EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El presidente editor de República y director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Rodrigo Arenas, fue invitado a brindar testimonio ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de EE. UU. Su exposición buscaba arrojar luz sobre la deteriorada relación entre ese y Guatemala, una alianza que ha sido secuestrada por agendas ideológicas y políticas internas estadounidenses, en detrimento de intereses compartidos como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, este mensaje, fundamentado en experiencias personales y datos concretos, fue silenciado, por una maniobra del consabido deep state y oscuros operadores guatemaltecos, un entramado de intereses que trasciende administraciones y que opera para preservar su influencia a cualquier costo.
Durante más de una década, la política de EE. UU. hacia Guatemala ha priorizado experimentos ideológicos sobre soluciones prácticas. Los ejemplos sobran; el respaldo de la embajada estadounidense a Thelma Aldana e Iván Velásquez, quienes, con el apoyo de la CICIG, consolidaron poder y persiguieron opositores, incluido nuestro presiente editor, quien enfrentó un proceso sesgado del que salió absuelto.
Su testimonio también subrayaría la crisis del narcotráfico, que atraviesa Guatemala como ruta clave hacia EE. UU., mientras que la ayuda estadounidense, se ha enfocado en temas como la afirmación de género o sindicatos, en lugar de las necesidades reales —inteligencia, equipo y capacitación—, mismas que quedan relegadas. El testimonio también alertaría sobre el auge del narco-populismo, señalando la aprobación de leyes que podrían facilitar el lavado de dinero, como la llamada “ley ganadera”.
Sin embargo, ese testimonio nunca llegó a al Subcomité; fuerzas alineadas con la izquierda internacional, vinculadas al ala radical del Partido Demócrata y sus aliados locales, lograron aplazar la audiencia original y, en la nueva fecha, excluyeron a Arenas. Este bloqueo no es un incidente aislado, sino un eco de tácticas empleadas contra la libertad de expresión, replicando las estrategias de descrédito que marcaron la era de la CICIG.
Tras la victoria de Donald Trump y el control republicano del Congreso en 2024, estos operadores, entraron en “modo pánico” y han intensificado sus esfuerzos por silenciar voces disidentes. Este caso expone cómo el deep state —un ecosistema de intereses corruptos y burocráticos— maniobra para proteger su narrativa, incluso a costa de la verdad y la seguridad hemisférica. Guatemala y EE. UU. merecen una relación basada en hechos, no en agendas ocultas.
A la izquierda nunca le ha gustado la libertad de expresión, más que para ellos. No creen en los derechos para todos, sino en los privilegios para los suyos. El temporal silenciamiento de nuestro presidente editor en el Congreso de EE. UU. no solo sirve como una muestra de ello, sino también del miedo que les embarga que, a partir de ese testimonio, salgan investigaciones que bien podrían ordenar Departamento de Justicia y el FBI, sobre el abuso de poder cometido por exembajadores estadounidenses y exfuncionarios del Departamento de Estado, particularmente desde la INL.
La verdad será conocida, más pronto que tarde.
El presidente editor de República y director de la Sociedad Interamericana de Prensa, Rodrigo Arenas, fue invitado a brindar testimonio ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de EE. UU. Su exposición buscaba arrojar luz sobre la deteriorada relación entre ese y Guatemala, una alianza que ha sido secuestrada por agendas ideológicas y políticas internas estadounidenses, en detrimento de intereses compartidos como la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, este mensaje, fundamentado en experiencias personales y datos concretos, fue silenciado, por una maniobra del consabido deep state y oscuros operadores guatemaltecos, un entramado de intereses que trasciende administraciones y que opera para preservar su influencia a cualquier costo.
Durante más de una década, la política de EE. UU. hacia Guatemala ha priorizado experimentos ideológicos sobre soluciones prácticas. Los ejemplos sobran; el respaldo de la embajada estadounidense a Thelma Aldana e Iván Velásquez, quienes, con el apoyo de la CICIG, consolidaron poder y persiguieron opositores, incluido nuestro presiente editor, quien enfrentó un proceso sesgado del que salió absuelto.
Su testimonio también subrayaría la crisis del narcotráfico, que atraviesa Guatemala como ruta clave hacia EE. UU., mientras que la ayuda estadounidense, se ha enfocado en temas como la afirmación de género o sindicatos, en lugar de las necesidades reales —inteligencia, equipo y capacitación—, mismas que quedan relegadas. El testimonio también alertaría sobre el auge del narco-populismo, señalando la aprobación de leyes que podrían facilitar el lavado de dinero, como la llamada “ley ganadera”.
Sin embargo, ese testimonio nunca llegó a al Subcomité; fuerzas alineadas con la izquierda internacional, vinculadas al ala radical del Partido Demócrata y sus aliados locales, lograron aplazar la audiencia original y, en la nueva fecha, excluyeron a Arenas. Este bloqueo no es un incidente aislado, sino un eco de tácticas empleadas contra la libertad de expresión, replicando las estrategias de descrédito que marcaron la era de la CICIG.
Tras la victoria de Donald Trump y el control republicano del Congreso en 2024, estos operadores, entraron en “modo pánico” y han intensificado sus esfuerzos por silenciar voces disidentes. Este caso expone cómo el deep state —un ecosistema de intereses corruptos y burocráticos— maniobra para proteger su narrativa, incluso a costa de la verdad y la seguridad hemisférica. Guatemala y EE. UU. merecen una relación basada en hechos, no en agendas ocultas.
A la izquierda nunca le ha gustado la libertad de expresión, más que para ellos. No creen en los derechos para todos, sino en los privilegios para los suyos. El temporal silenciamiento de nuestro presidente editor en el Congreso de EE. UU. no solo sirve como una muestra de ello, sino también del miedo que les embarga que, a partir de ese testimonio, salgan investigaciones que bien podrían ordenar Departamento de Justicia y el FBI, sobre el abuso de poder cometido por exembajadores estadounidenses y exfuncionarios del Departamento de Estado, particularmente desde la INL.
La verdad será conocida, más pronto que tarde.
