El debate por el artículo 85 eclipsó el verdadero negocio: Q17 mil millones para CODEDE

La reciente aprobación del presupuesto 2026 por el Congreso de la República dejó más dudas que certezas.

Qué destacar. Entre las disposiciones más polémicas figura el artículo 85, que autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas a gestionar ante el Banco de Guatemala el uso de reservas monetarias internacionales para pagar acciones del CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

• Aunque a primera vista parece una operación técnica, es evidente la inconstitucionalidad y que su inclusión más parece responder a una estrategia política que a una necesidad financiera.
• El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, defendió la medida. Asegura que “no implica gasto ni afecta el nivel de activos externos del Banco Central. Se trata de sustituir un activo en dólares por otro activo en dólares: las acciones del CAF”.
• También afirmó: “El pago no constituye financiamiento al Estado, sino una aportación de capital que se registra en el balance del Banco de Guatemala”. Además, resaltó que su posición es que las acciones se paguen con fondos del Gobierno, como lo propuso en el proyecto de presupuesto.

Sí, pero. El funcionario recordó que el Banco Central ya tiene acciones en organismos como el Banco Mundial, BID y BCIE, por más de USD 250M, y que la operación no compromete la estabilidad monetaria.

• Además, subrayó que “la Junta Monetaria deberá emitir opiniones técnicas y legales antes de autorizar la transacción, lo que permitiría incluso consultar a la Corte de Constitucionalidad si surgen dudas”.
• Sin embargo, la Constitución Política, en su artículo 133, es clara: la Junta Monetaria no puede autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto al Estado ni adquirir valores emitidos por entidades estatales en el mercado primario. Esta prohibición busca evitar que el Banco Central se convierta en una fuente de recursos para el Ejecutivo, preservando la independencia monetaria.
• Para exfunciarios del sistema financiero, la disposición aprobada por el Congreso viola este principio. Es ilegal y no se entiende por qué fue avalada por la Comisión de Finanzas que preside Julio Héctor Estrada, quien fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Jimmy Morales.

Entre líneas. La crítica más dura proviene de José Alejandro Arévalo, exministro de Finanzas y expresidente del BCIE, quien consideró que el artículo 85 es un distractor, según sus declaraciones a Emisoras Unidas.

• Mientras todos discuten si el Banco Central puede usar reservas para comprar acciones, pasa desapercibido el verdadero escándalo: el bolsón de QGT 17 000M que manejarán los Consejos Departamentales de Desarrollo en 2026, un año preelectoral.
• Estos consejos son señalados como focos de corrupción, donde autoridades locales y nacionales utilizan los fondos para fines políticos. Pese a su baja ejecución, el Congreso, con apoyo del oficialismo y aliados, aprobó que los recursos no ejecutados en 2025 no regresen al fondo común.
• Los congresistas acordaron que los millonarios recursos se reprogramen, aumentando cada año el monto disponible: GTQ 12 000M para 2025 y GTQ 17 000M para 2026.

Por qué importa. El decreto amplía los recursos para los CODEDE, y flexibiliza los controles. Las entidades públicas deberán resolver solicitudes en cinco días hábiles, y si no lo hacen, se aplicará el silencio administrativo, considerando la respuesta afirmativa.

• Esta medida, presentada como agilización, preocupa a sectores que ven debilitamiento institucional y riesgo de corrupción. A ello se suman GTQ 2398M para ONG vinculadas a diputados y la aprobación del presupuesto en nocturnidad. Todo avalado por congresistas oficialistas del cancelado partido Semilla.
• A la polémica se suma la postura de la Junta Monetaria, que presentaría una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 85 del Decreto 27-2025.
• Leonel Moreno, asesor jurídico de la JM y gerente jurídico del Banco de Guatemala, confirmó que analizan las acciones legales para revertir la disposición.

Voces. “Eso es lo que estamos, en eso estamos precisamente, y de verdad que esa va a ser la conclusión, porque, evidentemente, es inequívoca esta disposición que contraría la norma constitucional”.

• Moreno explicó que, desde el punto de vista técnico, legal y constitucional, lo que procede es plantear una acción de inconstitucionalidad específica contra el artículo 85 del decreto.
• “Como abogado le puedo decir de manera inequívoca que lo que procede es plantear una acción de inconstitucionalidad, y eso es lo que yo estaría recomendando”, subrayó.
• Consultado sobre si han existido acercamientos con el Ejecutivo para discutir el tema, Moreno indicó: “Por el momento no hemos tenido ninguna conversación con el Ejecutivo sobre el particular”.

En conclusión. El punto central del conflicto radica en que las reservas monetarias internacionales son recursos destinados a garantizar la estabilidad macroeconómica y la solvencia externa del país, no para financiar compromisos del Ejecutivo.

• La acción de inconstitucionalidad que plantearía la JM busca que la Corte de Constitucionalidad determine si el artículo 85 del presupuesto 2026 se ajusta al marco legal vigente.
• El artículo 85, más que una operación contable, se ha convertido en el centro de un debate sobre la legalidad y la transparencia. Mientras el ministro Menkos insiste en que “se respetarán los procedimientos técnicos y legales”, la sombra de la inconstitucionalidad persiste.
• Pero lo más preocupante es que, detrás de esta polémica, se ocultan decisiones que comprometen miles de millones de quetzales en un año electoral, con reglas cada vez más laxas y riesgos evidentes de corrupción. ¿Se intenta fortalecer la integración financiera regional o simplemente desviar la atención de un presupuesto diseñado para alimentar clientelismo político? Esa es la pregunta que el país debe responder.