Seis meses después de recibir la mayor asignación de su historia, se desvela que, detrás de esta baja ejecución, hay un entramado de decisiones políticas, falta de planificación técnica y promesas incumplidas que comprometen el uso eficiente del presupuesto.
Qué destacar. Los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) apenas alcanzan una ejecución del 17.11 %. Con GTQ 12 270M “disponibles”, solo han ejecutado GTQ 2009M.
- Hasta el momento, los rubros de gasto que se han priorizado a nivel nacional han sido el transporte por carretera, con una ejecución de GTQ 1100M; el abastecimiento de agua, con GTQ 342M, y la educación primaria, cuya ejecución es de GTQ 234M.
- De acuerdo con la plataforma de Transparencia Presupuestaria, departamentos como Guatemala, Huehuetenango y Escuintla cuentan con una ejecución superior a los GTQ 160M; mientras que jurisdicciones como Izabal y Totonicapán apenas superan los GTQ 30M, lo cual refleja una clara disparidad entre los departamentos.
- Ahora bien, en comparación con el 2024, sí existe una mejora significativa, ya que, en el 2025, a la fecha, se han ejecutado GTQ 1453M más.
Datos clave. Aunque la ejecución global es lenta, la mayor preocupación surge a partir del desglose del gasto a partir de la fuente de asignación.
- Del aporte ordinario no ejecutado durante 2024, para el cual se contaban con GTQ 1043M, se ha ejecutado GTQ 550M, equivalente al 53 %; a su vez, de la ampliación presupuestaria, decreto 17-2024, ya se cuenta con una ejecución del 49.25 %, es decir, GTQ 759M.
- Cabe destacar que la ejecución de estos recursos es mayor, no solo porque el Congreso aprobó una disposición legal, Decreto 27-2024, que permitía utilizar los recursos no ejecutados en un año fiscal, en vez de ir al fondo común, sino también porque han tenido más tiempo para avanzar en la planificación y aprobación de los proyectos.
- En cambio, los recursos que corresponden al aporte extraordinario contemplado en el Decreto 36-2024, por GTQ 5012M, registran una ejecución mínima de 2.06 %, lo cual evidencia la falta de planificación y respaldo técnico en la asignación. La ausencia de justificación técnica de los aportes extraordinarios también se demuestra en la plataforma de fiscalización de CODET, en donde SEGEPLAN únicamente registra los aportes ordinarios, los cuales sí están respaldados por proyectos.
Visto y no visto. La asignación extraordinaria a los Consejos, más que solo una iniciativa del Ejecutivo, fue producto de una negociación política entre los diputados del oficialismo y sus “aliados” en el hemiciclo.
- En términos generales, el acuerdo consistía en otorgar más recursos a los Consejos, de manera que los diputados distritales pudieran llevar proyectos a sus comunidades y así asegurar el apoyo electoral, a cambio de respaldo a la agenda del oficialismo.
- No obstante, una variable que no había sido contemplada, al menos por los diputados aliados, era la rigidez y rigurosidad con la que empezaría actuar SEGEPLAN y la SCEP, quienes deben aprobar los requisitos para los proyectos, antes de que las entidades procedan con el requerimiento de cuota financiera ante el MINFIN.
- Esto supondría un problema, dado que el oficialismo, teniendo conocimiento sobre cómo actuarían las Secretarías, engañó a sus aliados, haciéndoles creer que tendrían mayor flexibilidad en el avance de los proyectos, a cambio de un voto favorable.
Lo que sigue. La ejecución presupuestaria del 2025 será la medida que se tomará como referencia para la negociación del Presupuesto 2026.
Consecuentemente, los diputados distritales, supuestos aliados, de no conseguir los proyectos para sus comunidades se podrían convertir en un obstáculo para el avance del proyecto del oficialismo en 2026.
Asimismo, la falta de compromiso por parte del oficialismo podría aumentar el “precio” del voto entre los legisladores para la aprobación de las próximas iniciativas del Ejecutivo, lo cual, en términos agregados, supondría una mayor desviación de recursos públicos.
Seis meses después de recibir la mayor asignación de su historia, se desvela que, detrás de esta baja ejecución, hay un entramado de decisiones políticas, falta de planificación técnica y promesas incumplidas que comprometen el uso eficiente del presupuesto.
Qué destacar. Los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) apenas alcanzan una ejecución del 17.11 %. Con GTQ 12 270M “disponibles”, solo han ejecutado GTQ 2009M.
- Hasta el momento, los rubros de gasto que se han priorizado a nivel nacional han sido el transporte por carretera, con una ejecución de GTQ 1100M; el abastecimiento de agua, con GTQ 342M, y la educación primaria, cuya ejecución es de GTQ 234M.
- De acuerdo con la plataforma de Transparencia Presupuestaria, departamentos como Guatemala, Huehuetenango y Escuintla cuentan con una ejecución superior a los GTQ 160M; mientras que jurisdicciones como Izabal y Totonicapán apenas superan los GTQ 30M, lo cual refleja una clara disparidad entre los departamentos.
- Ahora bien, en comparación con el 2024, sí existe una mejora significativa, ya que, en el 2025, a la fecha, se han ejecutado GTQ 1453M más.
Datos clave. Aunque la ejecución global es lenta, la mayor preocupación surge a partir del desglose del gasto a partir de la fuente de asignación.
- Del aporte ordinario no ejecutado durante 2024, para el cual se contaban con GTQ 1043M, se ha ejecutado GTQ 550M, equivalente al 53 %; a su vez, de la ampliación presupuestaria, decreto 17-2024, ya se cuenta con una ejecución del 49.25 %, es decir, GTQ 759M.
- Cabe destacar que la ejecución de estos recursos es mayor, no solo porque el Congreso aprobó una disposición legal, Decreto 27-2024, que permitía utilizar los recursos no ejecutados en un año fiscal, en vez de ir al fondo común, sino también porque han tenido más tiempo para avanzar en la planificación y aprobación de los proyectos.
- En cambio, los recursos que corresponden al aporte extraordinario contemplado en el Decreto 36-2024, por GTQ 5012M, registran una ejecución mínima de 2.06 %, lo cual evidencia la falta de planificación y respaldo técnico en la asignación. La ausencia de justificación técnica de los aportes extraordinarios también se demuestra en la plataforma de fiscalización de CODET, en donde SEGEPLAN únicamente registra los aportes ordinarios, los cuales sí están respaldados por proyectos.
Visto y no visto. La asignación extraordinaria a los Consejos, más que solo una iniciativa del Ejecutivo, fue producto de una negociación política entre los diputados del oficialismo y sus “aliados” en el hemiciclo.
- En términos generales, el acuerdo consistía en otorgar más recursos a los Consejos, de manera que los diputados distritales pudieran llevar proyectos a sus comunidades y así asegurar el apoyo electoral, a cambio de respaldo a la agenda del oficialismo.
- No obstante, una variable que no había sido contemplada, al menos por los diputados aliados, era la rigidez y rigurosidad con la que empezaría actuar SEGEPLAN y la SCEP, quienes deben aprobar los requisitos para los proyectos, antes de que las entidades procedan con el requerimiento de cuota financiera ante el MINFIN.
- Esto supondría un problema, dado que el oficialismo, teniendo conocimiento sobre cómo actuarían las Secretarías, engañó a sus aliados, haciéndoles creer que tendrían mayor flexibilidad en el avance de los proyectos, a cambio de un voto favorable.
Lo que sigue. La ejecución presupuestaria del 2025 será la medida que se tomará como referencia para la negociación del Presupuesto 2026.
Consecuentemente, los diputados distritales, supuestos aliados, de no conseguir los proyectos para sus comunidades se podrían convertir en un obstáculo para el avance del proyecto del oficialismo en 2026.
Asimismo, la falta de compromiso por parte del oficialismo podría aumentar el “precio” del voto entre los legisladores para la aprobación de las próximas iniciativas del Ejecutivo, lo cual, en términos agregados, supondría una mayor desviación de recursos públicos.