marea cambió y ahora se le condena.
Similarmente, en Venezuela y Nicaragua, la izquierda ha instrumentalizado la justicia contra opositores conservadores, como en las inhabilitaciones políticas o detenciones arbitrarias. Este patrón erosiona la democracia, convirtiendo tribunales en armas ideológicas para eliminar rivales y consolidar poder.
En este contexto, el fallo invita a una profunda reflexión sobre la elección del fiscal general en Guatemala en 2026. Esa designación representa una oportunidad crucial para romper el ciclo de la persecución judicial. Guatemala debe optar por un fiscal imparcial, ajeno a agendas ideológicas, que priorice la objetividad y detenga el péndulo de venganzas judiciales. Solo así se restaurará el Estado de derecho, evitando que la justicia se convierta en herramienta de revancha, como en Colombia. La región necesita fiscales que sirvan a la verdad, no al poder.
